Un nuevo caso de supuesto financiamiento electoral ilícito fue revelado este jueves por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se trata de aportes dados al partido FCN-Nación para el pago de fiscales electorales de la agrupación política que llevó a la Presidencia a Jimmy Morales.
Los aportes del dinero fueron acordados y aportados por diversas empresas en los días previos a la votación de la primera y segunda ronda electoral, en septiembre de 2015.
Para este caso la información fue aportada por dos colaboradoras eficaces vinculadas con la empresa Novaservicios. Se trata de Paulina Paiz Riera y Olga Méndez López, quienes recibieron beneficios legales a cambio de contar cómo se habrían gestionado y dado los aportes que suman unos Q8 millones.
Estos recursos no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por FCN-Nación. Por ello constituye un financiamiento anónimo, según las autoridades del MP y la CICIG.
¿Cómo se gestó el apoyo a FCN-Nación?
Durante la campaña electoral de 2015, según el MP y la CICIG, algunos empresarios se reunieron con el actual presidente Jimmy Morales y Édgar Ovalle, quien era operador político de ese partido, para expresar su interés en apoyar económicamente su candidatura.
El deseo de estas personas, según lo manifestado por ellos al MP y la CICIG, era apoyar al candidato que veían como alguien independiente y ajeno a grupos ilegales que presuntamente apoyaban a otras organizaciones políticas.
Se acordó buscar otras vías que escaparan del control del TSE, de acuerdo con el testimonio de las colaboradoras eficaces y lo corroborado por el MP y la CICIG.
El dinero fue usado para pagar a los fiscales electorales de FCN-Nación y el monto ascendió a Q8 millones. Esta cantidad se suma al financiamiento electoral ilícito que fue denunciado el año pasado y que totalizarían Q15 millones, según las autoridades.
Citados a declarar
Tras el anuncio del caso, el MP dio a conocer que citó a su primera declaración a Rodrigo Arenas, Andrés Botrán y Edgar Ovalle, acusados del delito de financiamiento electoral ilícito. Serán escuchados el 25 de abril. En el proceso también figura el exdiputado Égar Ovalle, quien está prófugo de la justicia por otro caso penal en su contra.
La mayor parte de las otras personas implicadas en la investigación, se han acercado de manera voluntaria al MP para reconocer el aporte brindado al partido oficial y han mostrado su disposición de colaborar con la justicia, según la fiscal general, Thelma Aldana.
Analizan antejuicio contra el Presidente
Como consecuencia de las ilegalidades cometidas por el partido que llevó a la Presidencia a Jimmy Morales, el Ministerio Público pedirá al Tribunal Supremo Electoral cancelar a la organización política.
De concretarse esta solicitud, se sumaría al destino que ya corrieron los partidos Líder y Patriota.
Asimismo, las autoridades indicaron que al concluir la investigación, avanzada en un 90%, determinarán un nuevo antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, quien era el Secretario General cuando se cometieron las supuestas ilegalidades.
Un nuevo caso de supuesto financiamiento electoral ilícito fue revelado este jueves por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se trata de aportes dados al partido FCN-Nación para el pago de fiscales electorales de la agrupación política que llevó a la Presidencia a Jimmy Morales.
Los aportes del dinero fueron acordados y aportados por diversas empresas en los días previos a la votación de la primera y segunda ronda electoral, en septiembre de 2015.
Para este caso la información fue aportada por dos colaboradoras eficaces vinculadas con la empresa Novaservicios. Se trata de Paulina Paiz Riera y Olga Méndez López, quienes recibieron beneficios legales a cambio de contar cómo se habrían gestionado y dado los aportes que suman unos Q8 millones.
Estos recursos no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por FCN-Nación. Por ello constituye un financiamiento anónimo, según las autoridades del MP y la CICIG.
¿Cómo se gestó el apoyo a FCN-Nación?
Durante la campaña electoral de 2015, según el MP y la CICIG, algunos empresarios se reunieron con el actual presidente Jimmy Morales y Édgar Ovalle, quien era operador político de ese partido, para expresar su interés en apoyar económicamente su candidatura.
El deseo de estas personas, según lo manifestado por ellos al MP y la CICIG, era apoyar al candidato que veían como alguien independiente y ajeno a grupos ilegales que presuntamente apoyaban a otras organizaciones políticas.
Se acordó buscar otras vías que escaparan del control del TSE, de acuerdo con el testimonio de las colaboradoras eficaces y lo corroborado por el MP y la CICIG.
El dinero fue usado para pagar a los fiscales electorales de FCN-Nación y el monto ascendió a Q8 millones. Esta cantidad se suma al financiamiento electoral ilícito que fue denunciado el año pasado y que totalizarían Q15 millones, según las autoridades.
Citados a declarar
Tras el anuncio del caso, el MP dio a conocer que citó a su primera declaración a Rodrigo Arenas, Andrés Botrán y Edgar Ovalle, acusados del delito de financiamiento electoral ilícito. Serán escuchados el 25 de abril. En el proceso también figura el exdiputado Égar Ovalle, quien está prófugo de la justicia por otro caso penal en su contra.
La mayor parte de las otras personas implicadas en la investigación, se han acercado de manera voluntaria al MP para reconocer el aporte brindado al partido oficial y han mostrado su disposición de colaborar con la justicia, según la fiscal general, Thelma Aldana.
Analizan antejuicio contra el Presidente
Como consecuencia de las ilegalidades cometidas por el partido que llevó a la Presidencia a Jimmy Morales, el Ministerio Público pedirá al Tribunal Supremo Electoral cancelar a la organización política.
De concretarse esta solicitud, se sumaría al destino que ya corrieron los partidos Líder y Patriota.
Asimismo, las autoridades indicaron que al concluir la investigación, avanzada en un 90%, determinarán un nuevo antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, quien era el Secretario General cuando se cometieron las supuestas ilegalidades.