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La CICIG: ¿un experimento fallido?

Warren Orbaugh
19 de septiembre, 2018

El antecedente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es una idea de Edgar Gutiérrez, ex-miembro del PGT, gestada durante el gobierno de Alfonso Portillo, de quien fuera Ministro de Relaciones Exteriores. La CICIG –como Misión Internacional– fue creada por medio del acuerdo firmado entre el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan y Eduardo Stein, Vicepresidente del Gobierno de Guatemala –en el período de Oscar Berger– el 12 de diciembre de 2006. El acuerdo fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala el 1 de agosto de 2007.

El propósito declarado de la CICIG es apoyar al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil en la investigación y de delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, y en el desmantelamiento mediante persecución penal de los mismos.

Fue creada como un órgano independiente, inmune e impune. Es decir que invade, con total consentimiento del Gobierno de Guatemala, la soberanía nacional en materia de justicia y seguridad. Por tanto no puede ser afectada por acciones de la justicia guatemalteca. Se convierte en una entidad inmune, no sujeta a ningún tipo de control de acuerdo al artículo diez de ese convenio. Es la creación del absolutismo judicial que llevo entre otras cosas a la recusación de y acoso a jueces que no son fieles a la CICIG, y a la desacreditación de abogados que no sean de su equipo. Se convierte así en un poder paralelo con capacidad para desprestigiar y debilitar las decisiones del gobierno guatemalteco en base a su sistema de Derecho.

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El proyecto de la creación de CICIG nunca fue conocido ni aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Tampoco existe en la ONU una instancia que verifique, controle y mucho menos, que inicie un expediente de responsabilidades criminales contra cualquier miembro de la CICIG.

Y, ¿cómo ha sido su desempeño? Hemos sido testigos de cómo la CICIG ha elevado sus casos a un nivel mediático y propagandístico, mediante conferencias de prensa con el propósito de proyectar una imagen de eficiencia en su lucha contra la corrupción. ¿Pero ha sido así? ¿Acaso no se les cayó el caso Rosenberg –una ficción de telenovela donde supuestamente éste contrata por medio de terceros su propio asesinato– por falta de pruebas y presentación de testigos falsos para consolidar su acusación? Tuvieron ocho años en prisión preventiva a los hermanos Váldes Paiz, siendo inocentes, dañándolos económicamente y en su reputación. ¿Quién los va a resarcir?

¿No se les cayó también, el caso Pavón, por ejecuciones extrajudiciales, contra Vielman y Sperinsen, por las mismas razones, uso de testigos falsos?

¿Y por qué sepultaron el caso de emigraciones ilegales contra la Dirección General de Migración, cuando apareció el nombre de Mayra Veliz, secretaria de asuntos migratorios?

Y ¿Qué hay del caso IGSS-Pisa, por contrato anómalo, donde se les han muerto en prisión dos reconocidos médico –porque la CICIG se opuso a medidas sustitutivas para que pudieran ser atendidos– a quienes desprestigiaron y arruinaron sin habérseles probado haber cometido delito alguno, y donde han mantenido en prisión preventiva a cinco enfermeras a las que no se les ha podido probar que se beneficiaran de dicho contrato y donde renunciaron los testigos?

Y ¿Qué pasó con la investigación de la ejecución extrajudicial de Pavel Centeno el 28 de octubre de 2016?

¿No son delitos, perseguidos en cualquier otro país, el uso de testigos falsos para conseguir condenas? ¿Se puede y debe combatir la corrupción corrompiendo el sistema de justicia? Esto no parece importarles ni a la impune CICIG, ni a la desprestigiada ONU.

La ONU es una organización desprestigiada, que pretende de las naciones libres la aprobación de su grotesca pretensión de ser una organización dedicada a mantener la paz mundial y a defender los derechos humanos, mientras incluye dentro de sus miembros a los peores agresores de los derechos humanos y más grandes carniceros de la historia, como Cuba, Irán, Corea del Norte y Venezuela. La noción de proteger los derechos humanos, con Cuba, Venezuela, Irán y Corea del Norte como protectores, es un insulto al concepto de derechos y a la inteligencia de cualquier humano al que se le pide aprobar tal organización.

Sostengo que ningún individuo debe cooperar con criminales, ni ningún país libre debe cooperar con dictaduras.

La ONU, que ha usado a Guatemala por veinte años como “laboratorio” de sus experimentos políticos, tiene una clara agenda política. La mayoría de sus burócratas son socialistas. Cuba y Venezuela han sido miembros de y manejado el Consejo de Derechos Humanos. Su secretario General, Antonio Guterres, es miembro del Partido Socialista, del que fue nombrado Secretario General en 1992. También fue nombrado en el mismo año, vicepresidente de la Internacional Socialista. En noviembre de 1999 fue electo Presidente de la Internacional Socialista, cargo que ostentó hasta junio de 2005.

Parte de esa agenda política es una estrategia clara de la izquierda socialista para defenestrar al presidente y de llamar a una asamblea constituyente. Desde el día siguiente a la toma de posesión del Presidente Morales, la izquierda socialista y comunista guatemalteca ha estado presionando para que el Presidente renuncie y para formar una asamblea constituyente plurinacional.

Se comprende a la luz de esa agenda, la intromisión de la CICIG en asuntos políticos de Guatemala y la justicia selectiva con el propósito de remover al Presidente de la República, y proteger a Sandra Torres, vicepresidenta de la Internacional Socialista y de su partido, la UNE, miembro de dicha organización.

También se entiende, dado esa agenda, que grupos criminales con ideología socialista y comunista como CODECA, acusado de robar energía eléctrica, apoyen a la CICIG y a Iván Velásquez, y que exijan que el Presidente renuncie y que se forme una asamblea constituyente plurinacional.

¿Acaso no habría sido sospechoso si Al Capone apoyará a la fiscal Mabel Walker de Chicago? Y entonces, ¿no es sospechoso que CODECA apoye a Iván Velásquez? Y, ¿por qué no hay persecución penal contra los dirigentes de CODECA? ¿Por qué se sienten protegidos e impunes? ¿Por qué Mayra Veliz abrazó y se unió a los dirigentes de CODECA, a quienes debía perseguir, cuando estos manifestaban?

¿Acaso no se cae en la cuenta, a la luz de esa agenda política, por qué grupos de izquierda socialista y comunista, que se auto atribuyen representación de la sociedad civil, a pesar de que esa ideología consigue sólo un 3% de votos en las urnas, apoyen a la CICIG y a Iván Velásquez?

Y, ¿será cierto que, como nos lo quieren presentar estas organizaciones de izquierda, la Fiscal General Consuelo Porras es sólo una marioneta manejada por Iván Velásquez? ¿Qué sin él, ella es incapaz de combatir la corrupción? Y, ¿Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, es también un inepto que no puede hacer nada sin la CICIG? Y, el Ministerio Público, ¿está compuesto de incompetentes que en once años no han aprendido cómo combatir la corrupción?

Si la CICIG se desvía de su propósito original y si emplea métodos reñidos con la ley para conseguir sus propósitos, ¿no la hace una organización criminal?

La primera contradicción en la creación de la CICIG fue formar una organización que contradice el principio sobre el que se funda la República:

NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY.

Y la CICIG al ser inmune e impune crea una fisura en el orden republicano al que no está sujeta y a cuya soberanía no se somete. Y si en todo el tiempo que ha estado funcionando en Guatemala, se ha desviado de su propósito original y no ha podido formar una MP que sea capaz de funcionar sin tutela,

¿SERÁ LA CICIG UN EXPERIMENTO FALLIDO?

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

La CICIG: ¿un experimento fallido?

Warren Orbaugh
19 de septiembre, 2018

El antecedente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es una idea de Edgar Gutiérrez, ex-miembro del PGT, gestada durante el gobierno de Alfonso Portillo, de quien fuera Ministro de Relaciones Exteriores. La CICIG –como Misión Internacional– fue creada por medio del acuerdo firmado entre el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan y Eduardo Stein, Vicepresidente del Gobierno de Guatemala –en el período de Oscar Berger– el 12 de diciembre de 2006. El acuerdo fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala el 1 de agosto de 2007.

El propósito declarado de la CICIG es apoyar al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil en la investigación y de delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, y en el desmantelamiento mediante persecución penal de los mismos.

Fue creada como un órgano independiente, inmune e impune. Es decir que invade, con total consentimiento del Gobierno de Guatemala, la soberanía nacional en materia de justicia y seguridad. Por tanto no puede ser afectada por acciones de la justicia guatemalteca. Se convierte en una entidad inmune, no sujeta a ningún tipo de control de acuerdo al artículo diez de ese convenio. Es la creación del absolutismo judicial que llevo entre otras cosas a la recusación de y acoso a jueces que no son fieles a la CICIG, y a la desacreditación de abogados que no sean de su equipo. Se convierte así en un poder paralelo con capacidad para desprestigiar y debilitar las decisiones del gobierno guatemalteco en base a su sistema de Derecho.

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El proyecto de la creación de CICIG nunca fue conocido ni aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Tampoco existe en la ONU una instancia que verifique, controle y mucho menos, que inicie un expediente de responsabilidades criminales contra cualquier miembro de la CICIG.

Y, ¿cómo ha sido su desempeño? Hemos sido testigos de cómo la CICIG ha elevado sus casos a un nivel mediático y propagandístico, mediante conferencias de prensa con el propósito de proyectar una imagen de eficiencia en su lucha contra la corrupción. ¿Pero ha sido así? ¿Acaso no se les cayó el caso Rosenberg –una ficción de telenovela donde supuestamente éste contrata por medio de terceros su propio asesinato– por falta de pruebas y presentación de testigos falsos para consolidar su acusación? Tuvieron ocho años en prisión preventiva a los hermanos Váldes Paiz, siendo inocentes, dañándolos económicamente y en su reputación. ¿Quién los va a resarcir?

¿No se les cayó también, el caso Pavón, por ejecuciones extrajudiciales, contra Vielman y Sperinsen, por las mismas razones, uso de testigos falsos?

¿Y por qué sepultaron el caso de emigraciones ilegales contra la Dirección General de Migración, cuando apareció el nombre de Mayra Veliz, secretaria de asuntos migratorios?

Y ¿Qué hay del caso IGSS-Pisa, por contrato anómalo, donde se les han muerto en prisión dos reconocidos médico –porque la CICIG se opuso a medidas sustitutivas para que pudieran ser atendidos– a quienes desprestigiaron y arruinaron sin habérseles probado haber cometido delito alguno, y donde han mantenido en prisión preventiva a cinco enfermeras a las que no se les ha podido probar que se beneficiaran de dicho contrato y donde renunciaron los testigos?

Y ¿Qué pasó con la investigación de la ejecución extrajudicial de Pavel Centeno el 28 de octubre de 2016?

¿No son delitos, perseguidos en cualquier otro país, el uso de testigos falsos para conseguir condenas? ¿Se puede y debe combatir la corrupción corrompiendo el sistema de justicia? Esto no parece importarles ni a la impune CICIG, ni a la desprestigiada ONU.

La ONU es una organización desprestigiada, que pretende de las naciones libres la aprobación de su grotesca pretensión de ser una organización dedicada a mantener la paz mundial y a defender los derechos humanos, mientras incluye dentro de sus miembros a los peores agresores de los derechos humanos y más grandes carniceros de la historia, como Cuba, Irán, Corea del Norte y Venezuela. La noción de proteger los derechos humanos, con Cuba, Venezuela, Irán y Corea del Norte como protectores, es un insulto al concepto de derechos y a la inteligencia de cualquier humano al que se le pide aprobar tal organización.

Sostengo que ningún individuo debe cooperar con criminales, ni ningún país libre debe cooperar con dictaduras.

La ONU, que ha usado a Guatemala por veinte años como “laboratorio” de sus experimentos políticos, tiene una clara agenda política. La mayoría de sus burócratas son socialistas. Cuba y Venezuela han sido miembros de y manejado el Consejo de Derechos Humanos. Su secretario General, Antonio Guterres, es miembro del Partido Socialista, del que fue nombrado Secretario General en 1992. También fue nombrado en el mismo año, vicepresidente de la Internacional Socialista. En noviembre de 1999 fue electo Presidente de la Internacional Socialista, cargo que ostentó hasta junio de 2005.

Parte de esa agenda política es una estrategia clara de la izquierda socialista para defenestrar al presidente y de llamar a una asamblea constituyente. Desde el día siguiente a la toma de posesión del Presidente Morales, la izquierda socialista y comunista guatemalteca ha estado presionando para que el Presidente renuncie y para formar una asamblea constituyente plurinacional.

Se comprende a la luz de esa agenda, la intromisión de la CICIG en asuntos políticos de Guatemala y la justicia selectiva con el propósito de remover al Presidente de la República, y proteger a Sandra Torres, vicepresidenta de la Internacional Socialista y de su partido, la UNE, miembro de dicha organización.

También se entiende, dado esa agenda, que grupos criminales con ideología socialista y comunista como CODECA, acusado de robar energía eléctrica, apoyen a la CICIG y a Iván Velásquez, y que exijan que el Presidente renuncie y que se forme una asamblea constituyente plurinacional.

¿Acaso no habría sido sospechoso si Al Capone apoyará a la fiscal Mabel Walker de Chicago? Y entonces, ¿no es sospechoso que CODECA apoye a Iván Velásquez? Y, ¿por qué no hay persecución penal contra los dirigentes de CODECA? ¿Por qué se sienten protegidos e impunes? ¿Por qué Mayra Veliz abrazó y se unió a los dirigentes de CODECA, a quienes debía perseguir, cuando estos manifestaban?

¿Acaso no se cae en la cuenta, a la luz de esa agenda política, por qué grupos de izquierda socialista y comunista, que se auto atribuyen representación de la sociedad civil, a pesar de que esa ideología consigue sólo un 3% de votos en las urnas, apoyen a la CICIG y a Iván Velásquez?

Y, ¿será cierto que, como nos lo quieren presentar estas organizaciones de izquierda, la Fiscal General Consuelo Porras es sólo una marioneta manejada por Iván Velásquez? ¿Qué sin él, ella es incapaz de combatir la corrupción? Y, ¿Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, es también un inepto que no puede hacer nada sin la CICIG? Y, el Ministerio Público, ¿está compuesto de incompetentes que en once años no han aprendido cómo combatir la corrupción?

Si la CICIG se desvía de su propósito original y si emplea métodos reñidos con la ley para conseguir sus propósitos, ¿no la hace una organización criminal?

La primera contradicción en la creación de la CICIG fue formar una organización que contradice el principio sobre el que se funda la República:

NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY.

Y la CICIG al ser inmune e impune crea una fisura en el orden republicano al que no está sujeta y a cuya soberanía no se somete. Y si en todo el tiempo que ha estado funcionando en Guatemala, se ha desviado de su propósito original y no ha podido formar una MP que sea capaz de funcionar sin tutela,

¿SERÁ LA CICIG UN EXPERIMENTO FALLIDO?

República es ajena a la opinión expresada en este artículo