Política
Política
Empresa
Empresa
Investigación y Análisis
Investigación y Análisis
Internacional
Internacional
Opinión
Opinión
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Agenda Empresarial
Agenda Empresarial

¿Por qué la ley antimaras no resuelve el problema?

Edgar René Ortiz
21 de febrero, 2018

El Congreso aprobó en segunda lectura la Ley Antimaras (iniciativa 5266) el martes pasado. Queda pendiente el tercer debate para decidir si la iniciativa se convierte en ley. Pero a todo esto cabe preguntarse, ¿es esta la solución al fenómeno de las pandillas? Encuentro al menos cuatro razones para sugerir al lector por qué esta ley, de ser aprobada, solo complicaría aún más las cosas:

  1. El problema no es legislativo, es de aplicación de la ley. Actualmente las maras son responsables por crímenes graves como asesinatos, extorsiones, secuestros, lavado de dinero, etc. Todos estos delitos castigados duramente por nuestra legislación. De modo que cuando un pandillero roba o mata, la legislación lo hace responsable penalmente por sus acciones y sin embargo, continúan delinquiendo impunemente. ¿Por qué? La respuesta es compleja. Quizás sea en parte porque la PNC no cuenta con los recursos humanos y financieros para luchar contra el crimen organizado y aplicarles la ley o porque el MP no tiene cobertura suficiente, etc. Quizá. Pero es claro que no se debe a que la ley penal no estipule castigos severos para los mareros.
  2. El problema no es solo la severidad del castigo sino la certeza del mismo. El economista Gary Becker, Premio Nobel de economía en 1992, planteó un modelo sobre el comportamiento de los criminales. Becker aseguraba que los criminales actuaban racionalmente y tenían en cuenta dos factores: uno, la severidad del castigo que le esperaba si cometía un delito y, dos, la probabilidad de que lo descubran o atrapen. Si aplicamos ese modelo al caso de Guatemala las cosas quedarán más claras. La variable uno (severidad del castigo) está agotada hasta la saciedad. Nuestras leyes penales establecen penas altísimas para los crímenes más importantes. El problema es la variable dos, la probabilidad de que detengan a un criminal. Esta probabilidad es muy baja y por ello la impunidad es muy alta. La ley antimaras intenta trabajar en la variable menos importante para Guatemala en estos momentos: endurecer penas cuando el problema es la efectividad en la detención de los criminales.
  3. Esta iniciativa de ley duplicaría lo que establece otra ley y causaría incertidumbre. Si usted lee la iniciativa 5266 notará que proponen adicionar el artículo 398 BIS al Código Penal y crear el delito de “pandillas”. De acuerdo con este texto cometen este delito quienes “(…) se organicen, constituyan, [y] conglomeren para transgredir la paz social, agredir a terceras personas, atentar contra la vida, la integridad, la seguridad (…)”. Es decir, el mero hecho de formar parte de una pandilla sería un delito. El problema es que la Ley Contra la Delincuencia Organizada, establece en su artículo 4 el delito de asociación ilícita. Este delito lo cometen las personas que conformen una asociación “(…) que tenga por objeto cometer algún delito o después de constituidas, promueven su comisión”. ¿No es acaso exactamente lo mismo que el delito que pretenden crear? ¿no es una pandilla una organización que tiene por objeto cometer delitos? Si se aprueba esta reforma generaría una enorme confusión para los jueces y fiscales.
  4. No todos los problemas se resuelven con crear una ley. Quizás este sea el peor de los males que nos aqueja en el país. La idea de que legislando se acaban los problemas nos conduce a una inflación legislativa: cada vez más decretos y cada vez menos calidad legislativa y menos certeza para el ciudadano. El problema de la criminalidad es, en buena parte, un fallo en la aplicación de la ley. Esto compete únicamente al ejecutivo, no al legislativo.

Estas son apenas cuatro ideas simples que no podemos pasar inadvertidas para darnos cuenta de que lo que el Congreso hace con esta iniciativa de ley es mero populismo punitivo. Si existe una intención real de combatir la criminalidad deberíamos estar hablando de programas efectivos de prevención, de fortalecer el Ministerio Público o el sistema penitenciario con acciones concretas. Iniciativas de ley como la ley antimaras además de ser un desperdicio de papel y tinta serán, como dice un amigo y colega peruano, mala literatura.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER

¿Por qué la ley antimaras no resuelve el problema?

Edgar René Ortiz
21 de febrero, 2018

El Congreso aprobó en segunda lectura la Ley Antimaras (iniciativa 5266) el martes pasado. Queda pendiente el tercer debate para decidir si la iniciativa se convierte en ley. Pero a todo esto cabe preguntarse, ¿es esta la solución al fenómeno de las pandillas? Encuentro al menos cuatro razones para sugerir al lector por qué esta ley, de ser aprobada, solo complicaría aún más las cosas:

  1. El problema no es legislativo, es de aplicación de la ley. Actualmente las maras son responsables por crímenes graves como asesinatos, extorsiones, secuestros, lavado de dinero, etc. Todos estos delitos castigados duramente por nuestra legislación. De modo que cuando un pandillero roba o mata, la legislación lo hace responsable penalmente por sus acciones y sin embargo, continúan delinquiendo impunemente. ¿Por qué? La respuesta es compleja. Quizás sea en parte porque la PNC no cuenta con los recursos humanos y financieros para luchar contra el crimen organizado y aplicarles la ley o porque el MP no tiene cobertura suficiente, etc. Quizá. Pero es claro que no se debe a que la ley penal no estipule castigos severos para los mareros.
  2. El problema no es solo la severidad del castigo sino la certeza del mismo. El economista Gary Becker, Premio Nobel de economía en 1992, planteó un modelo sobre el comportamiento de los criminales. Becker aseguraba que los criminales actuaban racionalmente y tenían en cuenta dos factores: uno, la severidad del castigo que le esperaba si cometía un delito y, dos, la probabilidad de que lo descubran o atrapen. Si aplicamos ese modelo al caso de Guatemala las cosas quedarán más claras. La variable uno (severidad del castigo) está agotada hasta la saciedad. Nuestras leyes penales establecen penas altísimas para los crímenes más importantes. El problema es la variable dos, la probabilidad de que detengan a un criminal. Esta probabilidad es muy baja y por ello la impunidad es muy alta. La ley antimaras intenta trabajar en la variable menos importante para Guatemala en estos momentos: endurecer penas cuando el problema es la efectividad en la detención de los criminales.
  3. Esta iniciativa de ley duplicaría lo que establece otra ley y causaría incertidumbre. Si usted lee la iniciativa 5266 notará que proponen adicionar el artículo 398 BIS al Código Penal y crear el delito de “pandillas”. De acuerdo con este texto cometen este delito quienes “(…) se organicen, constituyan, [y] conglomeren para transgredir la paz social, agredir a terceras personas, atentar contra la vida, la integridad, la seguridad (…)”. Es decir, el mero hecho de formar parte de una pandilla sería un delito. El problema es que la Ley Contra la Delincuencia Organizada, establece en su artículo 4 el delito de asociación ilícita. Este delito lo cometen las personas que conformen una asociación “(…) que tenga por objeto cometer algún delito o después de constituidas, promueven su comisión”. ¿No es acaso exactamente lo mismo que el delito que pretenden crear? ¿no es una pandilla una organización que tiene por objeto cometer delitos? Si se aprueba esta reforma generaría una enorme confusión para los jueces y fiscales.
  4. No todos los problemas se resuelven con crear una ley. Quizás este sea el peor de los males que nos aqueja en el país. La idea de que legislando se acaban los problemas nos conduce a una inflación legislativa: cada vez más decretos y cada vez menos calidad legislativa y menos certeza para el ciudadano. El problema de la criminalidad es, en buena parte, un fallo en la aplicación de la ley. Esto compete únicamente al ejecutivo, no al legislativo.

Estas son apenas cuatro ideas simples que no podemos pasar inadvertidas para darnos cuenta de que lo que el Congreso hace con esta iniciativa de ley es mero populismo punitivo. Si existe una intención real de combatir la criminalidad deberíamos estar hablando de programas efectivos de prevención, de fortalecer el Ministerio Público o el sistema penitenciario con acciones concretas. Iniciativas de ley como la ley antimaras además de ser un desperdicio de papel y tinta serán, como dice un amigo y colega peruano, mala literatura.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER