Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Así, con esa afirmación tan ridícula pero sencilla, es que tenemos que comenzar a aclarar algunos asuntos. Supongamos, por ejempo, que bajo el supuesto de “poder” actuar de determinado modo, un gobierno toma ciertas acciones. Una cosa es, ciertamente, tener la facultad legal para hacerlo. Otra cosa es que eso sea una acción legítima y responsable de ese gobierno.

Así sucedió en los días recientes, cuando el Gobierno de Guatemala, arrogándose una facultad  diplomática (que en términos legales ciertamente tiene), solicitó a Venezuela y a Suecia el reemplazo de sus respectivos embajadores bajo el argumeto de la injerencia que ejercían los mismos.

Partamos de una verdad ineludible: ni las actitudes ni las actuaciones del embajador sueco ni de la venezolana (por obvias razones muy cercana al chavismo) son del todo rescatables. Es cierto que hay cuestiones fundamentalmente rechazables en lo que a “injerencia” se refiere.

Pero, siendo Guatemala un país soberano, y aludiendo el Gobierno a esa soberanía, la supuesta injerencia no debería ser argumento suficiente para intentar alejar a dos embajadores y pedir su remoción. Y es que, sin duda, a algunos nos asaltan dos dudas importantes:

Primero: ¿por qué hay tanta falta de liderazgo en el Gobierno como para que Jimmy Morales se asegure de que esa supuesta injerencia (que poco se refleja en poder político si el Gobierno no lo permite), no afecte los asuntos de orden nacional?

Segundo: En sus declaraciones posteriores a la solicitud del Gobierno, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, aseguró que la razón fundamental por la que se tomaba esta acción pertenecía a la naturaleza de la política exterior del Gobierno, pero que “no podía revelar detalles”. En ese orden de ideas, ¿qué clase de política exterior se esconde a los ojos del pueblo al que este gobierno se debe?

Y en resumen ¿qué miedo tiene este gobierno de lo que se pueda hacer sobre lo que se supone que tiene control?

Volvamos al principio: la legitimación legal para pedir ese reemplazo existe y es innegable. Pero sin duda alguna ni por asomo es argumento suficiente, porque no hay nexo causal entre lo que es legal y lo que es correcto, legítimo, responsable de parte de un gobierno. Así pues, este gobierno nos debe una explicación. En tanto no tenga fundamentos fuertes para exigir la partida de los dos embajadores, no es una actitutd  loable quererlos lejos.

Y ciertamente muchos de nosotros rechazamos frontalmente las propuestas y acciones del gobierno chavista que nos ha mandado una embajadora como la que tenemos. En ese sentido, la solución es “mantenerla a raya”, porque tanto la política exterior como la interior están en manos nuestras y no suyas. O por lo menos, eso quisiera pensar.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo