El domingo 27 de agosto de 2017 los guatemaltecos se despertaron con una noticia que estableció una nueva relación entre el Ejecutivo y la CICIG: la declaratoria de non grato al comisionado Iván Velásquez y su expulsión del país.
La decisión del mandatario se basó en que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a cargo de Velásquez, se había extralimitado en las funciones establecidas en su mandato.
La salida del abogado de origen colombiano no se concretó luego de una decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), que anuló la declaratoria del presidente guatemalteco.
A partir de ese momento la relación que ya estaba deteriorada, se rompió y Jimmy Morales no volvió a cruzar palabra con el jefe de la CICIG. Seis meses después de la declaratoria de non grato, estuvieron a unos pasos, en la Catedral Metropolitana durante una misa por el fallecimiento del arzobispo Julio Vian, pero no cruzaron saludo.
Proceso contra un hijo y el hermano, causa del distanciamiento
El primer año del gobierno de Jimmy Morales, 2016, fue de buena relación con la CICIG. Incluso, el mandatario participó en una de las conferencias de prensa de la entidad internacional y del Ministerio Público (MP).
Pero en enero de 2017 las cosas empezaron a cambiar. A mediados de ese mes fueron capturados Sammy Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del Presidente, implicados en el caso Botín Registro de la Propiedad.
Los meses siguientes la relación se debilitó y en agosto se rompió. El viernes 25 de ese mes, el MP y la CICIG presentaron un antejuicio contra Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito.
Un día antes, el jueves 24 de agosto, estas entidades realizaron una conferencia de prensa para informar de un proceso penal contra los partidos UNE y Líder, así como las solicitudes de antejuicio contra los secretarios generales de esas agrupaciones, en 2015, Orlando Blanco y Roberto Villate.
Ese jueves, mientras Jimmy Morales se encontraba en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se rumoraba que su viaje era para pedir la remoción de Iván Velásquez, el MP no dijo nada de algún caso contra FCN Nación, pero al día siguiente anunció un proceso contra el partido oficial y antejuicio contra el mandatario.
El mensaje del domingo
El sábado 26 de agosto hubo una comunicación oficial acerca del motivo del viaje del mandatario y su reunión con el Secretario General de la ONU.
En la cita con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, “se planteó la necesidad que la CICIG se circunscribiera al mandato otorgado para su funcionamiento y al ordenamiento jurídico y constitucional de la República de Guatemala”, decía el comunicado oficial.
Previo al viaje del Presidente, la fiscal general y jefa del MP, Thelma Aldana, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook por medio del cual condicionó su permanencia en el cargo a que continuara Velásquez, pues según ella, había confirmado que Morales iba a pedir a Guterres, el relevo del jefe de la CICIG.
Y cuando se creyó que el asunto se había cerrado, por lo menos en ese fin de semana, el domingo a las 6:00 horas se publicó en las redes sociales del Gobierno la decisión de declarar non grato a Velásquez y ordenar su expulsión.
Ya pasaron doce meses y la relación no volvió a restaurarse. Lejos de ello, en la ONU sigue el proceso para retirar a Velásquez al frente de la CICIG. La canciller Sandra Jovel externó tres puntos presentados contra el abogado colombiano:
- Mediatización de los casos
- Mediatización de la presunción de inocencia
- Injerencia extranjera
¿Cuál es el mandato de la CICIG?
La CICIG fue instaurada en Guatemala en 2007. Durante los once años de permanencia en Guatemala ha sido dirigida por tres funcionarios: Carlos Castresana, Francisco Dall’Anese e Iván Velásquez.
Estos puntos abarcan su mandato y en estos debe ocuparse, según el acuerdo suscrito por Guatemala y ratificado por el Congreso de la República.
- Primero, la CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.
- Segundo, la CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;
- Tercero, la CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.
El domingo 27 de agosto de 2017 los guatemaltecos se despertaron con una noticia que estableció una nueva relación entre el Ejecutivo y la CICIG: la declaratoria de non grato al comisionado Iván Velásquez y su expulsión del país.
La decisión del mandatario se basó en que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a cargo de Velásquez, se había extralimitado en las funciones establecidas en su mandato.
La salida del abogado de origen colombiano no se concretó luego de una decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), que anuló la declaratoria del presidente guatemalteco.
A partir de ese momento la relación que ya estaba deteriorada, se rompió y Jimmy Morales no volvió a cruzar palabra con el jefe de la CICIG. Seis meses después de la declaratoria de non grato, estuvieron a unos pasos, en la Catedral Metropolitana durante una misa por el fallecimiento del arzobispo Julio Vian, pero no cruzaron saludo.
Proceso contra un hijo y el hermano, causa del distanciamiento
El primer año del gobierno de Jimmy Morales, 2016, fue de buena relación con la CICIG. Incluso, el mandatario participó en una de las conferencias de prensa de la entidad internacional y del Ministerio Público (MP).
Pero en enero de 2017 las cosas empezaron a cambiar. A mediados de ese mes fueron capturados Sammy Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del Presidente, implicados en el caso Botín Registro de la Propiedad.
Los meses siguientes la relación se debilitó y en agosto se rompió. El viernes 25 de ese mes, el MP y la CICIG presentaron un antejuicio contra Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito.
Un día antes, el jueves 24 de agosto, estas entidades realizaron una conferencia de prensa para informar de un proceso penal contra los partidos UNE y Líder, así como las solicitudes de antejuicio contra los secretarios generales de esas agrupaciones, en 2015, Orlando Blanco y Roberto Villate.
Ese jueves, mientras Jimmy Morales se encontraba en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se rumoraba que su viaje era para pedir la remoción de Iván Velásquez, el MP no dijo nada de algún caso contra FCN Nación, pero al día siguiente anunció un proceso contra el partido oficial y antejuicio contra el mandatario.
El mensaje del domingo
El sábado 26 de agosto hubo una comunicación oficial acerca del motivo del viaje del mandatario y su reunión con el Secretario General de la ONU.
En la cita con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, “se planteó la necesidad que la CICIG se circunscribiera al mandato otorgado para su funcionamiento y al ordenamiento jurídico y constitucional de la República de Guatemala”, decía el comunicado oficial.
Previo al viaje del Presidente, la fiscal general y jefa del MP, Thelma Aldana, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook por medio del cual condicionó su permanencia en el cargo a que continuara Velásquez, pues según ella, había confirmado que Morales iba a pedir a Guterres, el relevo del jefe de la CICIG.
Y cuando se creyó que el asunto se había cerrado, por lo menos en ese fin de semana, el domingo a las 6:00 horas se publicó en las redes sociales del Gobierno la decisión de declarar non grato a Velásquez y ordenar su expulsión.
Ya pasaron doce meses y la relación no volvió a restaurarse. Lejos de ello, en la ONU sigue el proceso para retirar a Velásquez al frente de la CICIG. La canciller Sandra Jovel externó tres puntos presentados contra el abogado colombiano:
- Mediatización de los casos
- Mediatización de la presunción de inocencia
- Injerencia extranjera
¿Cuál es el mandato de la CICIG?
La CICIG fue instaurada en Guatemala en 2007. Durante los once años de permanencia en Guatemala ha sido dirigida por tres funcionarios: Carlos Castresana, Francisco Dall’Anese e Iván Velásquez.
Estos puntos abarcan su mandato y en estos debe ocuparse, según el acuerdo suscrito por Guatemala y ratificado por el Congreso de la República.
- Primero, la CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.
- Segundo, la CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;
- Tercero, la CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.