Por: Licda. Paola Estrada C.
Cuando a nuestro país lo azota una crisis, tal como la erupción de un volcán, surgen nuestros héroes anónimos a su rescate. No todos los héroes buscan reconocimiento. Ese también fue el caso en 2015, cuando héroes anónimos buscaron proteger nuestro orden democrático y prevenir un fraude electoral.
Transparentar el financiamiento electoral es un fin loable y superior. Es una discusión vigente en todo el hemisferio. Once de 16 países latinoamericanos asignan multas por esta falta. En Estados Unidos se discute cómo transparentar el esquema de los Super PACs. Es un fin atinado en que se segrega el financiamiento lícito de aquel que proviene de fuentes ilícitas o las que esperan un retorno sobre su inversión.
Es un fin superior, un objetivo de democracias maduras y quienes han superado la capacidad de agresión, represión o represalias desde las agrupaciones políticas. Lastimosamente en nuestra joven y frágil democracia, la sangre derramada aún está fresca de esas épocas de violencia política. Porque el fin máximo de transparencia depende del fin primario de proteger la democracia sin poner en riesgo la vida.
Entre todos los casos y posibles esquemas de anonimato, el actual caso de fiscales seguramente es el más benigno al aportar hacia la fiscalización de una elección y la protección del voto popular. Bien valdría la pena preguntarnos sobre la persecución de aquellos legendarios y millonarios esquemas oscuros de promoción política: las vallas y muppies de la empresa vallera de alguien ahora prófugo, las bolsas solidarias o los imperios creados de seudomedios de comunicación. ¿Cuántos recursos se habrán canalizado a través de cada uno de esos canales? ¿Habrán quedado debidamente registrados en los libros de las agrupaciones políticas?
En nuestro país el aportar no es delito. Si lo fuera, no existiría la enorme presión por agregar el verbo rector de aportar a las modificaciones del artículo 407N. Y, si lo fuera, habría que investigar todos esos aportes por vía de pago de agencias de publicidad, contratación de vallas, o tantos otros esquemas para sufragar los fuertes gastos de publicidad. No solo no hemos visto mayores casos de la evidente campaña disfrazada, sino que tampoco los casos por financiamiento proveniente del crimen organizado o por quienes violan la limitación del diez por ciento de techo de campaña. Como reza el refrán, el que paga los músicos escoge las canciones. Pero de esos no hemos visto casos.
Ante la amenaza del coloso rojo y primer narcopresidente, los héroes anónimos actuaron, nunca esperando reconocimiento alguno. Héroes valientes que se arriesgaron para defender la voluntad popular. Sus acciones no agregaron voto alguno.
Entre tantos esquemas de supuestas donaciones ilícitas a la política, seguramente el actual caso es el más benigno de los ejemplos. El benigno anonimato no como un acto de mala fe sino como lo que es, un aporte al bien común sin ánimo de presumirlo.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Por: Licda. Paola Estrada C.
Cuando a nuestro país lo azota una crisis, tal como la erupción de un volcán, surgen nuestros héroes anónimos a su rescate. No todos los héroes buscan reconocimiento. Ese también fue el caso en 2015, cuando héroes anónimos buscaron proteger nuestro orden democrático y prevenir un fraude electoral.
Transparentar el financiamiento electoral es un fin loable y superior. Es una discusión vigente en todo el hemisferio. Once de 16 países latinoamericanos asignan multas por esta falta. En Estados Unidos se discute cómo transparentar el esquema de los Super PACs. Es un fin atinado en que se segrega el financiamiento lícito de aquel que proviene de fuentes ilícitas o las que esperan un retorno sobre su inversión.
Es un fin superior, un objetivo de democracias maduras y quienes han superado la capacidad de agresión, represión o represalias desde las agrupaciones políticas. Lastimosamente en nuestra joven y frágil democracia, la sangre derramada aún está fresca de esas épocas de violencia política. Porque el fin máximo de transparencia depende del fin primario de proteger la democracia sin poner en riesgo la vida.
Entre todos los casos y posibles esquemas de anonimato, el actual caso de fiscales seguramente es el más benigno al aportar hacia la fiscalización de una elección y la protección del voto popular. Bien valdría la pena preguntarnos sobre la persecución de aquellos legendarios y millonarios esquemas oscuros de promoción política: las vallas y muppies de la empresa vallera de alguien ahora prófugo, las bolsas solidarias o los imperios creados de seudomedios de comunicación. ¿Cuántos recursos se habrán canalizado a través de cada uno de esos canales? ¿Habrán quedado debidamente registrados en los libros de las agrupaciones políticas?
En nuestro país el aportar no es delito. Si lo fuera, no existiría la enorme presión por agregar el verbo rector de aportar a las modificaciones del artículo 407N. Y, si lo fuera, habría que investigar todos esos aportes por vía de pago de agencias de publicidad, contratación de vallas, o tantos otros esquemas para sufragar los fuertes gastos de publicidad. No solo no hemos visto mayores casos de la evidente campaña disfrazada, sino que tampoco los casos por financiamiento proveniente del crimen organizado o por quienes violan la limitación del diez por ciento de techo de campaña. Como reza el refrán, el que paga los músicos escoge las canciones. Pero de esos no hemos visto casos.
Ante la amenaza del coloso rojo y primer narcopresidente, los héroes anónimos actuaron, nunca esperando reconocimiento alguno. Héroes valientes que se arriesgaron para defender la voluntad popular. Sus acciones no agregaron voto alguno.
Entre tantos esquemas de supuestas donaciones ilícitas a la política, seguramente el actual caso es el más benigno de los ejemplos. El benigno anonimato no como un acto de mala fe sino como lo que es, un aporte al bien común sin ánimo de presumirlo.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo