El Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y el Colegio de Abogados presentaron sus propuestas a la Comisión Extraordinaria para reformar el delito de financiamiento electoral ilícito. Unos piden que el artículo sea analizado y otros que se establezcan penas de prisión de 3 a 8 años.
El análisis que hace la comisión surge luego que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad exhortaran al Congreso a modificar el artículo. La redacción del segundo párrafo no es clara acerca de la pena para las personas que aporten recursos de forma anónima y para quienes no lo registren en el libro contable.
Se considera asimismo financiamiento electoral ilícito toda contribución recibida en forma anónima, y las que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política. La sanción se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo, cargo público o cargo de elección popular, además de la pena impuesta, se le inhabilitará para optar a cargos públicos”
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Esta redacción es la que está analizando la Comisión y para ello convocó a las autoridades a presentar su propuesta. El Tribunal Supremo Electoral no se presentó , y según el presidente de la comisión, Rodolfo Castañón; enviarán su propuesta por escrito.
Las propuestas
El Colegio de Abogados por medio de Rudolfo Gil propuso que el párrafo fuera analizado para establecer si era adecuado que continuara en el ámbito penal o se trasladara al área administrativa.
Mientras que la Contraloría General de Cuentas plantea que el artículo quede tal cual y se agreguen dos párrafos más, con los cuales se establece que las penas de prisión se aumenten en dos terceras partes si el delito es cometido por contratistas del Estado o funcionarios electos popularmente.
También sugieren la inhabilitación para acceder a cargos de elección popular, cinco años después de haber sido condenados.
El Ministerio Público por medio del auxiliar fiscal José Rafael Curruchiche, propone que al segundo párrafo se le agregue la pena de prisión de 3 a 8 años inconmutables. Las propuestas serán analizadas por la Comisión Extraordinaria y se sumarán a las propuestas de las organizaciones sociales, las cuales serán presentadas el próximo miércoles.
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El análisis que hace la comisión surge luego que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad exhortaran al Congreso a modificar el artículo. La redacción del segundo párrafo no es clara acerca de la pena para las personas que aporten recursos de forma anónima y para quienes no lo registren en el libro contable.
Se considera asimismo financiamiento electoral ilícito toda contribución recibida en forma anónima, y las que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política. La sanción se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo, cargo público o cargo de elección popular, además de la pena impuesta, se le inhabilitará para optar a cargos públicos”
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El Colegio de Abogados por medio de Rudolfo Gil propuso que el párrafo fuera analizado para establecer si era adecuado que continuara en el ámbito penal o se trasladara al área administrativa.
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El Ministerio Público por medio del auxiliar fiscal José Rafael Curruchiche, propone que al segundo párrafo se le agregue la pena de prisión de 3 a 8 años inconmutables. Las propuestas serán analizadas por la Comisión Extraordinaria y se sumarán a las propuestas de las organizaciones sociales, las cuales serán presentadas el próximo miércoles.
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