Los 37 acusados por su vinculación con la Mara Salvatrucha, aceptaron las penas negociadas por sus defensores en el jucio que se les sigue en España.

Los pandilleros de distintos países de origen, estuvieron de acuerdo con los castigos que consisten en el pago de multas hasta la encarcelación por 12 años.

Todos fueron capturados en una operación policial para desbaratar una estructura criminal que pretendía establecerse en varias ciudades españolas como Barcelona, Gerona y Alicante.

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Aceptan los cargos

Los procesados y sus abogados llegaron a un entendido con los agentes de la Fiscalía Anticorrupción.

El juicio inició el 20 de febrero en la sección segunda de la Audiencia de Alicante, pero fue postergada por la imposibilidad del juez a cargo para tomar una decisión en relación con el acuerdo.

El convenio fue ratificado este jueves y continuó el proceso sin mayores inconvenientes, pero sí con un amplio cordón de seguridad en los alrededores de la sede judicial de Alicante.

Entre los señalados figuran españoles, latinos, un maroquí y un rumano. A cambio de la reducción de pena, los mareros confesarán sus fechorías y colaborarán con la justicia española.

Las penas máximas recaerán sobre los hermanos Esteban Arnulfo y Pablo Antonio N.M., alias “Darkin” y “Bigman”.

Apoyo desde Guatemala

La red criminal de la Mara Salvatrucha fue desbaratada en marzo de 2016 tras una investigación que permitió evitar asesinados ya planificados.

La Guardia Civil efectuó el operativo para detener a los acusados y con ello evitar su expansión a varias ciudades de España.

Los sindicados en su mayoría son jóvenes y están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, intento de asesinato, conspiración para el asesinato, lesiones, amenazas y blanqueo de capitales

Entre los capturados figuran los cabecillas que buscaban concretar su plan “Programa 34”, por medio del cual buscaban establecerse en varios sitios del país europeo.

Según el Ministerio Público, los acusados seguían órdenes de los jefes de la organización en El Salvador y Guatemala y recibían financiación desde esos países, al tiempo que obtenían fondos del tráfico de drogas.

Fueron descubiertos tras protagonizar peleas con una banda rival a la cual buscaban desplazar mediante asesinatos.

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