La decisión del presidente Jimmy Morales de impedir el ingreso a Guatemala de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), agita de nuevo el sistema jurídico y político del país.
Para algunos abogados el mandatario actuó conforme la ley, pero otros consideran lo contrario, y hasta ven un posible rompimiento constitucional si el Presidente mantiene su postura frente a una eventual resolución de la Corte de Constitucionalidad.
Mientras tanto, no se descartan consecuencias en el ámbito político nacional e internacional luego de la decisión de Morales de prohibir que Velásquez retorne al país. El jefe de la CICIG viajó este lunes a Estados Unidos para cumplir con su agenda de trabajo.
Te sugerimos leer:
Actuó según la ley
Según el expresidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina, el Presidente basó su decisión en la normativa de Migración que faculta a las autoridades prohibir el ingreso de personas que se consideren alteran el orden y la seguridad pública.
Explica que en ese aspecto el mandatario cumplió con la ley, pero quedan dudas acerca de cuáles son los motivos para establecer que el jefe de la CICIG puede ser causa para “alterar el orden”.
“Desconocemos los elementos que consideró el Consejo de Seguridad Nacional y el Presidente”, señala Molina.
En el ámbito político hay “suspicacia y duda de cuáles fueron los fundamentos” para impedir que Velásquez retorne al país”, comenta el constitucionalista.
“Es evidente que todo este conflicto entre el Presidente y el Comisionado ha levantado pasiones y ha llegado a confrontación alrededor del tema”
constitucionalista Roberto Molina Barreto.
Acciones legales
Acerca de la posibilidad de acciones legales para frenar la decisión de Jimmy Morales, Molina no las descarta, como ha ocurrido en anteriores ocasiones.
“Es posible que como ha ocurrido con todos los actos del Presidente, se presenten impugnaciones por medio de un amparo en la Corte de Constitucionalidad y que esa entidad considere que haya incumplimiento de resoluciones anteriores”, enfatiza el entrevistado.
En este caso, el constitucionalista anticipa mayor tensión de la que ya existe en el país y nuevas reacciones de la comunidad internacional que apoya a la CICIG.
Decisión es ilegal
El Presidente está sustentando su decisión en el Código de Migración.
El convenio con la CICIG en su artículo 10 es claro al indicar que el Comisionado está exento de disposiciones que restrinjan la migración.
“Creo que la acción de impedir el ingreso del Comisionado es ilegal, no debiera ser obedecida por las autoridades migratorias”, considera el constitucionalista Wilve Salazar.
Además, el abogado ve algunas consecuencias del proceder del Presidente. “Evidentemente existe materia para plantear una acción de amparo ante la CC y aunque la Corte indicó ayer (lunes) que no veía amenaza, hoy (martes) eso cambia. Es posible que la CC otorgue un amparo que revoque esta decisión”, subraya Salazar.
Y su análisis va más allá.
“El comportamiento errático del Presidente en los últimos días nos pueden llevar a concluir que no obedecerá una resolución de la Corte en este sentido, lo que provocaría un rompimiento constitucional y ya todos sabemos donde está Serrano Elías”, apunta el jurista.
Otro punto que ve desfavorable en la decisión de Jimmy Morales, es que “el Presidente la califica como una decisión que resguarda el orden y seguridad pública, sin embargo, ésta situación constitucional de Estado se califica en Consejo de Ministros, emitiendo el decreto correspondiente”, dice Salazar.
En relación con la posibilidad de aplicar la resolución del año pasado a este caso, el entrevistado considera que no es posible.
“No hay desacato ni desobediencia porque el acto impugnado fue la declaratoria de non grato y este es un nuevo proceso. La resolución de la Corte de Constitucionalidad fue de abstenerse de ejecutar la decisión de declarar non grato al Comisionado y este es un nuevo acto, a mi criterio ilegal e impugnable”, concluye Salazar.
- Te puede interesar:
Un llamado a la concordia
Para el abogado Alejandro Arenales, vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), es importante es que los guatemaltecos mantengan la armonía y no se desatienda la lucha contra la corrupción.
A su juicio, el Presidente actuó conforme las facultades de la Constitución, pero hizo un llamado a la población a mantener la calma y esperar que se fortalezcan las instituciones.
Considera que el país está viviendo momentos difíciles, pero se sabrá sobreponer a estos obstáculos. Hizo un llamado a la población para continuar la lucha contra la corrupción, que la sociedad no desmaye en este esfuerzo.
Añadió que el Cedecon analiza la decisión del mandatario y es posible que fijen una postura el miércoles.
Ven mayor inestabilidad
La decisión del Presidente “no ayuda en las condiciones políticas e institucionales del país y aumenta la inestabilidad”, indica el politólogo Jahir Dabroy.
“Es una situación preocupante que vulnera la estabilidad política del país y acentúa la crisis que se esta viviendo”
Jahir Dabroy
El analista considera que en Guatemala, en este momento, es determinante el papel del Ministerio Público y de la Corte de Constitucionalidad, además de los diversos sectores descontentos por la forma en que se ha tomado la lucha contra la corrupción.
En el ámbito internacional, Debroy dice que es clave ver cuál será la decisión de la ONU, si acepta remover al Comisionado, además de la posición que adopte Estados Unidos, uno de los mayores donantes de la CICIG.
La decisión del presidente Jimmy Morales de impedir el ingreso a Guatemala de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), agita de nuevo el sistema jurídico y político del país.
Para algunos abogados el mandatario actuó conforme la ley, pero otros consideran lo contrario, y hasta ven un posible rompimiento constitucional si el Presidente mantiene su postura frente a una eventual resolución de la Corte de Constitucionalidad.
Mientras tanto, no se descartan consecuencias en el ámbito político nacional e internacional luego de la decisión de Morales de prohibir que Velásquez retorne al país. El jefe de la CICIG viajó este lunes a Estados Unidos para cumplir con su agenda de trabajo.
Te sugerimos leer:
Actuó según la ley
Según el expresidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina, el Presidente basó su decisión en la normativa de Migración que faculta a las autoridades prohibir el ingreso de personas que se consideren alteran el orden y la seguridad pública.
Explica que en ese aspecto el mandatario cumplió con la ley, pero quedan dudas acerca de cuáles son los motivos para establecer que el jefe de la CICIG puede ser causa para “alterar el orden”.
“Desconocemos los elementos que consideró el Consejo de Seguridad Nacional y el Presidente”, señala Molina.
En el ámbito político hay “suspicacia y duda de cuáles fueron los fundamentos” para impedir que Velásquez retorne al país”, comenta el constitucionalista.
“Es evidente que todo este conflicto entre el Presidente y el Comisionado ha levantado pasiones y ha llegado a confrontación alrededor del tema”
constitucionalista Roberto Molina Barreto.
Acciones legales
Acerca de la posibilidad de acciones legales para frenar la decisión de Jimmy Morales, Molina no las descarta, como ha ocurrido en anteriores ocasiones.
“Es posible que como ha ocurrido con todos los actos del Presidente, se presenten impugnaciones por medio de un amparo en la Corte de Constitucionalidad y que esa entidad considere que haya incumplimiento de resoluciones anteriores”, enfatiza el entrevistado.
En este caso, el constitucionalista anticipa mayor tensión de la que ya existe en el país y nuevas reacciones de la comunidad internacional que apoya a la CICIG.
Decisión es ilegal
El Presidente está sustentando su decisión en el Código de Migración.
El convenio con la CICIG en su artículo 10 es claro al indicar que el Comisionado está exento de disposiciones que restrinjan la migración.
“Creo que la acción de impedir el ingreso del Comisionado es ilegal, no debiera ser obedecida por las autoridades migratorias”, considera el constitucionalista Wilve Salazar.
Además, el abogado ve algunas consecuencias del proceder del Presidente. “Evidentemente existe materia para plantear una acción de amparo ante la CC y aunque la Corte indicó ayer (lunes) que no veía amenaza, hoy (martes) eso cambia. Es posible que la CC otorgue un amparo que revoque esta decisión”, subraya Salazar.
Y su análisis va más allá.
“El comportamiento errático del Presidente en los últimos días nos pueden llevar a concluir que no obedecerá una resolución de la Corte en este sentido, lo que provocaría un rompimiento constitucional y ya todos sabemos donde está Serrano Elías”, apunta el jurista.
Otro punto que ve desfavorable en la decisión de Jimmy Morales, es que “el Presidente la califica como una decisión que resguarda el orden y seguridad pública, sin embargo, ésta situación constitucional de Estado se califica en Consejo de Ministros, emitiendo el decreto correspondiente”, dice Salazar.
En relación con la posibilidad de aplicar la resolución del año pasado a este caso, el entrevistado considera que no es posible.
“No hay desacato ni desobediencia porque el acto impugnado fue la declaratoria de non grato y este es un nuevo proceso. La resolución de la Corte de Constitucionalidad fue de abstenerse de ejecutar la decisión de declarar non grato al Comisionado y este es un nuevo acto, a mi criterio ilegal e impugnable”, concluye Salazar.
- Te puede interesar:
Un llamado a la concordia
Para el abogado Alejandro Arenales, vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), es importante es que los guatemaltecos mantengan la armonía y no se desatienda la lucha contra la corrupción.
A su juicio, el Presidente actuó conforme las facultades de la Constitución, pero hizo un llamado a la población a mantener la calma y esperar que se fortalezcan las instituciones.
Considera que el país está viviendo momentos difíciles, pero se sabrá sobreponer a estos obstáculos. Hizo un llamado a la población para continuar la lucha contra la corrupción, que la sociedad no desmaye en este esfuerzo.
Añadió que el Cedecon analiza la decisión del mandatario y es posible que fijen una postura el miércoles.
Ven mayor inestabilidad
La decisión del Presidente “no ayuda en las condiciones políticas e institucionales del país y aumenta la inestabilidad”, indica el politólogo Jahir Dabroy.
“Es una situación preocupante que vulnera la estabilidad política del país y acentúa la crisis que se esta viviendo”
Jahir Dabroy
El analista considera que en Guatemala, en este momento, es determinante el papel del Ministerio Público y de la Corte de Constitucionalidad, además de los diversos sectores descontentos por la forma en que se ha tomado la lucha contra la corrupción.
En el ámbito internacional, Debroy dice que es clave ver cuál será la decisión de la ONU, si acepta remover al Comisionado, además de la posición que adopte Estados Unidos, uno de los mayores donantes de la CICIG.