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“Hay 15 mil personas queriendo prender un foquito en su casa”

Braulio Palacios
18 de junio, 2018

Amílcar Emilio Pedro Felipe, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de la aldea Yichcakchin, fue uno de los tres comunitarios que viajó más de 10 horas desde San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, para pedir al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no conceder los amparos que reclaman la instalación y licencia otorgada para la operación de la planta Hidroeléctrica denominado Pojom II.

“Nosotros como gente índigena, kanjobal y mestizos, pedimos que no se otorgue este amparo. Pónganse a pensar, hay 15 mil personas, en la zona norte de Huehuetenango, queriendo prender un foquito en su casa”, dijo Pedro Felipea los 13 magistrados de la CSJ, a quienes dijo que llegó a la ciudad de Guatemala acompañado de pobladores originarios del municipio.

Desde el podio, en donde habló no más de 10 minutos, el comunitario dijo sentir “pena y tristeza” porque gente ajena al municipio, y que vive en municipios que ya cuentan con servicio de luz eléctrica, se hagan pasar por “representantes” de su comunidad, que si necesita energía.

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“Pónganse en nuestro lugar, vivir 60 años sin luz. Una hora que se les vaya la luz (a ustedes), como se les haría el mundo”, les dijo a los togados, a quienes explicó que ya tienen logros gracias una mesa diálogo, a la cual han querido incluir a “grupos radicales”, pero que estos, han optado por rechazar la invitación ha incorporarse.

Mateo Alonzo Pascual, presidente de la organización “Trece Democracia, Consenso y Desarrollo”, manifestó que los amparistas “no representan a las comunidades organizadas por el desarrollo y la paz”.

“Ellos son lo que impulsan la desestabilización en el municipio. Somos una oposición constructiva”, indicó al señalar que se resisten a una ingobernabilidad que promueven comunitarios ajenos, que han conseguido que no haya en el lugar un Centro de Administración de Justicia, la salida de Juez de Paz y la Policía Nacional Civil (PNC). “Nos oponemos a ese camino que han tomado ellos, para que no haya presencia del Estado”.

Pascual indicó que el municipio se encuentra “abandonado” por la ausencia de una figura estatal, pero por medio de una mesa de diálogo, han logrado acercamientos. “El Estado está presente, y tenemos una oportunidad, estamos participando, porque queremos ser parte de nuestro desarrollo”, expresó.

Pido, dijo casi al concluir su alocución el presidente de “Trece Democracia”, que no se otorguen esos amparos, sería un retroceso. “¿En dónde quedarían los avances que hemos realizado en conjunto con el gobierno o los ministros?”, cuestionó el comunitario.

Bernando Marcial González, de la organización 23 comunidades de San Mateo Ixtatán, indicó vive a 200 metros de México, donde hay alumbrado e infraestructura vial, pero, que voltea a ver a su comunidad y no hay nada, solo oscuridad. “Si necesito atención médica para mí o mi familia, voy a México. Si quiero trabajar, voy a México… ¿Por qué, si soy de Guatemala?”.

El testimonio de los tres comunitarios fueron parte de los últimos alegatos que escucharon los magistrados, en una audiencia que se prolongo por más de tres horas y donde también se conoció la posición de los representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el Ministerio Público (MP), como terceros interesados en el caso.

Opiniones contrarias

La PGN se pronunció por medio de la abogada Jeannette Sunuc, quien dijo que luego de un análisis se consideró que debe negarse el amparo, entre otros, porque cuando se publicó el edicto del contrato en 2011, no hubo oposición ni objeción dentro del plazo de ley.

En desacuerdo, pidiendo que se diera con lugar la acción, se manifestó Edwin Chávez Chamalé, de la PDH. “Pido que se respete y se tutele efectivamente el derecho de consulta a los pueblos indígenas”, dijo en su alegato el abogado.

El MP, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, representada por la abogada Sara Zamora Ordoñez, señaló que si bien se han tenido acercamientos no se ha realizado la consultar a los pueblos afectados por el proyecto hidroeléctrico.

“No se advierte que se haya informado libremente y que no existe un acuerdo entre las partes”, señaló la abogada, quien dijo que ante la violación de derechos constitucionales se otorgue la acción solicitada, se suspenda el acto reclamado y se pida al MEM una nueva resolución.

Impacto económico y del sector

El Administrador del Mercado Mayorista (AMM), como entidad encargada de operar el mercado eléctrico nacional y su interacción con el mercado regional, tuvo su participación por medio de las abogadas Paola Navarro Archila y Melissa Monzón Cordón.

Navarro señaló que, si bien año con año, cambia la conformación del parque energético, la tecnología del uso de recursos hídricos es la más utilizada (actualmente representa más del 45 por ciento) para cubrir la demanda nacional.

“Los efectos por no contar con suficiente generación hidroeléctrica sería que todo se usaría para cubrir la demanda nacional, las exportaciones se cancelarían y se tendría que acudir a las importaciones desde México, corriendo el riesgo de sobrepasar los límites de compra de energía permitidos”, explicó.

“Conforme avance el tiempo disminuirían las reservas, ante la falta de disponibilidad y el costo de la operación se incrementaría. El agua no aprovechada se perdería de forma definitiva, ya que no se puede almacenar”, dijo al señalar los perjuicios irreversibles al mercado mayorista y a la economía nacional en general.

Monzón Cordón agregó que el costo operativo con hidroeléctricas es de US$1.3 millones, pero sin ellas, se encarece y llega a US$1.8 millones. “Se tiene una variación y se incrementa casi en US$500 mil, incluso los generadores de Guatemala podrían recibir una sanción por incumplir con la normativa regional sobre electricidad”, dijo.

“Si la energía proveniente de la generación hidroeléctrica se suspende, la medida tendría implicaciones graves y alcanzaría a todos los actores del subsector eléctrico y a los usuarios domiciliarios, por la disminución de la oferta y la escasez del mercado. “Por las anteriores razones, creemos que la acción de amparo debe ser declarada sin lugar”, terminó su alegato Monzón Cordón.

Los amparistas, sus abogados y opositores

Los amparistas, sus abogados, y opositores al proyecto hidroeléctrico presentaron sus alegatos argumentando la necesidad y el derecho a la consulta previa, de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La primera persona en presentar su opinión fue Felipe Gómez Andrés, solicitante del amparo 1044-2017), quien se pronunció en contra de la planta hidroeléctrica. Su exposición duró casi 8 minutos, ya que compartió espacio con el abogado Juan Jeremías Castro.

Castro expuso que la empresa Generadora San Mateo (GSM) no cumplió con todos los requisitos, entre ellos la consulta a las comunidades.

Gaspar Pérez, comunitario de San Mateo Ixtatán, Huehuetengango, pidió que se cancelará o suspendiera el proyecto hidroeléctrico. Sus alegatos incluyeron el daño ambiental que podría ocasionar la planta hidroeléctrica Pojom II.

El abogado de los amparistas, Benito Morales Laynez, pidió también la suspensión del proyecto y señaló que la responsabilidad del Gobierno es hacer las consultas y las empresas tienen que acogerse a la ley.

Moisés Morales, de una comunidad al norte de San Mateo Ixtatán, se pronunció en contra del proyecto hidroeléctrico por la posibilidad de que exista un desvío de tres ríos cercanos. “Tenemos más de 50 años de vivir sin luz”, expresó al indicar que prefiere contar con agua para uso de la comunidad, los cultivos y los animales.

Al concluir las alegatos de los interponentes y terceros interesados, los magistardos dieron a por concluida la audiencia, sin que se hiciera pública la fecha específica en que se conocería el fallo del pleno de la CSJ.

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“Hay 15 mil personas queriendo prender un foquito en su casa”

Braulio Palacios
18 de junio, 2018

Amílcar Emilio Pedro Felipe, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de la aldea Yichcakchin, fue uno de los tres comunitarios que viajó más de 10 horas desde San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, para pedir al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no conceder los amparos que reclaman la instalación y licencia otorgada para la operación de la planta Hidroeléctrica denominado Pojom II.

“Nosotros como gente índigena, kanjobal y mestizos, pedimos que no se otorgue este amparo. Pónganse a pensar, hay 15 mil personas, en la zona norte de Huehuetenango, queriendo prender un foquito en su casa”, dijo Pedro Felipea los 13 magistrados de la CSJ, a quienes dijo que llegó a la ciudad de Guatemala acompañado de pobladores originarios del municipio.

Desde el podio, en donde habló no más de 10 minutos, el comunitario dijo sentir “pena y tristeza” porque gente ajena al municipio, y que vive en municipios que ya cuentan con servicio de luz eléctrica, se hagan pasar por “representantes” de su comunidad, que si necesita energía.

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“Pónganse en nuestro lugar, vivir 60 años sin luz. Una hora que se les vaya la luz (a ustedes), como se les haría el mundo”, les dijo a los togados, a quienes explicó que ya tienen logros gracias una mesa diálogo, a la cual han querido incluir a “grupos radicales”, pero que estos, han optado por rechazar la invitación ha incorporarse.

Mateo Alonzo Pascual, presidente de la organización “Trece Democracia, Consenso y Desarrollo”, manifestó que los amparistas “no representan a las comunidades organizadas por el desarrollo y la paz”.

“Ellos son lo que impulsan la desestabilización en el municipio. Somos una oposición constructiva”, indicó al señalar que se resisten a una ingobernabilidad que promueven comunitarios ajenos, que han conseguido que no haya en el lugar un Centro de Administración de Justicia, la salida de Juez de Paz y la Policía Nacional Civil (PNC). “Nos oponemos a ese camino que han tomado ellos, para que no haya presencia del Estado”.

Pascual indicó que el municipio se encuentra “abandonado” por la ausencia de una figura estatal, pero por medio de una mesa de diálogo, han logrado acercamientos. “El Estado está presente, y tenemos una oportunidad, estamos participando, porque queremos ser parte de nuestro desarrollo”, expresó.

Pido, dijo casi al concluir su alocución el presidente de “Trece Democracia”, que no se otorguen esos amparos, sería un retroceso. “¿En dónde quedarían los avances que hemos realizado en conjunto con el gobierno o los ministros?”, cuestionó el comunitario.

Bernando Marcial González, de la organización 23 comunidades de San Mateo Ixtatán, indicó vive a 200 metros de México, donde hay alumbrado e infraestructura vial, pero, que voltea a ver a su comunidad y no hay nada, solo oscuridad. “Si necesito atención médica para mí o mi familia, voy a México. Si quiero trabajar, voy a México… ¿Por qué, si soy de Guatemala?”.

El testimonio de los tres comunitarios fueron parte de los últimos alegatos que escucharon los magistrados, en una audiencia que se prolongo por más de tres horas y donde también se conoció la posición de los representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el Ministerio Público (MP), como terceros interesados en el caso.

Opiniones contrarias

La PGN se pronunció por medio de la abogada Jeannette Sunuc, quien dijo que luego de un análisis se consideró que debe negarse el amparo, entre otros, porque cuando se publicó el edicto del contrato en 2011, no hubo oposición ni objeción dentro del plazo de ley.

En desacuerdo, pidiendo que se diera con lugar la acción, se manifestó Edwin Chávez Chamalé, de la PDH. “Pido que se respete y se tutele efectivamente el derecho de consulta a los pueblos indígenas”, dijo en su alegato el abogado.

El MP, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, representada por la abogada Sara Zamora Ordoñez, señaló que si bien se han tenido acercamientos no se ha realizado la consultar a los pueblos afectados por el proyecto hidroeléctrico.

“No se advierte que se haya informado libremente y que no existe un acuerdo entre las partes”, señaló la abogada, quien dijo que ante la violación de derechos constitucionales se otorgue la acción solicitada, se suspenda el acto reclamado y se pida al MEM una nueva resolución.

Impacto económico y del sector

El Administrador del Mercado Mayorista (AMM), como entidad encargada de operar el mercado eléctrico nacional y su interacción con el mercado regional, tuvo su participación por medio de las abogadas Paola Navarro Archila y Melissa Monzón Cordón.

Navarro señaló que, si bien año con año, cambia la conformación del parque energético, la tecnología del uso de recursos hídricos es la más utilizada (actualmente representa más del 45 por ciento) para cubrir la demanda nacional.

“Los efectos por no contar con suficiente generación hidroeléctrica sería que todo se usaría para cubrir la demanda nacional, las exportaciones se cancelarían y se tendría que acudir a las importaciones desde México, corriendo el riesgo de sobrepasar los límites de compra de energía permitidos”, explicó.

“Conforme avance el tiempo disminuirían las reservas, ante la falta de disponibilidad y el costo de la operación se incrementaría. El agua no aprovechada se perdería de forma definitiva, ya que no se puede almacenar”, dijo al señalar los perjuicios irreversibles al mercado mayorista y a la economía nacional en general.

Monzón Cordón agregó que el costo operativo con hidroeléctricas es de US$1.3 millones, pero sin ellas, se encarece y llega a US$1.8 millones. “Se tiene una variación y se incrementa casi en US$500 mil, incluso los generadores de Guatemala podrían recibir una sanción por incumplir con la normativa regional sobre electricidad”, dijo.

“Si la energía proveniente de la generación hidroeléctrica se suspende, la medida tendría implicaciones graves y alcanzaría a todos los actores del subsector eléctrico y a los usuarios domiciliarios, por la disminución de la oferta y la escasez del mercado. “Por las anteriores razones, creemos que la acción de amparo debe ser declarada sin lugar”, terminó su alegato Monzón Cordón.

Los amparistas, sus abogados y opositores

Los amparistas, sus abogados, y opositores al proyecto hidroeléctrico presentaron sus alegatos argumentando la necesidad y el derecho a la consulta previa, de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La primera persona en presentar su opinión fue Felipe Gómez Andrés, solicitante del amparo 1044-2017), quien se pronunció en contra de la planta hidroeléctrica. Su exposición duró casi 8 minutos, ya que compartió espacio con el abogado Juan Jeremías Castro.

Castro expuso que la empresa Generadora San Mateo (GSM) no cumplió con todos los requisitos, entre ellos la consulta a las comunidades.

Gaspar Pérez, comunitario de San Mateo Ixtatán, Huehuetengango, pidió que se cancelará o suspendiera el proyecto hidroeléctrico. Sus alegatos incluyeron el daño ambiental que podría ocasionar la planta hidroeléctrica Pojom II.

El abogado de los amparistas, Benito Morales Laynez, pidió también la suspensión del proyecto y señaló que la responsabilidad del Gobierno es hacer las consultas y las empresas tienen que acogerse a la ley.

Moisés Morales, de una comunidad al norte de San Mateo Ixtatán, se pronunció en contra del proyecto hidroeléctrico por la posibilidad de que exista un desvío de tres ríos cercanos. “Tenemos más de 50 años de vivir sin luz”, expresó al indicar que prefiere contar con agua para uso de la comunidad, los cultivos y los animales.

Al concluir las alegatos de los interponentes y terceros interesados, los magistardos dieron a por concluida la audiencia, sin que se hiciera pública la fecha específica en que se conocería el fallo del pleno de la CSJ.