Una vez más, con poco de sorprendente y mucho de repitente, Guatemala está polarizada. Hoy, entre aquellos que se rasgan las vestiduras ante el resarcimiento que corresponde a las víctimas del caso Molina Theissen, y quienes se alegran de tal situación, que es producto de la histórica condena en la que el Tribunal de Mayor Riesgo C sentenció a cinco militares retirados.

No es necesario dar muchas explicaciones sobre lo que es noticia: los acusados fueron declarados culpables por cuatro delitos y sentenciados, posteriormente siendo obligado el Estado a resarcir los daños de forma pecuniaria. Esto último es causa o de alegría o de indignación. Sin embargo, ambas posturas tienen algo de deleznable y algo de sensato. Esta es precisamente una de las opiniones que harían que ambos bandos se enfurezcan.

Partamos primero por quienes rechazan la decisión judicial de condenar al estado a resarcir los daños.  El argumento es básicamente que quienes se benefician de esta medida son vividores que “hacen su agosto” a base de resarcimientos por el conflicto armado y que su única meta es hacer dinero con muertes ya perdonadas. Hay, además, quién se pregunta por qué debe resarcirse con fondos del estado, cuyos contribuyentes hoy son ajenos al conflicto y no tienen sobre sus hombros el peso de la guerra.

Bien, por una parte, no es extraño que las ONGs “de Derechos Humanos” busquen beneficiarse con el conflicto armado. Pero no son ellos quienes nos atañen. Hoy nos atañe la familia Molina Theissen, que es víctima porque el sistema judicial ha declarado culpables de la desaparición de Marco Antonio a los militares sindicados de los delitos. Es decir, la prueba ha sido valorada y los jueces los han encontrado culpables luego de un debido proceso, dando lugar a una sentencia condenatoria que afirma que se cometió el delito.

De ahí que provenga (y se justifique) el resarcimiento. Lo que la sentencia condenatoria afirma es que hay culpabilidad, y si de esa culpabilidad no se gesta una reparación digna, mantenemos este sistema en uno meramente punitivo. No podemos hoy buscar la reinserción social de militares retirados, pero sí debemos buscar reparar el daño causado porque la justicia es precisamente eso. Porque lo que sucedió entonces no debe repetirse nunca y parte de eso es que la familia reciba justicia.

No obstante, aunque hayan sido funcionarios del Gobierno y del Ejército de Guatemala hayan cometido los delitos “en nombre del país”, es muy cierto que el resarcimiento debería ser impuesto a quienes fueron hallados culpables de la comisión de los delitos.

Si se condena “al Estado” a pagar ese resarcimiento, a la vez se justifica que las acciones criminales de los entonces mandos militares culpables, fueron en nombre de Guatemala, que la República se equivocó. Y aunar esto al famoso argumento de que el gobierno “nos salvó del comunismo” evidenciaría que cualquier acción antihumanitaria y violatoria de derechos que persiga ese fin es un accionar por la República, y eso no es así. Quienes tuvieron en sus manos el poder, violando los preceptos legales más básicos se equivocaron. Guatemala no.

Aún así, hay quienes argumentan que no es posible que haya sido el Estado quien financió esos crímenes y las vidas de quienes los cometieron y que hoy se pretenda negar ese resarcimiento a las víctimas con fondos del Estado. Este pobre argumento es un non sequitur.

No debe ser el Estado quien financie crímenes ni vidas ni pensiones de ningún tipo para nadie, porque en un estado paternalista, la dependencia genera improductividad. No debe ser el Estado quien financie la comida o estilo de vida de militares o civiles y en ese sentido no se puede justificar que como ya se financió una cosa, se financie la otra. El non sequitur consiste en hacer creer que una cosa es o debe ser consecuencia de la otra.

Así pues, no es absolutamente deseable que del Estado se financien resarcimientos millonarios.

Pero hay una cosa sumamente importante que hay que entender: la familia ha establecido que no pedirá resarcimientos porque no es lo que quiere. Independientemente de si procede o no que el Estado cumpla con el resarcimiento, tanto izquierda como derecha están olvidando que lo primordial no es solo la justicia, sino la garantía de no repetición. Tanto izquierda como derecha quieren protagonismo y tanto izquierda como derecha han dejado de enfocarse en posibles soluciones a los problemas que nos aquejan.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo