La célebre frase del economista Milton Friedman “Nadie gasta el dinero de otra persona tan cuidadosamente como gasta el suyo. Nadie usa los recursos de otra persona con tanto cuidado como utiliza los suyos. Así que si quieres la eficiencia y la eficacia, si desea que el conocimiento sea utilizado apropiadamente, usted tiene que hacerlo a través de los medios de propiedad privada” tiene una gran relevancia actualmente en Guatemala.
Grupos organizados como CODECA y CUC que confesamente hurtan la energía de la empresa distribuidora de energía causan un daño patrimonial y además causan un grave daño en la sociedad. El daño patrimonial que causa grupos CODECA y CUC es sencillo de comprender, le roban la energía a una empresa que la distribuye quien anteriormente adquirió esa energía por un precio determinado para su posterior distribución.
Sumado al robo de la energía, que no es poca cosa, estos grupos también solicitan de forma constante la nacionalización de la energía. Si la economía de Guatemala está con la soga en el cuello la nacionalización de la energía eléctrica sería el acabose para el desarrollo económico de los individuos en esta sociedad.
El modelo energético de Guatemala evolucionó hace unos años demostrando que la administración de recursos es más eficiente en manos de privados que en lo público. Un ejemplo de ello es la administración de los puertos y aeropuertos en Guatemala los cuales no son administrados eficientemente causando costos elevados no solo a sus usuarios sino a la mayoría que indirectamente hacen uso de dichos servicios.
Un uso público ineficiente en la generación y distribución de la energía eléctrica no implica únicamente una factura de energía eléctrica más elevada cada mes sino que implica que el precio de otros productos también se verá afectado; por ejemplo el super mercado tendría que pagar más por la energía eléctrica que utiliza para mantener frescos los productos e iluminación del local, costo que trasladaría vendiendo productos a un precio mayor a usted, el consumidor final.
La permisibilidad de estas acciones ilícitas de robo de energía causan un grave daño a la sociedad porque al no ser perseguido este delito; en primer lugar si no se persigue y castiga penalmente el delito es obvio que dichos grupos lo seguirán cometiendo e incluso aumentará su actividad delictiva replicándolo en otros lugares u otros grupos replicarán dicha actividad ilícita. Otro aspecto negativo es que la empresa que distribuye la energía eléctrica que está siendo robada está en un dilema injusto ¿A quién le traslada ese costo de la energía robada? ¿Corta el servicio eléctrico en el lugar donde está siendo robada? ¿Asume el costo del robo esa energía?
Por otro lado los miembros de dichas comunidades que pagan una tarifa fija de Q.50 o Q.25 a los ladrones de la energía tienen el incentivo perverso de utilizar la misma de una forma ineficiente ya que el precio de su uso no varía, lo que aumenta cada vez más el costo del robo del cual están siendo víctimas las empresas distribuidoras de energía. A todos estos problemas se suma la conflictividad social que genera luego el corte del servicio o el cobro de la deuda. Todo esto pudiendo ser evitado si se cumpliera la ley.
A pesar que NADIE PUEDE ALEGAR IGNORANCIA ANTE LA LEY, termino esta columna con un amigable recordatorio: conectarse a un servicio por el que no está pagando es un delito tipificado en el código penal “Quien, ilícitamente, sustrajere energía eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación cualquier otro fluido ajeno…”
@joseecheve
Repúica es ajena a la opinión expresada en este artículo
La célebre frase del economista Milton Friedman “Nadie gasta el dinero de otra persona tan cuidadosamente como gasta el suyo. Nadie usa los recursos de otra persona con tanto cuidado como utiliza los suyos. Así que si quieres la eficiencia y la eficacia, si desea que el conocimiento sea utilizado apropiadamente, usted tiene que hacerlo a través de los medios de propiedad privada” tiene una gran relevancia actualmente en Guatemala.
Grupos organizados como CODECA y CUC que confesamente hurtan la energía de la empresa distribuidora de energía causan un daño patrimonial y además causan un grave daño en la sociedad. El daño patrimonial que causa grupos CODECA y CUC es sencillo de comprender, le roban la energía a una empresa que la distribuye quien anteriormente adquirió esa energía por un precio determinado para su posterior distribución.
Sumado al robo de la energía, que no es poca cosa, estos grupos también solicitan de forma constante la nacionalización de la energía. Si la economía de Guatemala está con la soga en el cuello la nacionalización de la energía eléctrica sería el acabose para el desarrollo económico de los individuos en esta sociedad.
El modelo energético de Guatemala evolucionó hace unos años demostrando que la administración de recursos es más eficiente en manos de privados que en lo público. Un ejemplo de ello es la administración de los puertos y aeropuertos en Guatemala los cuales no son administrados eficientemente causando costos elevados no solo a sus usuarios sino a la mayoría que indirectamente hacen uso de dichos servicios.
Un uso público ineficiente en la generación y distribución de la energía eléctrica no implica únicamente una factura de energía eléctrica más elevada cada mes sino que implica que el precio de otros productos también se verá afectado; por ejemplo el super mercado tendría que pagar más por la energía eléctrica que utiliza para mantener frescos los productos e iluminación del local, costo que trasladaría vendiendo productos a un precio mayor a usted, el consumidor final.
La permisibilidad de estas acciones ilícitas de robo de energía causan un grave daño a la sociedad porque al no ser perseguido este delito; en primer lugar si no se persigue y castiga penalmente el delito es obvio que dichos grupos lo seguirán cometiendo e incluso aumentará su actividad delictiva replicándolo en otros lugares u otros grupos replicarán dicha actividad ilícita. Otro aspecto negativo es que la empresa que distribuye la energía eléctrica que está siendo robada está en un dilema injusto ¿A quién le traslada ese costo de la energía robada? ¿Corta el servicio eléctrico en el lugar donde está siendo robada? ¿Asume el costo del robo esa energía?
Por otro lado los miembros de dichas comunidades que pagan una tarifa fija de Q.50 o Q.25 a los ladrones de la energía tienen el incentivo perverso de utilizar la misma de una forma ineficiente ya que el precio de su uso no varía, lo que aumenta cada vez más el costo del robo del cual están siendo víctimas las empresas distribuidoras de energía. A todos estos problemas se suma la conflictividad social que genera luego el corte del servicio o el cobro de la deuda. Todo esto pudiendo ser evitado si se cumpliera la ley.
A pesar que NADIE PUEDE ALEGAR IGNORANCIA ANTE LA LEY, termino esta columna con un amigable recordatorio: conectarse a un servicio por el que no está pagando es un delito tipificado en el código penal “Quien, ilícitamente, sustrajere energía eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación cualquier otro fluido ajeno…”
@joseecheve
Repúica es ajena a la opinión expresada en este artículo