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Minera San Rafael: “La actitud de la CC es dilatoria”

Juan Diego Godoy
08 de marzo, 2018

Minera San Rafael considera que el nuevo retraso para resolver el amparo relacionado con las operaciones de la empresa, es “una actitud dilatoria de la Corte de Constitucionalidad (CC) que busca que la mina no opere”.

El miércoles la Corte, previo a resolver el amparo, pidió tres informes: un estudio antropológico en el municipio de San Rafael Las Flores, revisión del estudio de Impacto Ambiental y Monitoreos, además de copia de expedientes administrativos.

Gabriela Roca, directora de Asuntos Corporativos de la Minera, considera que estas solicitudes están fuera de lugar porque se piden cuatro meses después de realizada la audiencia pública y porque la información requerida ya figura en el expediente.

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Además, porque la información solicitada no tiene nada que ver que con el amparo planteado. El recurso en cuestión es porque supuestamente no se realizó la consulta indígena.

“Sorprende que se requiera ahora la realización de estudios de otros temas”, indicó Dave Howe, Gerente de País de la Minera San Rafael.

“Nos preocupa que con esta solicitud, la Corte se desenfoque del acto reclamado por la amparista que es la supuesta falta de implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte del Estado”, subrayó Dave Howe.

  • Te recomendamos leer:

Minera presenta amparo contra la CC

Debido al retraso de la resolución que impide que la minera opere, ya que lleva 248 días suspendida, la empresa planteó un recurso legal contra la Corte, indicó Gabriela Roca.

La falta del fallo ha dejado sin trabajo a 250 personas de manera directa y a 3, 500 de manera indirecta. Además, el país deja de percibir Q5.1 millones cada día que no opera la mina.

Adicional a ello, el municipio de San Rafael Las Flores y otros cercanos, no han recibido regalías. En total suman Q50 millones no recibidos por este concepto.

Pese a lo anterior, Minera San Rafael indica que siempre ha respetado las decisiones de la Corte y cumplirá con lo dispuesto.

Asimismo, reconoce que las instituciones a las cuales se les solicitaron informes, son de alto prestigio y piden que sus informes se basen en evidencias técnicas y científicas.

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Minera San Rafael: “La actitud de la CC es dilatoria”

Juan Diego Godoy
08 de marzo, 2018

Minera San Rafael considera que el nuevo retraso para resolver el amparo relacionado con las operaciones de la empresa, es “una actitud dilatoria de la Corte de Constitucionalidad (CC) que busca que la mina no opere”.

El miércoles la Corte, previo a resolver el amparo, pidió tres informes: un estudio antropológico en el municipio de San Rafael Las Flores, revisión del estudio de Impacto Ambiental y Monitoreos, además de copia de expedientes administrativos.

Gabriela Roca, directora de Asuntos Corporativos de la Minera, considera que estas solicitudes están fuera de lugar porque se piden cuatro meses después de realizada la audiencia pública y porque la información requerida ya figura en el expediente.

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Además, porque la información solicitada no tiene nada que ver que con el amparo planteado. El recurso en cuestión es porque supuestamente no se realizó la consulta indígena.

“Sorprende que se requiera ahora la realización de estudios de otros temas”, indicó Dave Howe, Gerente de País de la Minera San Rafael.

“Nos preocupa que con esta solicitud, la Corte se desenfoque del acto reclamado por la amparista que es la supuesta falta de implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte del Estado”, subrayó Dave Howe.

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La falta del fallo ha dejado sin trabajo a 250 personas de manera directa y a 3, 500 de manera indirecta. Además, el país deja de percibir Q5.1 millones cada día que no opera la mina.

Adicional a ello, el municipio de San Rafael Las Flores y otros cercanos, no han recibido regalías. En total suman Q50 millones no recibidos por este concepto.

Pese a lo anterior, Minera San Rafael indica que siempre ha respetado las decisiones de la Corte y cumplirá con lo dispuesto.

Asimismo, reconoce que las instituciones a las cuales se les solicitaron informes, son de alto prestigio y piden que sus informes se basen en evidencias técnicas y científicas.