El sector eléctrico guatemalteco ha logrado hitos en los últimos 22 años, pero hay “dos elefantes en su salón”: la regulación ambiental y el Convenio 169 de la OIT, según el CIEN.
Hugo Maul Rivas, director del área económica del Centro de Investigaciones Económicas Sociales (CIEN), dijo que el sector logró un desarrollo desde 1996 pero hay amenzas de seguridad jurídica que atentan su sostenimiento.
“Los Estudios de Impacto Ambiental y la Consulta a Pueblos Indígenas son dos temas que no solo afectan a la industria extractiva, sino a todas aquellas que tienen que ver con el uso de recursos naturales, dijo durante un foro donde se discutió la importancia del sector en el desarrollo económico.
Según el economista, el progreso de un sector, como el eléctrico o extractivo, requiere que la regulación ambiental y relacionada al Convenio “este debidamente normado para que no se conviertan en banderas para generar conflicto”.
“Como sociedad debemos llegar a un consenso político de como queremos regular estos dos temas”, sugirió el economista Hugo Maul durante el foro.
El CIEN ha participado en una mesa de análisis sobre la conflictividad social y sectores industriales a nivel latinoamericano y ha identificado que si el tema queda “en la nebulosa” en el país, dará lugar a los abusos y el activismo judicial que dañan, más cuando no se puede garantizar la seguridad jurídica.
Maul Rivas indicó que no se puede “soñar despierto” y opinó que el sector eléctrico no va a quedar exento de conflictos, por lo cual se deben esclarecer mecanismos institucionales para resolver diferencias en pro del desarrollo de las comunidades y reducir la incertidumbre para la inversión.
A pesar de los éxitos que evidencia el sector, en temas de precio, avance en electrificación a nivel nacional o diversificación de la matriz, hay riesgos que presentan una preocupación a futuro, como la conflictividad social y el hurto de fluido eléctrico.
El presidente de la Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER), Juan Carlos Méndez, señaló que en el tema social hay dos retos para que la industria sea sostenible: la regulación del alumbrado eléctrico y el robo de energía.
Según Méndez en la actual normativa son las municipalidades quienes fijan las tasas de alumbrado pero se ven “cosas absurdas” que han dado problemas y, en parte, han provocado conflictividad social.
“Puede existir un consumidor, una familia, que paga más de alumbrado eléctrico que de consumo de energía eléctrica“, explicó al indicar que es un tema al que se busca una solución es tratado de manera política y no de forma técnica o eficiencia económica.
Otro problema que no se previó en la ley que rige al sector eléctrico en Guatemala, según Méndez, fue el robo de la electricidad. “Es un problema resultado de que las otras leyes, no funcionan”, dijo.
“El robo de energía eléctrica lleva el nombre de CODECA, pero tiene otros nombres. Y se ha convertido en un verdadero problema”, dijo el presidente de AGER, Juan Carlos Méndez.
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“Los Estudios de Impacto Ambiental y la Consulta a Pueblos Indígenas son dos temas que no solo afectan a la industria extractiva, sino a todas aquellas que tienen que ver con el uso de recursos naturales, dijo durante un foro donde se discutió la importancia del sector en el desarrollo económico.
Según el economista, el progreso de un sector, como el eléctrico o extractivo, requiere que la regulación ambiental y relacionada al Convenio “este debidamente normado para que no se conviertan en banderas para generar conflicto”.
“Como sociedad debemos llegar a un consenso político de como queremos regular estos dos temas”, sugirió el economista Hugo Maul durante el foro.
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A pesar de los éxitos que evidencia el sector, en temas de precio, avance en electrificación a nivel nacional o diversificación de la matriz, hay riesgos que presentan una preocupación a futuro, como la conflictividad social y el hurto de fluido eléctrico.
El presidente de la Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER), Juan Carlos Méndez, señaló que en el tema social hay dos retos para que la industria sea sostenible: la regulación del alumbrado eléctrico y el robo de energía.
Según Méndez en la actual normativa son las municipalidades quienes fijan las tasas de alumbrado pero se ven “cosas absurdas” que han dado problemas y, en parte, han provocado conflictividad social.
“Puede existir un consumidor, una familia, que paga más de alumbrado eléctrico que de consumo de energía eléctrica“, explicó al indicar que es un tema al que se busca una solución es tratado de manera política y no de forma técnica o eficiencia económica.
Otro problema que no se previó en la ley que rige al sector eléctrico en Guatemala, según Méndez, fue el robo de la electricidad. “Es un problema resultado de que las otras leyes, no funcionan”, dijo.
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