El Juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, dijo que han sido los sindicados en el caso los que causan dificultades para avanzar.
En 2015 fue revelado el caso de corrupción que implicó a altos funcionarios de gobierno y de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Tres años después el proceso no ha llegado a juicio y las acciones legales de todas las partes involucradas causan poco avance.
Este miércoles estaba contemplado que fueran recibidas las pruebas que el Ministerio Público (MP) y los acusados utilizarán durante el debate oral y público.
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Sin embargo, renunció a la defensa Edgar Guerra, abogado defensor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, señalada de ser una de las dirigentes de la estructura de defraudación aduanera.
Baldetti dijo que hay otro jurista al que ella había buscado para que atendiera la diligencia de este miércoles, sin embargo, tenía que atender otros procesos.
La exvicepresidenta explicó que debe llegar a un acuerdo con el abogado que la defiende en el caso Lago de Amatitlán, para que sea él quien la represente en La Línea.
La Defensa Pública Penal asignó durante la audiencia a una abogada para Baldetti, pero ella la rechazó.
Caso estancado
El juez dijo que existe poco interés de los acusados en que se desarrolle el proceso y que no haya mayor avance. Añadió que el proceso podría retrasarse hasta tres años.
También dijo que el Sistema Penitenciario no ha querido cumplir, y citó de ejemplo la ausencia del expresidente Otto Pérez Molina a la audiencia.
Gálvez explicó que ordenó a presidios el traslado del exgobernante, y en otras ocasiones le han dicho que está enfermo.
“No me explico cuál es la tendencia de querer atrasar el proceso”, cuestionó el titular del juzgado.
Otra excusa
El abogado Mario Cuevas, defensor de Giovanni Marroquín Navas, habló ante el juez y dijo que hay recursos legales del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pendientes de resolver.
Gálvez respondió que cada vez que se resuelve un recurso, de inmediato es impugnado por las partes.
Finalmente, el juez fijó la audiencia de recepción de pruebas para el 9 de julio próximo.
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El Juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, dijo que han sido los sindicados en el caso los que causan dificultades para avanzar.
En 2015 fue revelado el caso de corrupción que implicó a altos funcionarios de gobierno y de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Tres años después el proceso no ha llegado a juicio y las acciones legales de todas las partes involucradas causan poco avance.
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La exvicepresidenta explicó que debe llegar a un acuerdo con el abogado que la defiende en el caso Lago de Amatitlán, para que sea él quien la represente en La Línea.
La Defensa Pública Penal asignó durante la audiencia a una abogada para Baldetti, pero ella la rechazó.
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También dijo que el Sistema Penitenciario no ha querido cumplir, y citó de ejemplo la ausencia del expresidente Otto Pérez Molina a la audiencia.
Gálvez explicó que ordenó a presidios el traslado del exgobernante, y en otras ocasiones le han dicho que está enfermo.
“No me explico cuál es la tendencia de querer atrasar el proceso”, cuestionó el titular del juzgado.
Otra excusa
El abogado Mario Cuevas, defensor de Giovanni Marroquín Navas, habló ante el juez y dijo que hay recursos legales del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pendientes de resolver.
Gálvez respondió que cada vez que se resuelve un recurso, de inmediato es impugnado por las partes.
Finalmente, el juez fijó la audiencia de recepción de pruebas para el 9 de julio próximo.
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