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Esto se sabe de las muertes de los dirigentes comunitarios

Glenda Sanchez
07 de agosto, 2018

Un promedio de cien denuncias contra defensores, activistas o líderes de Derechos Humanos registra al año el Ministerio Público (MP).

Más del 50 por ciento de las denuncias contra los dirigentes es por algún tipo de amenaza o coacción, citó la Fiscalía de Derechos Humanos del MP.

A diferencias de otros años, los ataques contra los dirigentes fueron más frecuentes entre marzo y julio, de este año, cuando se registraron unos nueve hechos.

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Esta situación alarmó algunas organizaciones sociales, que demandaron a las autoridades agilizar la investigación de los crímenes contra los activistas.

Preocupación por ataques

Mostraron su preocupación, pues sospechan que los ataques fueron por la labor de Derechos Humanos que realizaban en sus comunidades.

República conversó con la fiscalía responsable para conocer el avance de los casos y si están relacionados con el activismo.

Las autoridades indican que de los nueve casos registrados en ese periodo, solo tres se relacionan con la labor realizada por las víctimas en sus comunidades.

Citó que los casos son de activistas del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).

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Así van los casos

El primer proceso penal al que hizo referencia el MP es el de Ronal David Barillas Díaz, quien murió el 9 de enero de 2018 en Taxisco, Santa Rosa.

Según la investigación, el ataque fue directo contra Barrillas Díaz, y se presume que fue por el trabajo realizado por esta persona en Escuintla.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, indica que Barillas Díaz era defensor de los derechos del Pueblo Xinka, “particularmente en relación con la defensa del medio ambiente”.

El segundo es el de Luis Arturo Marroquín, quien era representante de Codeca.

Datos preliminares establecen que el ataque fue por el trabajo que realizaba en su comunidad.

Detalles del caso

“El móvil se presume que es político, se sabe que él contemplaba participar como candidato alcalde de ese municipio (…) y era muy querido por los comunitarios, pues su fin era solucionar varios problemas que tenía la comunidad”, explicó el MP.

Las autoridades informaron que el 9 de mayo fue asesinado Luis Arturo Marroquín, de 47 años. Según el informe policial, Marroquín, murió baleado en San Luis Jilotepeque, Jalapa.

Por último dijo que el caso más avanzado es el de José Xol Caal, miembro del CCDA, de 37 años, quien murió baleado en Choctún Basilá, Cobán.

“La investigación apunta a que el ataque fue por la conflictividad de tierra. Ya se tienen individualizada a las dos personas que cometieron el ataque, están pendientes las dos órdenes de captura”, agregó la fiscalía.

El caso más reciente fue el de Juana Raymundo, crimen por el cual organizaciones extranjeras y otras entidades, urgieron al Estado investigar y dar con los responsables del crimen.

El caso de Juana Raymundo

El MP añadió que el caso de Juana Raymundo, lideresa maya ixil de Nebaj, Quiché, fue remitido a la Fiscalía de Femicidio, porque los indicios descartan que la muerte tenga relación con el activismo realizado.

Raymundo recién fue electa como miembro del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, un comité pro formación, relacionado con Codeca.

Mesa de trabajo

Aunado al trabajo que realiza la Fiscalía de Derechos Humanos, el MP coordinó la instalación de una mesa técnica para dar seguimiento a los procesos.

La mesa de trabajo está integrada por la Fiscalía de Derechos Humanos y el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca).

Además, se pidió a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que brinde medidas de protección a defensores que han sufrido amenazas.

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07 de agosto, 2018

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Más del 50 por ciento de las denuncias contra los dirigentes es por algún tipo de amenaza o coacción, citó la Fiscalía de Derechos Humanos del MP.

A diferencias de otros años, los ataques contra los dirigentes fueron más frecuentes entre marzo y julio, de este año, cuando se registraron unos nueve hechos.

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Preocupación por ataques

Mostraron su preocupación, pues sospechan que los ataques fueron por la labor de Derechos Humanos que realizaban en sus comunidades.

República conversó con la fiscalía responsable para conocer el avance de los casos y si están relacionados con el activismo.

Las autoridades indican que de los nueve casos registrados en ese periodo, solo tres se relacionan con la labor realizada por las víctimas en sus comunidades.

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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, indica que Barillas Díaz era defensor de los derechos del Pueblo Xinka, “particularmente en relación con la defensa del medio ambiente”.

El segundo es el de Luis Arturo Marroquín, quien era representante de Codeca.

Datos preliminares establecen que el ataque fue por el trabajo que realizaba en su comunidad.

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Las autoridades informaron que el 9 de mayo fue asesinado Luis Arturo Marroquín, de 47 años. Según el informe policial, Marroquín, murió baleado en San Luis Jilotepeque, Jalapa.

Por último dijo que el caso más avanzado es el de José Xol Caal, miembro del CCDA, de 37 años, quien murió baleado en Choctún Basilá, Cobán.

“La investigación apunta a que el ataque fue por la conflictividad de tierra. Ya se tienen individualizada a las dos personas que cometieron el ataque, están pendientes las dos órdenes de captura”, agregó la fiscalía.

El caso más reciente fue el de Juana Raymundo, crimen por el cual organizaciones extranjeras y otras entidades, urgieron al Estado investigar y dar con los responsables del crimen.

El caso de Juana Raymundo

El MP añadió que el caso de Juana Raymundo, lideresa maya ixil de Nebaj, Quiché, fue remitido a la Fiscalía de Femicidio, porque los indicios descartan que la muerte tenga relación con el activismo realizado.

Raymundo recién fue electa como miembro del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, un comité pro formación, relacionado con Codeca.

Mesa de trabajo

Aunado al trabajo que realiza la Fiscalía de Derechos Humanos, el MP coordinó la instalación de una mesa técnica para dar seguimiento a los procesos.

La mesa de trabajo está integrada por la Fiscalía de Derechos Humanos y el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca).

Además, se pidió a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que brinde medidas de protección a defensores que han sufrido amenazas.

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