Que Guatemala está pasando por una crisis a raíz del desastre causado por el Volcán de Fuego no es nada nuevo. Que la tragedia que ha afectado a miles de guatemaltecos, empezando por los más vulnerables, ha surtido efectos en todas las esferas sociales, económicas y políticas, no es un secreto. Este no es un problema que el gobierno de Jimmy Morales pueda esconder como si no hubiese sucedido nunca mientras calma sus efectos con soluciones gubernamentales como panacea. Esta es una tragedia nacional que ha demostrado que nuestro gobierno no está preparado para atender las vicisitudes naturales al área geográfica donde nos ubicamos.

En ese sentido, la crisis no está determinada sólo por el desastre natural, sino por la pobre respuesta institucional del gobierno hacia la misma. Esta ha partido de la poca preparación, de la falta de acción y de la poca permisividad para colaborar que el gobierno ha tenido con otros actores.

No hay excusa permitida que un gobierno pueda utilizar para justificar que se le hayan cerrado las puertas a furgones de ayuda salvadoreños. Cualquier gobierno es capaz de abrir sus puertas tras una rápida pero segura inspección de lo que se ingresa, dirigir la ayuda hacia las áreas afectadas y permitir la coordinación de su entrega, recepción y uso tomando medidas de seguridad necesarias para prevenir peligros o imprevistos negativos.

A su vez, no hay excusa permitida que se pueda utilizar para justificar que deba ser el gobierno y solamente el gobierno, quien a través de sus diversas instancias, coordine, regule y ejecute la ayuda humanitaria. Las enormes recolecciones que provienen de sociedad civil y cuerpos de rescate ajenos al gobierno, la capacidad de respuesta de los mismos y su eficaz organización demuestran que a lo mejor están más capacitados que el mismo gobierno para responder ante la crisis, pero sobre todo: demuestran que la ayuda no responde a nada más que a un interés solidario que es sobre todo voluntario, a diferencia del interés gubernamental.

Por último, no hay excusa permitida que justifique la incapacidad de los organismos gubernamentales para responder a la crisis, como ha demostrado la interpelación de la bancada de la UNE al secretario de CONRED, o las diferencias técnicas y estratégicas entre este ente y el INSIVUMEH. Este caos institucional no es aceptable y mucho menos justificable.

Así pues, puede asumirse que hay un problema superior a todos: el gobierno. De aquí es pertinente preguntarse si es conveniente que las soluciones que se presentan deban incluir el crecimiento del gobierno (en recursos, en personal, en instituciones) como base de la resolución de problemas. Ciertamente los guatemaltecos somos mucho más que el gobierno que nos representa, y ciertamente podemos mucho más cuando nos unimos que un gobierno que no deja de lado los disparates y la ineficacia.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo