Vivimos en unos tiempos tan particulares, que seguramente el título de esta columna puede sonar a un enorme atrevimiento de mi parte, en el sentido de querer dar consejo a quien tiene la responsabilidad de conducir la Comisión Internacional de Naciones Unidas contra la Impunidad –CICIG-. Pues no. Quienes así lo percibieron quizá puedan sentir que al golpe de adrenalina que les provoca el título le siga luego una especie de mediana decepción por el contenido. Lo que sucede es que he querido dirigirme hoy a otro tipo de comisionado. A uno que es guatemalteco, a quien tiene en sus manos una gran responsabilidad y que seguramente estará hoy sintiendo tanta presión pública y privada como aquél a cargo de la Comisión internacional. Me refiero al que es miembro de la comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos a Fiscal que le será presentada al Presidente.

Por virtud de un mandato de nuestra Constitución Política de la República hoy quienes integran esa comisión son profesionales y académicos. Fue pensado así con el objetivo de que este proceso tuviera siempre los estándares éticos y la rigurosidad que caracteriza a las comunidades que cada uno de ellos representan. No es mi interés traer a colación en este aporte si la academia con el tiempo se politizó, o si lo intereses en juego hicieron que cada vez más se trabajara con el mínimo denominador común, como algunos afirman. Eso lo dejamos para otro debate. Me quiero dirigir a las personas de carne y hueso que hoy tienen una responsabilidad de discutir, opinar y seleccionar en público a profesionales que han presentado sus hojas de vida a consideración en el marco de este importante proceso.

Tamaña responsabilidad se suele ejercer en soledad. Agregado a las exigencias laborales que en lo profesional o lo académico tiene cada uno de ellos, hoy la sociedad les impone a los comisionados,  en aras de la transparencia, un marcaje personal y público. Esto en ocasiones podrá volverse un poco fastidioso pero es comprensible y necesario. Ahora bien, para ejercer su delicada labor, los comisionados tienen a su disposición unas pocas herramientas para la tarea. Una de ellas es la tabla de gradación. Ciertamente algún criterio hay que tener para dar sentido a un proceso tan complejo.  Como hemos podido presenciar, a muchos se les va la vida discutiendo si tal o cual parámetro debe estar mejor punteado que otro. A ratos tengo la impresión que esas presiones vienen ocasionadas por el hecho de tener en mente ya a un candidato, al cual le calce bien el guante. Sin embargo, y con las imperfecciones que vienen aparejadas al asignar valor numérico a cualidades profesionales, habrá que tomar dicha gradación como una necesaria referencia.

Por otro lado,  y es allí a donde quería llegar mi exhortativa hacia los comisionados, la tabla es indicativa, no prescriptiva. Si creyéramos que una tabla de gradación nos ofrece en automático y en forma algebraica al mejor de lo candidatos para el puesto, no requeriríamos de académicos o profesionales en una comisión; necesitaríamos simplemente a un contador y con eso se ahorraría gran parte del proceso.

No. Hay una lógica detrás de pensar que hay más que una simple tabla de gradación. Hay valores intangibles, como lo son la honestidad, el carácter y la independencia, que ninguna certificación, auténtica o fotocopia en el expediente puede dar por válido.  También creo que llegar al absurdo de calificar con gradaciones la honorabilidad de un profesional, como ya se intentó en el pasado, sea algo muy sensato. Expresiones como: “este es medio honorable”; “no se puede apreciar honorabilidad”, o que “A es un  75 % más honorable que B” me parecen enormes despropósitos.

El momento de ejercer el voto por un candidato es el momento en que a su mejor juicio el comisionado expresa su parecer sobre quien crea mejor calificado para el puesto.  Es allí donde el ejercicio de escuchar e indagar en el entorno, el de consultar las trayectorias de vida y de ejercicio profesional o de funcionario, y el de las entrevistas personales y pruebas, puede ofrecer pautas importantes y rendir sus frutos.  Nadie está pidiendo que un comisionado juzgue en el tribunal de la opinión pública a un colega. Simplemente es expresar un parecer que integre valores objetivos como subjetivos. Y con ello habrá que quedarse.

Mi invitación a los comisionados es a que no se disuadan de utilizar esta parte de la ecuación en su valoración y voto. Tener una opinión formada e informada sobre los candidatos en lo que se refiere a los atributos que uno espera del próximo fiscal -la honestidad, el carácter y la independencia- no es algo que sea condenable, o tampoco exigible con más justificación que el criterio personalísimo. En ello debe ir el buen juicio del comisionado, pues como dice el refrán: de tal profesional, tal apreciación. Eso es lo que la Constitución espera del mandato que les otorga y lo que los ciudadanos esperamos de nuestros comisionados.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo