Si partimos de la premisa básica que establece que en Venezuela el sistema está hecho para mantener al oficialismo totalitario heredado de Maduro en el poder, lejos de todo peligro, sabemos que casi cualquier acción que la “oposición” difícilmente puede lograr cambios drásticos que beneficien a los ciudadanos venezolanos.

Aún así, algunos actores políticos clave no se rinden. Es el caso del Tribunal Supremo de Justicia conocido como “exiliado”, que fue electo por la Asamblea Legislativa, y rápidamente rechazado por el gobierno, que instauró un Tribunal Supremo afín a sus intereses y persiguió a los funcionarios que ocupaban el anterior organismo de justicia, quienes se exiliaron y desde ahí mantienen una pugna contra Maduro y su séquito.

Esta semana, estos funcionarios solicitaron al Legislativo un antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro por corrupción en el caso Odebrecht. Este proceso de naturaleza penal es promovido por funcionarios que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, eligió en 2015. Es importante saber que aunque la oposición es ampliamente reticente al chavismo, la esencia de los partidos mantiene una línea socialdemócrata que dista mucho de ser una solución estructural a los problemas que hoy aquejan al pueblo sudamericano.

No obstante, resulta sumamente interesante ver cómo, en el legítimo ejercicio de sus funciones, el Tribunal Supremo en el exilio actúa desde los Estados Unidos. Recuerda mucho a aquella situación ocurrida en Guatemala cuando, durante el gobierno de Serrano Elías, se intentó vetar del ejercicio de su función a la Corte de Constitucionalidad, cuyas funciones son propias de los magistrados y no del lugar en que se reúnen. En aquella ocasión, los magistrados actuaron desde fuera de las instalaciones de la Corte, pero revestidos de la legalidad que por sus cargos ostentaban.

Aún así, el caso de Venezuela es diferente porque el gobierno simplemente rechaza la legitimidad del acto jurídico solicitado por el Tribunal y aprobado por el Legislativo. En ese sentido, son reticentes a colaborar con la transparencia de los procesos gubernamentales y seguramente el proceso quedará totalmente infructuoso.

La lucha contra la opresión chavista aún continúa. Sin duda, la solución debe ser un poco más radical, y buscar una salida que, de raíz, elimine el problema que todo estatismo trae consigo: limitación de libertades, gobiernos omnipotentes y omnipresentes y miseria en todas sus formas.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo