El gobierno de Daniel Ortega ha mostrado su intención de regular las redes sociales. Según medios locales, las autoridades han sugerido al Poder Legislativo tomar acciones bajo el pretexto que influyen negativamente en la población.
Según el Gobierno, la propuesta busca “proteger” a los niños y jóvenes del ciberbullying o ciberacoso, además de “garantizar la estabilidad y tranquilidad de la población” para evitar los rumores y falsas informaciones que supuestamente atentan contra la estabilidad del país.
La advertencia
Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta, apareció en la cadena diaria de televisión y dijo que estaba en conversación con el presidente de la Asamblea Nacional para revisar el uso de las redes sociales en ese país. Murillo aseguró que las redes están afectando a los nicaragüenses debido a “falsas informaciones” y a la falta de convivencia entre las familias.
La intención de las autoridades es reformar el Código de la Niñez, Código de la Familia y el Código Penal para prevenir la violencia y las “noticias falsas”. La acción ya despertó la alarma en el país ya que temen que el objetivo sea imponer una ley mordaza.
La situación en Guatemala
El diputado Napoleón Rojas de la Unión del Cambio Nacional impulsa una iniciativa denominada Ley Contra Actos Terroristas, la cual establece que cualquier persona que externe su opinión en redes sociales pueda ser calificado como terrorista.
La propuesta, que establece penas de prisión de 8 a 20 años, provocó la preocupación del Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein, quien lo incluyó en el informe anual que presenta ante el Consejo de Derechos Humanos.
“En Guatemala, estoy alarmado por las propuestas legislativas cada vez más regresivas, incluyendo un borrador de ley sobre amnistías y la reforma del Código Penal para expandir la definición de crimen de terrorismo”, escribió.
Foto: La Prensa
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La advertencia
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La intención de las autoridades es reformar el Código de la Niñez, Código de la Familia y el Código Penal para prevenir la violencia y las “noticias falsas”. La acción ya despertó la alarma en el país ya que temen que el objetivo sea imponer una ley mordaza.
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La propuesta, que establece penas de prisión de 8 a 20 años, provocó la preocupación del Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein, quien lo incluyó en el informe anual que presenta ante el Consejo de Derechos Humanos.
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