Por alguna extraña razón, al menos para quien razona de manera lógica, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, CC, continúan sin resolver en forma definitiva el amparo que le otorgaron a la organización Calas en contra del gobierno.
Ya han pasado 400 días desde el cierre de la Mina San Rafael, durante ese tiempo se ha dejado de producir riqueza, la economía del lugar es la más afectada. Más de Q450 millones de quetzales en impuestos se han dejado de generar y por ende el gobierno ha dejado de recibir. Aproximadamente 700 empleados de la mina han sido despedidos y más de 6,500 personas han resultado afectadas de forma indirecta.
La actitud y lentitud de los magistrados de la CC para resolver este caso contrasta con la rapidez con la que resolvieron el amparo a favor del procurador de los derechos humanos en el caso del embajador de Suecia o del comisionado de la CICIG.
La incertidumbre jurídica en la que se mantiene el país, se agrava aún más cuando el máximo tribunal con su inacción. En artículos anteriores mencionaba que “Uno de los problemas con los fallos volubles de las Cortes es que se pierde un elemento indispensable para la inversión, la certeza jurídica. La situación de incertidumbre en el ámbito legal se puede analizar desde varias aristas, la más visible es la económica, la otra menos visible pero no por ello menos importante es la moral.
En el aspecto moral, parece que las decisiones de las Cortes comprueban que el Convenio 169 se ha convertido en la excusa perfecta para implementar el colectivismo. Lo políticamente correcto se impone a lo moralmente correcto y la justicia se vuelve irrelevante. El individuo es insignificante ante la masa y sus derechos están supeditados a lo que decida el grupo organizado.
La falta de certeza jurídica, nos puede llevar a caer en el cinismo de creer que cumplir con la ley es un lastre más que una protección de nuestros derechos. La ausencia de leyes morales nos hace creer que sirven para imponer caprichos de colectivos y no para protegernos de ellos.
‘Desafortunadamente el Convenio 169 se ha convertido, al parecer, en el arma perfecta para los enemigos de la creación de riqueza, de los pobres y de la certeza jurídica”.
Si consideramos que en un caso muy parecido, el caso Oxec, los magistrados establecieron de forma unánime una “resolución estructural”, uno se pregunta si ¿más de 300 días no son más que suficientes para resolver cuanto antes?
Será que 400 días de cierre no bastan, 300 días sin resolver tampoco, ¿tal vez los 700 trabajadores de la mina que se han quedado sin ingresos serán suficientes? Más allá de las pasiones que desata el tema de la minería está el aspecto de la certeza jurídica, vital para atraer inversiones y generar la riqueza tan necesaria para nuestro país.
@Md30
Facebook.com/Mda30
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Por alguna extraña razón, al menos para quien razona de manera lógica, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, CC, continúan sin resolver en forma definitiva el amparo que le otorgaron a la organización Calas en contra del gobierno.
Ya han pasado 400 días desde el cierre de la Mina San Rafael, durante ese tiempo se ha dejado de producir riqueza, la economía del lugar es la más afectada. Más de Q450 millones de quetzales en impuestos se han dejado de generar y por ende el gobierno ha dejado de recibir. Aproximadamente 700 empleados de la mina han sido despedidos y más de 6,500 personas han resultado afectadas de forma indirecta.
La actitud y lentitud de los magistrados de la CC para resolver este caso contrasta con la rapidez con la que resolvieron el amparo a favor del procurador de los derechos humanos en el caso del embajador de Suecia o del comisionado de la CICIG.
La incertidumbre jurídica en la que se mantiene el país, se agrava aún más cuando el máximo tribunal con su inacción. En artículos anteriores mencionaba que “Uno de los problemas con los fallos volubles de las Cortes es que se pierde un elemento indispensable para la inversión, la certeza jurídica. La situación de incertidumbre en el ámbito legal se puede analizar desde varias aristas, la más visible es la económica, la otra menos visible pero no por ello menos importante es la moral.
En el aspecto moral, parece que las decisiones de las Cortes comprueban que el Convenio 169 se ha convertido en la excusa perfecta para implementar el colectivismo. Lo políticamente correcto se impone a lo moralmente correcto y la justicia se vuelve irrelevante. El individuo es insignificante ante la masa y sus derechos están supeditados a lo que decida el grupo organizado.
La falta de certeza jurídica, nos puede llevar a caer en el cinismo de creer que cumplir con la ley es un lastre más que una protección de nuestros derechos. La ausencia de leyes morales nos hace creer que sirven para imponer caprichos de colectivos y no para protegernos de ellos.
‘Desafortunadamente el Convenio 169 se ha convertido, al parecer, en el arma perfecta para los enemigos de la creación de riqueza, de los pobres y de la certeza jurídica”.
Si consideramos que en un caso muy parecido, el caso Oxec, los magistrados establecieron de forma unánime una “resolución estructural”, uno se pregunta si ¿más de 300 días no son más que suficientes para resolver cuanto antes?
Será que 400 días de cierre no bastan, 300 días sin resolver tampoco, ¿tal vez los 700 trabajadores de la mina que se han quedado sin ingresos serán suficientes? Más allá de las pasiones que desata el tema de la minería está el aspecto de la certeza jurídica, vital para atraer inversiones y generar la riqueza tan necesaria para nuestro país.
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República es ajena a la opinión expresada en este artículo