Depuración, modernización normativa, aprendizaje colectivo y desarrollo de controles.
De confirmarse en días siguientes esta valoración sobre el trabajo de la Comisión de Postulación, el proceso de postulación para Fiscal General 2018 podría resultar el más exitoso en términos de percepción de transparencia y resultado ulterior. Y vaya que esto ha sido un trabajo arduo. Por lo menos desde el año 2009, una de las batallas centrales contra la captura del Estado ha sido el esfuerzo de diferentes sectores por sanear el funcionamiento de las Comisiones de Postulación.
Ideadas desde la misma Asamblea Nacional Constituyente de 1984-85, las Comisiones de Postulación recurrían a un sistema corporativista de representación gremial, en el que se buscaba que la élite académica y profesional actuara como un filtro de calificación de candidatos, previo a la designación final por parte de instancias políticas. No obstante, tras varios procesos de selección, el sistema de Comisiones de Postulación había dejado un mal sabor de boca, puesto que el mismo fue sujeto de cooptación por parte de grupos con intereses gremiales.
Quizá el caso paradigmático de este proceso, fue el rol de operador que Roberto López Villatoro –el Rey del Tenis – jugó durante más de una década en los procesos de elección a lo interno del Colegio de Abogados, del Instituto de Magistrados, e incluso, en facultades de Derecho tanto de la Universidad de San Carlos o de algunas universidades privadas. Y tras los pasos de López Villatoro siguieron otros personajes como Gustavo Herrera, Juan de Dios Rodríguez, además de rectores, decanos o abogados en lo individual quienes de diversas formas incidían en las postuladoras.
El juego del gato y el ratón por combatir la captura llevó al surgimiento de instituciones de veeduría social, como el caso de Convergencia Ciudadana en el 2009, a la aprobación de una Ley de Comisiones de Postulación en junio 2009, o incluso, a la judicialización constitucional de los procesos de postulación (que en gran medida favorecieron a la conformación de bloques de jurisprudencia que han permitido perfilar mejor conceptos como los requisitos honorabilidad e idoneidad), como ocurrió con la elección de Fiscal General del 2010 o de Magistrados de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia del 2014. Aun a pesar de todo lo anterior, el proceso de elección de magistrados del 2014 fue –probablemente– de los más cuestionados en los treinta años de historia democrática del país.
Esa experiencia demostró que los avances normativos y de fortalecimiento de los controles formales e informales resultan insuficientes cuando existen estructuras de cooptación. Por ello, la pieza faltante en la ecuación era la necesaria depuración de estructuras paralelas de incidencia en las Comisiones de Postulación. El caso paradigmático fue el de “Comisiones Paralelas” que culminó con la captura de López Villatoro. Aunque ya en varios procesos dispersos, personajes con influencia en procesos recientes, como Juan de Dios Rodríguez, Baudilio Hichos, César Fajardo, Alejandro Sinibaldi o Manuel Baldizón fueron siendo anulados uno a uno.
Así, el proceso de postulación 2018 puede ser una lección importante para evaluar la transición de un sistema de cooptación patrimonialista a un verdadero sistema republicano-democrático. Por un lado, resulta evidente que la transición requiere de una intervención en cuatro sentidos: 1) depuración judicial de las estructuras cooptadoras;
2) reforma y modernización normativa; 3) un proceso de aprendizaje colectivo sobre las debilidades y falencias de cada sistema institucional; y 4) el desarrollo de controles formales e informales. La sumatoria de esas variables puede convertirse en la receta a replicar en el proceso de salvataje de instituciones, que si bien pudieron haber sido diseñadas jurídicamente bajo aspiraciones loables, pero que fueron objeto de captura política por grupos de interés espurio.
Depuración, modernización normativa, aprendizaje colectivo y desarrollo de controles.
De confirmarse en días siguientes esta valoración sobre el trabajo de la Comisión de Postulación, el proceso de postulación para Fiscal General 2018 podría resultar el más exitoso en términos de percepción de transparencia y resultado ulterior. Y vaya que esto ha sido un trabajo arduo. Por lo menos desde el año 2009, una de las batallas centrales contra la captura del Estado ha sido el esfuerzo de diferentes sectores por sanear el funcionamiento de las Comisiones de Postulación.
Ideadas desde la misma Asamblea Nacional Constituyente de 1984-85, las Comisiones de Postulación recurrían a un sistema corporativista de representación gremial, en el que se buscaba que la élite académica y profesional actuara como un filtro de calificación de candidatos, previo a la designación final por parte de instancias políticas. No obstante, tras varios procesos de selección, el sistema de Comisiones de Postulación había dejado un mal sabor de boca, puesto que el mismo fue sujeto de cooptación por parte de grupos con intereses gremiales.
Quizá el caso paradigmático de este proceso, fue el rol de operador que Roberto López Villatoro –el Rey del Tenis – jugó durante más de una década en los procesos de elección a lo interno del Colegio de Abogados, del Instituto de Magistrados, e incluso, en facultades de Derecho tanto de la Universidad de San Carlos o de algunas universidades privadas. Y tras los pasos de López Villatoro siguieron otros personajes como Gustavo Herrera, Juan de Dios Rodríguez, además de rectores, decanos o abogados en lo individual quienes de diversas formas incidían en las postuladoras.
El juego del gato y el ratón por combatir la captura llevó al surgimiento de instituciones de veeduría social, como el caso de Convergencia Ciudadana en el 2009, a la aprobación de una Ley de Comisiones de Postulación en junio 2009, o incluso, a la judicialización constitucional de los procesos de postulación (que en gran medida favorecieron a la conformación de bloques de jurisprudencia que han permitido perfilar mejor conceptos como los requisitos honorabilidad e idoneidad), como ocurrió con la elección de Fiscal General del 2010 o de Magistrados de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia del 2014. Aun a pesar de todo lo anterior, el proceso de elección de magistrados del 2014 fue –probablemente– de los más cuestionados en los treinta años de historia democrática del país.
Esa experiencia demostró que los avances normativos y de fortalecimiento de los controles formales e informales resultan insuficientes cuando existen estructuras de cooptación. Por ello, la pieza faltante en la ecuación era la necesaria depuración de estructuras paralelas de incidencia en las Comisiones de Postulación. El caso paradigmático fue el de “Comisiones Paralelas” que culminó con la captura de López Villatoro. Aunque ya en varios procesos dispersos, personajes con influencia en procesos recientes, como Juan de Dios Rodríguez, Baudilio Hichos, César Fajardo, Alejandro Sinibaldi o Manuel Baldizón fueron siendo anulados uno a uno.
Así, el proceso de postulación 2018 puede ser una lección importante para evaluar la transición de un sistema de cooptación patrimonialista a un verdadero sistema republicano-democrático. Por un lado, resulta evidente que la transición requiere de una intervención en cuatro sentidos: 1) depuración judicial de las estructuras cooptadoras;
2) reforma y modernización normativa; 3) un proceso de aprendizaje colectivo sobre las debilidades y falencias de cada sistema institucional; y 4) el desarrollo de controles formales e informales. La sumatoria de esas variables puede convertirse en la receta a replicar en el proceso de salvataje de instituciones, que si bien pudieron haber sido diseñadas jurídicamente bajo aspiraciones loables, pero que fueron objeto de captura política por grupos de interés espurio.