Ha sido un día largo tras una dura jornada. Un exportador está frustrado porque los números no cuadran. Ha pagado salarios, comprado productos y maquinaria. Está al día con sus impuestos, así que si dependiera de él, todo estaría perfecto. Pero hay un problema que lleva años quitándole el sueño y que, conforme pasa el tiempo, se acumula y mientras más grande se hace, más distante se vuelve. Es una pesadilla, y el mal sueño tiene nombre y apellido: crédito fiscal.
La eterna promesa
Lo que desde un inicio pareció ser una solución viable del Estado con el exportador, fue convirtiéndose en un obstáculo para el empresario y la economía del país. Corrupción, burocracia, denuncias, capturas, pérdidas de millones de quetzales, retraso y calvario. Todos estos temas están estrechamente relacionados al crédito fiscal. Muchos hablan de los efectos de esta remuneración pero pocos conocen sus causas y los trámites que la han complicado.
El crédito fiscal es un monto en dinero a favor del contribuyente. Quienes tienen derecho a cobrarlo son los exportadores o las personas exentas al mercado local. “La razón de fondo de por qué este crédito es tan importante para los exportadores es por que ellos son los últimos en la cadena de producción y en el marcado internacional las reglas fiscales son distintas. Por eso a ellos les deben ese IVA que ya pagaron por todos los costos intermedios que tiene exportar su producto y no hay forma de recuperarlo a menos que sea a través del fisco”, explica Amador Carballido es el Director General de la Asociación de Exportadores de Guatemala (AGEXPORT) quien define el crédito fiscal en el siguiente video.
Por otra parte, el abogado Luis Fernando Cordón, experto en derecho tributario y presidente de la Asociación Pro Derechos del Contribuyente, (Asprodeco) explica que el rol de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es revisar la correcta procedencia del crédito fiscal y la encargada de filtrar que lo exigido por el exportador sea acorde a su actividad.
Sin embargo, el proceso no ha funcionado al pie de la letra. El crédito fiscal se ha convertido en una “eterna promesa” de la SAT a los empresarios exportadores, que pocas veces se cumple. Por ejemplo, solo desde el 2013 a 2017 se tenían pendientes 2 mil 727 expedientes de devolución de crédito fiscal, los cuales representaban 3 mil 584 millones 541 mil 465 quetzales; un monto millonario que se dejaba de percibir en la economía guatemalteca. Solo para el sector exportador en general la presa superaba los 2 millardos de quetzales.
“Los montos que venimos observando desde algún tiempo para acá son de 3 mil millones. Lo que sucede es que somos al rededor de 4,000 exportadores activos, cada uno en distinto tamaño tiene algo de ese dinero pendiente que se le pueda devolver. Las antigüedades para algunos de estos recursos pueden superar los 10 años y los procesos de devolución están alrededor de los 700 días a 1,000 días“, asegura Carballido.
Ramón Parellada, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES) analiza la situación desde una perspectiva económica. “Con el tema del crédito fiscal y la negligencia de la SAT, el efecto es dañino para las empresas porque se des-capitalizan. Les afectan su flujo de caja por lo que se incrementan sus costos y hay unas empresas que no pueden seguir operando porque ya es demasiado lo que les debe el gobierno”, explica. El economista asegura que el proceso es demasiado largo, por culpa del sistema.
La poca, casi nula, atención por parte de la SAT para pagar un monto que debían a terceros, comenzó a generar desesperación y sistemas alternativos de dudosa legitimidad. Algunos funcionarios y empresarios se involucraron en un sombrío proceso que, con el fin de obtener el dinero que por ley era suyo, fue destapado por el Ministerio Público (MP) y etiquetado como un caso de corrupción.
Estallido y corrupción
El 25 de enero, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) revelaron una estructura de tráfico de influencias que agilizaba la devolución del crédito fiscal a cambio de comisiones. Según las autoridades, formaron parte de ésta Exsuperintendentes de Administración Tributaria, miembros del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y del Partido Patriota (PP). El caso fue denominado Traficantes de Influencias, y fue a partir de estas capturas que el tema de “crédito fiscal” volvió a acaparar la opinión pública.
El caso explotó cuando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) realizó la imputación de delitos a 14 de los 19 señalados de integrar una estructura delictiva de traficantes de influencias que garantizaron la devolución de crédito fiscal a varias empresas.
La Fiscal General, Thelma Aldana, explicó en su momento que los integrantes de la estructura agilizaron de forma irregular al menos 30 expedientes administrativos de devolución de crédito fiscal de 10 contribuyentes durante los años 2011, 2013 y 2014. Según el MP los integrantes de esa estructura se afianzaron aproximadamente de Q19 millones en comisiones que cobraran a los empresarios exportadores implicados por “agilizar el trámite”.
Sin embargo, han surgido varios críticos del caso. Uno de ellos ha sido Parellada. El director del CEES culpa al MP de estar “criminalizando a todos los empresarios” por pedir la devolución del IVA que por ley les pertenece. Critica la responsabilidad que debe asumir el empresario por las malas conductas de los proveedores y considera que la FECI debería estar persiguiendo a personas a lo interno de la SAT.
Los empresarios pacientes, los grandes perdedores
Pero el caso del MP solo contó una parte de la historia, aquella en la que ciertos empresarios y funcionarios actuaron de manera ilegal para agilizar un proceso. No se dijo nada sobre aquellos empresarios que, cumpliendo con la ley, no “pagaron mordida” y que a raíz de eso hoy continúan perdiendo dinero; dinero que es suyo pero que por “negligencia, burocracia e intereses mezquinos” no les ha sido entregado.
La tardanza generalizada sigue perjudicando a la mayoría de las empresas, cuyos costos de operación se ven afectados con el consecuente deterioro en la competitividad. Cordón asegura que hay dos lados en este tormentoso camino del crédito fiscal. Para el experto en derecho tributario, si bien no hay duda de que ciertos empresarios y funcionarios han actuado de manera ilegal, “no han sido todos” y quienes han actuado conforme a la ley tampoco han sido beneficiados. Los exportadores que han cumplido todas las reglas a cabalidad se han visto más afectados que nunca.
El gremio de exportadores más afectado ha sido, quizás, el caficultor. Jean Paul Brichaux, presidente de la Asociación de Exportadores de Café (ADEC) asegura que la competitividad de los exportadores guatemaltecos está decayendo debido a los retrasos en el pago del crédito fiscal.
“Cuando nos comparamos con países de la región como Colombia u Honduras nos damos cuenta que tenemos un problema serio, porque ellos ha diferencia nuestra han tenido un incentivo de Estado muy fuerte. Honduras, por ejemplo, pasó de 3 millones a 7 millones de producción de café en 4 años en cambio nosotros bajamos de 5 millones a 3.9 millones“, comenta.
El presidente de ADEC considera que, independientemente del caso, todos los exportadores del gremio tienen problemas y que el mayor culpable es el sistema que utiliza la SAT.
El caso es similar al del sector del cardamomo. Guatemala no solo aglomera el 61% del volumen exportado del grano en el planeta, también tiene una buena cotización en la plaza asiática y en Medio Oriente. Según datos de AGEXPORT, este sector generó un impacto económico de Q4 mil 200 millones en 2017.
Pero los aportes económicos están disminuyendo y continuarán así por las pérdidas que está provocando este retraso fiscal. Un caso que recuerdan los caficultores con mucho pesar es el de la transnacional Sertinsa y Bero de Guatemala, que exportaba con la empresa Neumann Kaffee Gruppe. Luego de ser intervenida por la SAT, la compañía exportadora alemana se retiró del país y golpeó al sector.
¿Pero alguna vez funcionó el sistema? ¿Por qué se complicó el proceso? ¿Cuál fue la causa de que el problema creciera a tal punto como en el que estamos hoy? Carballido asegura tener la respuesta. Según el Director General de AGEXPORT, todo se debe a que en su momento el mecanismo (refiriéndose al sistema de la SAT) no creció a la misma velocidad que la productividad del país.
¿Avances o estancamientos en la SAT?
Ante las presiones y la exposición mediática, el año pasado la SAT implementó un Plan de Devolución de Crédito Fiscal, bajo la gestión de Juan Francisco Solórzano Foppa. Para enero de este año, se habían liberado Q709.8 de crédito fiscal y por fin algunas empresas notaron avances. ¿Pero fue suficiente?
Como resultados del plan, un total de 113 expedientes de auditorías fueron desestimadas por un monto de Q141.4 millones y se suspendieron cuatro auditorías por Q2.2 millones. Al final 1,286 auditorías fueron finalizadas del periodo de 2013 a 2015 y ahora la SAT iniciará con la presa de expedientes de 2016 y 2017.
“Hay una disposición de Q800 millones para entregar en el primer trimestre de 2018. Limpiamos las solicitudes del 2013 al 2015 y se finalizará el proceso con la notificación respectiva”, declaró en su momento Abel Cruz Calderón a los medios de comunicación. Cruz fue quien luego de la destitución de Foppa, asumió el cargo de Superintendente.
Además, la SAT dio un gran paso en cuanto a transparencia. Ahora las solicitudes pro crédito fiscal se publican en el portal electrónico de la institución, por lo que cualquiera puede ver y monitorear el proceso. En la foto a continuación, se observa la ventanilla del portal de la SAT con la presa de solicitudes.
Imagen: Portal Web de la SAT
Si bien en el 2016 y el 2017, la SAT fue más rigurosa en la devolución del crédito fiscal, las fuentes consultadas aseguran que esto no es suficiente y que son soluciones a corto plazo que no arreglarán el “problema de fondo”.
Cada año se suman cerca de mil solicitudes a la presa de devoluciones de crédito fiscal. “Es hasta tal vez en estos últimos años las autoridades actuales de SAT han hecho esfuerzos importantes para tratar de resolver el asunto pero debemos comprender que están trabajando con un problema heredado que trae circunstancias muy fuertes y con eso es con lo que están lidiando ahora”, asegura Carballido.
“Se siguen atrasando y atrasando y no es suficiente para ponerse al día no es esa la cantidad. Necesitan más personal y más recursos, pero nuevamente el sistema no lo han cambiado. Sigue siendo el mismo aunque ya hayan determinado ciertos procedimientos que lo hacen más certero”, reitera Brichaux.
El presidente de Asprodeco considera que las acciones actuales de la SAT no limpiarán el problema y que el mismo Plan de Devolución de Crédito Fiscal tiene fallas técnicas. Incluso criticó la preparación de los últimos superintendentes de la SAT. “En el puesto tiene que estar alguien consciente de la legislación, que conozca lo básico del crédito fiscal para que agilice ese procedimiento”, puntualiza.
¿Quiénes son los culpables?
La presa gigante de crédito fiscal no creció sola. Como todo problema, detrás siempre hay más de algún responsable. Hay quienes acusan al sistema en sí, tan “burocrático” como “antiguo”. Otros consideran que hay muchos culpables con distintos puestos; desde el empresariado hasta el funcionario público. Finalmente hay quienes piensan que el único culpable cabe en tres letras: SAT.
“Considero que hay varios responsables y al final recuérdense que como toda la administración pública la burocracia es un negocio para el que es pícaro, para quien no quiere hacer las cosas correctamente“, comenta el presidente de Asprodeco, Luis Fernando Cordón. El experto señala que es necesario liberar “el embudo” que ha generado el mismo sistema y que impide la resolución rápida de estos casos.
“Es necesario que la administración se desfogue de una fuente de corrupción que es fácil de poder caer en la misma. Ocurre similar con aduanas, que persiste la corrupción porque es un entramado de cumplimientos legales que realizar y eso obliga a las personas muchas veces a acudir a esos personajes siniestros que se prestan a facilitar el cumplimiento”, sugiere Cordón.
El director del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES), Ramón Parellada, considera que los culpables figuran en el directorio de la SAT y señala que erróneamente se ha perseguido a los exportadores en vez de “indagar en el problema de raíz, en la entidad fiscalizadora”.
Por otra parte, Cordón asegura que no solo hay un problema, sino tres y el culpable es el procedimiento “arcaico” de la SAT. El experto en derecho tributario señala que hay dilemas a lo interno de la entidad y que son esas pugnas las que evitan que trámites, como el del crédito fiscal, avancen con la velocidad que deberían. Además, considera que los recursos son “muy limitados” y que esto no solo desmotiva para hacer el trabajo, sino que lo complica.
República intentó obtener la postura y declaraciones de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), pero no fue posible obtener respuesta de las autoridades.
Soluciones para el tormentoso camino
Varias propuestas han surgido con relación a una simplificación del proceso de devolución del crédito fiscal. Entre los exportadores y expertos se han discutido varios métodos que van desde reformas con base a un proceso estudiado, compensación automática del crédito con herramientas tecnológicas y hasta un sistema de castigo penal para la autoridad tributaria al momento de incumplir con los plazos.
Para Brichaux y los exportadores de café, la solución se divide en tres: autocompensación, agilización y aprovisionamiento mensual.
El presidente de Asprodeco propone una solución basada en tecnología y recursos humanos. Cordón sugiere que la automatización de este proceso es la clave y que son los mismos empleados de la SAT los que, si están motivados, pueden hacer una gran diferencia.
Parellada se inclina más por el área penal y por la compensación de impuestos. El economista sugiere la creación de una cuenta corriente de IVA y el cumplimiento de la ley inmediato y total.
Pero de todas las propuestas, la más detallada es la del gremio de exportadores. En diciembre de 2016, AGEXPORT, el Ministerio de Economía y el Programa Nacional de Competitividad en Guatemala (PRONACOM) elaboraron una propuesta para simplificar el proceso de devolución fiscal. Dicha propuesta reduce el proceso de siete pasos a cuatro, de 730 días a 90 y de 18 documentos a entregar a seis.
Proceso de devolución de crédito fiscal a exportadores. Infografía: República
Sin embargo, las propuestas de soluciones han quedado así, como propuestas. Pareciera que la SAT se ha hecho oídos sordos ante cada salida al problema. Ese ha sido el caso de ADEC, que por 15 años ha intentado proponer alguna ruta para abandonar el tortuoso camino del crédito fiscal, pero no han tenido éxito.
Pero quizás las respuesta al problema radica en un tema: interés. En palabras de Cordón, “la devolución de crédito fiscal no es una prioridad para la SAT porque no le significa recaudación de impuestos. Al contrario, significa pedirle al Banco de Guatemala que le devuelva este dinero a estas personas y como no es dinero que se quedan ellos, no les interesa”, señala Cordón. “Pero debería ser prioritario para la SAT, porque al devolver ese dinero ayudan a la reactivación económica. Al fin y al cabo, es dinero que se inyecta a la economía del país, pero que estancado en la SAT es una pérdida para todos”, agrega el experto.
Mientras tanto, el tormentoso camino del crédito fiscal seguirá siendo una pesadilla para los exportadores, empresarios y, en general, para la economía del país. La ausente remuneración de un impuesto que por ley es de quienes comercian productos fuera del país está causando estragos para todos los guatemaltecos, de manera directa e indirecta.
“Creemos que el crédito fiscal le da competitividad al país, evita comportamientos indeseables en cualquier caso y permite que fluya un recurso que se devuelva a la economía. No es ningún secreto que ese crédito fiscal de una u otra manera siempre termina regresando a la economía en forma de salarios, compra de materia prima o inversión y por ello lo que hace es generar crecimiento”, sugiere el director general de AGEXPORT .
Ha sido un día largo tras una dura jornada. Un exportador está frustrado porque los números no cuadran. Ha pagado salarios, comprado productos y maquinaria. Está al día con sus impuestos, así que si dependiera de él, todo estaría perfecto. Pero hay un problema que lleva años quitándole el sueño y que, conforme pasa el tiempo, se acumula y mientras más grande se hace, más distante se vuelve. Es una pesadilla, y el mal sueño tiene nombre y apellido: crédito fiscal.
La eterna promesa
Lo que desde un inicio pareció ser una solución viable del Estado con el exportador, fue convirtiéndose en un obstáculo para el empresario y la economía del país. Corrupción, burocracia, denuncias, capturas, pérdidas de millones de quetzales, retraso y calvario. Todos estos temas están estrechamente relacionados al crédito fiscal. Muchos hablan de los efectos de esta remuneración pero pocos conocen sus causas y los trámites que la han complicado.
El crédito fiscal es un monto en dinero a favor del contribuyente. Quienes tienen derecho a cobrarlo son los exportadores o las personas exentas al mercado local. “La razón de fondo de por qué este crédito es tan importante para los exportadores es por que ellos son los últimos en la cadena de producción y en el marcado internacional las reglas fiscales son distintas. Por eso a ellos les deben ese IVA que ya pagaron por todos los costos intermedios que tiene exportar su producto y no hay forma de recuperarlo a menos que sea a través del fisco”, explica Amador Carballido es el Director General de la Asociación de Exportadores de Guatemala (AGEXPORT) quien define el crédito fiscal en el siguiente video.
Por otra parte, el abogado Luis Fernando Cordón, experto en derecho tributario y presidente de la Asociación Pro Derechos del Contribuyente, (Asprodeco) explica que el rol de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es revisar la correcta procedencia del crédito fiscal y la encargada de filtrar que lo exigido por el exportador sea acorde a su actividad.
Sin embargo, el proceso no ha funcionado al pie de la letra. El crédito fiscal se ha convertido en una “eterna promesa” de la SAT a los empresarios exportadores, que pocas veces se cumple. Por ejemplo, solo desde el 2013 a 2017 se tenían pendientes 2 mil 727 expedientes de devolución de crédito fiscal, los cuales representaban 3 mil 584 millones 541 mil 465 quetzales; un monto millonario que se dejaba de percibir en la economía guatemalteca. Solo para el sector exportador en general la presa superaba los 2 millardos de quetzales.
“Los montos que venimos observando desde algún tiempo para acá son de 3 mil millones. Lo que sucede es que somos al rededor de 4,000 exportadores activos, cada uno en distinto tamaño tiene algo de ese dinero pendiente que se le pueda devolver. Las antigüedades para algunos de estos recursos pueden superar los 10 años y los procesos de devolución están alrededor de los 700 días a 1,000 días“, asegura Carballido.
Ramón Parellada, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES) analiza la situación desde una perspectiva económica. “Con el tema del crédito fiscal y la negligencia de la SAT, el efecto es dañino para las empresas porque se des-capitalizan. Les afectan su flujo de caja por lo que se incrementan sus costos y hay unas empresas que no pueden seguir operando porque ya es demasiado lo que les debe el gobierno”, explica. El economista asegura que el proceso es demasiado largo, por culpa del sistema.
La poca, casi nula, atención por parte de la SAT para pagar un monto que debían a terceros, comenzó a generar desesperación y sistemas alternativos de dudosa legitimidad. Algunos funcionarios y empresarios se involucraron en un sombrío proceso que, con el fin de obtener el dinero que por ley era suyo, fue destapado por el Ministerio Público (MP) y etiquetado como un caso de corrupción.
Estallido y corrupción
El 25 de enero, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) revelaron una estructura de tráfico de influencias que agilizaba la devolución del crédito fiscal a cambio de comisiones. Según las autoridades, formaron parte de ésta Exsuperintendentes de Administración Tributaria, miembros del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y del Partido Patriota (PP). El caso fue denominado Traficantes de Influencias, y fue a partir de estas capturas que el tema de “crédito fiscal” volvió a acaparar la opinión pública.
El caso explotó cuando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) realizó la imputación de delitos a 14 de los 19 señalados de integrar una estructura delictiva de traficantes de influencias que garantizaron la devolución de crédito fiscal a varias empresas.
La Fiscal General, Thelma Aldana, explicó en su momento que los integrantes de la estructura agilizaron de forma irregular al menos 30 expedientes administrativos de devolución de crédito fiscal de 10 contribuyentes durante los años 2011, 2013 y 2014. Según el MP los integrantes de esa estructura se afianzaron aproximadamente de Q19 millones en comisiones que cobraran a los empresarios exportadores implicados por “agilizar el trámite”.
Sin embargo, han surgido varios críticos del caso. Uno de ellos ha sido Parellada. El director del CEES culpa al MP de estar “criminalizando a todos los empresarios” por pedir la devolución del IVA que por ley les pertenece. Critica la responsabilidad que debe asumir el empresario por las malas conductas de los proveedores y considera que la FECI debería estar persiguiendo a personas a lo interno de la SAT.
Los empresarios pacientes, los grandes perdedores
Pero el caso del MP solo contó una parte de la historia, aquella en la que ciertos empresarios y funcionarios actuaron de manera ilegal para agilizar un proceso. No se dijo nada sobre aquellos empresarios que, cumpliendo con la ley, no “pagaron mordida” y que a raíz de eso hoy continúan perdiendo dinero; dinero que es suyo pero que por “negligencia, burocracia e intereses mezquinos” no les ha sido entregado.
La tardanza generalizada sigue perjudicando a la mayoría de las empresas, cuyos costos de operación se ven afectados con el consecuente deterioro en la competitividad. Cordón asegura que hay dos lados en este tormentoso camino del crédito fiscal. Para el experto en derecho tributario, si bien no hay duda de que ciertos empresarios y funcionarios han actuado de manera ilegal, “no han sido todos” y quienes han actuado conforme a la ley tampoco han sido beneficiados. Los exportadores que han cumplido todas las reglas a cabalidad se han visto más afectados que nunca.
El gremio de exportadores más afectado ha sido, quizás, el caficultor. Jean Paul Brichaux, presidente de la Asociación de Exportadores de Café (ADEC) asegura que la competitividad de los exportadores guatemaltecos está decayendo debido a los retrasos en el pago del crédito fiscal.
“Cuando nos comparamos con países de la región como Colombia u Honduras nos damos cuenta que tenemos un problema serio, porque ellos ha diferencia nuestra han tenido un incentivo de Estado muy fuerte. Honduras, por ejemplo, pasó de 3 millones a 7 millones de producción de café en 4 años en cambio nosotros bajamos de 5 millones a 3.9 millones“, comenta.
El presidente de ADEC considera que, independientemente del caso, todos los exportadores del gremio tienen problemas y que el mayor culpable es el sistema que utiliza la SAT.
El caso es similar al del sector del cardamomo. Guatemala no solo aglomera el 61% del volumen exportado del grano en el planeta, también tiene una buena cotización en la plaza asiática y en Medio Oriente. Según datos de AGEXPORT, este sector generó un impacto económico de Q4 mil 200 millones en 2017.
Pero los aportes económicos están disminuyendo y continuarán así por las pérdidas que está provocando este retraso fiscal. Un caso que recuerdan los caficultores con mucho pesar es el de la transnacional Sertinsa y Bero de Guatemala, que exportaba con la empresa Neumann Kaffee Gruppe. Luego de ser intervenida por la SAT, la compañía exportadora alemana se retiró del país y golpeó al sector.
¿Pero alguna vez funcionó el sistema? ¿Por qué se complicó el proceso? ¿Cuál fue la causa de que el problema creciera a tal punto como en el que estamos hoy? Carballido asegura tener la respuesta. Según el Director General de AGEXPORT, todo se debe a que en su momento el mecanismo (refiriéndose al sistema de la SAT) no creció a la misma velocidad que la productividad del país.
¿Avances o estancamientos en la SAT?
Ante las presiones y la exposición mediática, el año pasado la SAT implementó un Plan de Devolución de Crédito Fiscal, bajo la gestión de Juan Francisco Solórzano Foppa. Para enero de este año, se habían liberado Q709.8 de crédito fiscal y por fin algunas empresas notaron avances. ¿Pero fue suficiente?
Como resultados del plan, un total de 113 expedientes de auditorías fueron desestimadas por un monto de Q141.4 millones y se suspendieron cuatro auditorías por Q2.2 millones. Al final 1,286 auditorías fueron finalizadas del periodo de 2013 a 2015 y ahora la SAT iniciará con la presa de expedientes de 2016 y 2017.
“Hay una disposición de Q800 millones para entregar en el primer trimestre de 2018. Limpiamos las solicitudes del 2013 al 2015 y se finalizará el proceso con la notificación respectiva”, declaró en su momento Abel Cruz Calderón a los medios de comunicación. Cruz fue quien luego de la destitución de Foppa, asumió el cargo de Superintendente.
Además, la SAT dio un gran paso en cuanto a transparencia. Ahora las solicitudes pro crédito fiscal se publican en el portal electrónico de la institución, por lo que cualquiera puede ver y monitorear el proceso. En la foto a continuación, se observa la ventanilla del portal de la SAT con la presa de solicitudes.
Imagen: Portal Web de la SAT
Si bien en el 2016 y el 2017, la SAT fue más rigurosa en la devolución del crédito fiscal, las fuentes consultadas aseguran que esto no es suficiente y que son soluciones a corto plazo que no arreglarán el “problema de fondo”.
Cada año se suman cerca de mil solicitudes a la presa de devoluciones de crédito fiscal. “Es hasta tal vez en estos últimos años las autoridades actuales de SAT han hecho esfuerzos importantes para tratar de resolver el asunto pero debemos comprender que están trabajando con un problema heredado que trae circunstancias muy fuertes y con eso es con lo que están lidiando ahora”, asegura Carballido.
“Se siguen atrasando y atrasando y no es suficiente para ponerse al día no es esa la cantidad. Necesitan más personal y más recursos, pero nuevamente el sistema no lo han cambiado. Sigue siendo el mismo aunque ya hayan determinado ciertos procedimientos que lo hacen más certero”, reitera Brichaux.
El presidente de Asprodeco considera que las acciones actuales de la SAT no limpiarán el problema y que el mismo Plan de Devolución de Crédito Fiscal tiene fallas técnicas. Incluso criticó la preparación de los últimos superintendentes de la SAT. “En el puesto tiene que estar alguien consciente de la legislación, que conozca lo básico del crédito fiscal para que agilice ese procedimiento”, puntualiza.
¿Quiénes son los culpables?
La presa gigante de crédito fiscal no creció sola. Como todo problema, detrás siempre hay más de algún responsable. Hay quienes acusan al sistema en sí, tan “burocrático” como “antiguo”. Otros consideran que hay muchos culpables con distintos puestos; desde el empresariado hasta el funcionario público. Finalmente hay quienes piensan que el único culpable cabe en tres letras: SAT.
“Considero que hay varios responsables y al final recuérdense que como toda la administración pública la burocracia es un negocio para el que es pícaro, para quien no quiere hacer las cosas correctamente“, comenta el presidente de Asprodeco, Luis Fernando Cordón. El experto señala que es necesario liberar “el embudo” que ha generado el mismo sistema y que impide la resolución rápida de estos casos.
“Es necesario que la administración se desfogue de una fuente de corrupción que es fácil de poder caer en la misma. Ocurre similar con aduanas, que persiste la corrupción porque es un entramado de cumplimientos legales que realizar y eso obliga a las personas muchas veces a acudir a esos personajes siniestros que se prestan a facilitar el cumplimiento”, sugiere Cordón.
El director del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES), Ramón Parellada, considera que los culpables figuran en el directorio de la SAT y señala que erróneamente se ha perseguido a los exportadores en vez de “indagar en el problema de raíz, en la entidad fiscalizadora”.
Por otra parte, Cordón asegura que no solo hay un problema, sino tres y el culpable es el procedimiento “arcaico” de la SAT. El experto en derecho tributario señala que hay dilemas a lo interno de la entidad y que son esas pugnas las que evitan que trámites, como el del crédito fiscal, avancen con la velocidad que deberían. Además, considera que los recursos son “muy limitados” y que esto no solo desmotiva para hacer el trabajo, sino que lo complica.
República intentó obtener la postura y declaraciones de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), pero no fue posible obtener respuesta de las autoridades.
Soluciones para el tormentoso camino
Varias propuestas han surgido con relación a una simplificación del proceso de devolución del crédito fiscal. Entre los exportadores y expertos se han discutido varios métodos que van desde reformas con base a un proceso estudiado, compensación automática del crédito con herramientas tecnológicas y hasta un sistema de castigo penal para la autoridad tributaria al momento de incumplir con los plazos.
Para Brichaux y los exportadores de café, la solución se divide en tres: autocompensación, agilización y aprovisionamiento mensual.
El presidente de Asprodeco propone una solución basada en tecnología y recursos humanos. Cordón sugiere que la automatización de este proceso es la clave y que son los mismos empleados de la SAT los que, si están motivados, pueden hacer una gran diferencia.
Parellada se inclina más por el área penal y por la compensación de impuestos. El economista sugiere la creación de una cuenta corriente de IVA y el cumplimiento de la ley inmediato y total.
Pero de todas las propuestas, la más detallada es la del gremio de exportadores. En diciembre de 2016, AGEXPORT, el Ministerio de Economía y el Programa Nacional de Competitividad en Guatemala (PRONACOM) elaboraron una propuesta para simplificar el proceso de devolución fiscal. Dicha propuesta reduce el proceso de siete pasos a cuatro, de 730 días a 90 y de 18 documentos a entregar a seis.
Proceso de devolución de crédito fiscal a exportadores. Infografía: República
Sin embargo, las propuestas de soluciones han quedado así, como propuestas. Pareciera que la SAT se ha hecho oídos sordos ante cada salida al problema. Ese ha sido el caso de ADEC, que por 15 años ha intentado proponer alguna ruta para abandonar el tortuoso camino del crédito fiscal, pero no han tenido éxito.
Pero quizás las respuesta al problema radica en un tema: interés. En palabras de Cordón, “la devolución de crédito fiscal no es una prioridad para la SAT porque no le significa recaudación de impuestos. Al contrario, significa pedirle al Banco de Guatemala que le devuelva este dinero a estas personas y como no es dinero que se quedan ellos, no les interesa”, señala Cordón. “Pero debería ser prioritario para la SAT, porque al devolver ese dinero ayudan a la reactivación económica. Al fin y al cabo, es dinero que se inyecta a la economía del país, pero que estancado en la SAT es una pérdida para todos”, agrega el experto.
Mientras tanto, el tormentoso camino del crédito fiscal seguirá siendo una pesadilla para los exportadores, empresarios y, en general, para la economía del país. La ausente remuneración de un impuesto que por ley es de quienes comercian productos fuera del país está causando estragos para todos los guatemaltecos, de manera directa e indirecta.
“Creemos que el crédito fiscal le da competitividad al país, evita comportamientos indeseables en cualquier caso y permite que fluya un recurso que se devuelva a la economía. No es ningún secreto que ese crédito fiscal de una u otra manera siempre termina regresando a la economía en forma de salarios, compra de materia prima o inversión y por ello lo que hace es generar crecimiento”, sugiere el director general de AGEXPORT .