En 2011 el Congreso aprobó un financiamiento por US$30 millones para el fortalecimiento del sector justicia, una parte fue destinada para el pago de una asesoría en EE.UU.
Thelma Aldana dejó el Ministerio Público (MP), en mayo último. Desde el comienzo de su gestión elaboró el plan de trabajo 2015-2019, donde se contemplaban asesorías.
El decreto del préstamo fue emitido por el Legislativo en diciembre de ese año, para que el Ejecutivo suscribiera un convenio de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por hasta US$30 millones.
De esa cuenta fue creado el Organismo Ejecutor del Programa a la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que integró al Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público (MP); el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), y el Ministerio de Gobernación.
Fue en 2016 cuando surgió la propuesta de utilizar parte de los fondos para la contratación de la consultoría Internacional “Desarrollo de un Compendio de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en el Fortalecimiento de las Capacidades de Investigación y Persecución Penal Estratégica; a través del Ministerio Público, como Unidad Co-Ejecutora”.
El beneficiado fue José Carlos Marroquín Pérez, hijo de Clemente Marroquín Godoy, dueño del vespertino La Hora.
Marroquín Pérez está fuera de Guatemala desde hace 11 años, luego de que su vivienda supuestamente fuera atacada el 18 de noviembre del 2006.
La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares el 29 de enero del 2007 a Marroquín Pérez, su esposa y dos hijas.
“La información disponible indica que José Carlos Marroquín ha sido objeto de una serie de amenazas y ataques y que, el 18 de noviembre de 2006, personas desconocidas lanzaron bombas y dispararon armas de fuego contra su hogar. Se dijo que esos ataques tenían como objetivo presionar al señor Marroquín Pérez para que renunciara a su afiliación con un partido político guatemalteco”, según consta en un documento del caso.
El aludido, en ese tiempo figuraba como jefe de la campaña política del candidato Álvaro Colom, que poco tiempo después sería el Presidente de Guatemala.
Asesoría en el lugar de residencia
Los términos de la contratación fueron fijados por el procedimiento de selección de consultores fijado por el BID. Entre otras cosas, establecen que la asesoría sería desde el lugar de residencia de la persona.
El primer contrato tenía como objetivo preparar, implementar y dar seguimiento a la agenda de reuniones entre la titular de Secretaría de Asuntos Internacionales (SAIC) y de Cooperación del MP y Fiscalía General con representantes de organismos internacionales y organismos no gubernamentales con sede en Washington, D.C. y Nueva York.
El argumento fue que las actividades de la SAIC “se ve limitada por la disponibilidad de recursos financieros, físicos y humanos capacitados. Además, se tiene un conocimiento limitado de las oportunidades disponibles mediante cooperación internacional para fortalecer las funciones de investigación y persecución penal del MP”.
Señalaron también que la mayoría de “oportunidades identificadas” son con organismos internacionales cuyas sedes están en EE. UU.
Marroquín Pérez tenía como funciones específicas hacer resúmenes de cada cooperante u organismo, preparar agendas, participar en reuniones, elaborar “ayuda de memoria” y dar seguimiento a los compromisos adquiridos.
En dos meses – del 10 de octubre al 14 de diciembre- el guatemalteco asilado en EE. UU. recibió Q135 mil 277.02 por sus funciones.
Otro requerimiento
El 19 de enero de este año el MP aprobó un nuevo requerimiento de contratación por medio del departamento de Ejecución de Proyectos de Cooperación Externa. El documento contiene 11 solicitudes de contratos para asesorías.
El objetivo esta vez fue identificar y sistematizar las buenas prácticas y lecciones aprendidas en el fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución penal estratégica del MP.
Esto debía ser entregado en un documento elaborado en un plazo de 140 días con las temáticas de acceso a la justicia, gestión y seguimiento de la información del sector justicia penal, fortalecimiento en investigación científica y criminal y sobre recursos humanos.
Por dicho proyecto Marroquín Pérez recibió Q250 mil 610.23
“Los productos están, no es cierto que se trata de una plaza fantasma o inventada, de los contrario el BID, con sus altos estándares, no emitiría una aprobación”, dijo Rotman Pérez, exsecretario de Política Criminal del MP.
Pérez fue consultado acerca de los “productos” elaborados por Marroquín Pérez, y solo recordó la elaboración del documento de buenas prácticas.
El exsecretario aseguró que el BID es el que da la normativa para calificar como consultor internacional. Marroquín Pérez se sometió al procedimiento y fueron ellos quienes lo aprobaron, según el exfuncionario.
Miriam de Lossi, exjefa administrativa del MP, afirmó que todo el control lo tenía el BID, con respaldo de la SAIC. “El BID apoyó en todo“, agregó la exfuncionaria.
Estratega político
José Carlos Marroquín durante una asamblea de la UNE, cuando asesoró a Álvaro Colom en 2007. (Foto del NYT).
José Carlos Marroquín Pérez, ha sido asesor de campañas políticas. Cuando dejó Guatemala en 2007, era asesor de Álvaro Colom y salió del país a pocos días de la segunda vuelta de votaciones.
Marroquín Pérez sería ahora el posible jefe de campaña política de la exfiscal Thelma Aldana, quien ha expresado su intención de participar en los comicios.
El asesor estuvo presente en la reunión que Aldana sostuvo en El Salvador en julio de este año, con personas del partido Movimiento Semilla.
La reunión se habría realizado en ese país por seguridad para Aldana y ante la imposibilidad de ingresar en el país de Marroquín Pérez.
En 2011 el Congreso aprobó un financiamiento por US$30 millones para el fortalecimiento del sector justicia, una parte fue destinada para el pago de una asesoría en EE.UU.
Thelma Aldana dejó el Ministerio Público (MP), en mayo último. Desde el comienzo de su gestión elaboró el plan de trabajo 2015-2019, donde se contemplaban asesorías.
El decreto del préstamo fue emitido por el Legislativo en diciembre de ese año, para que el Ejecutivo suscribiera un convenio de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por hasta US$30 millones.
De esa cuenta fue creado el Organismo Ejecutor del Programa a la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que integró al Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público (MP); el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), y el Ministerio de Gobernación.
Fue en 2016 cuando surgió la propuesta de utilizar parte de los fondos para la contratación de la consultoría Internacional “Desarrollo de un Compendio de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en el Fortalecimiento de las Capacidades de Investigación y Persecución Penal Estratégica; a través del Ministerio Público, como Unidad Co-Ejecutora”.
El beneficiado fue José Carlos Marroquín Pérez, hijo de Clemente Marroquín Godoy, dueño del vespertino La Hora.
Marroquín Pérez está fuera de Guatemala desde hace 11 años, luego de que su vivienda supuestamente fuera atacada el 18 de noviembre del 2006.
La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares el 29 de enero del 2007 a Marroquín Pérez, su esposa y dos hijas.
“La información disponible indica que José Carlos Marroquín ha sido objeto de una serie de amenazas y ataques y que, el 18 de noviembre de 2006, personas desconocidas lanzaron bombas y dispararon armas de fuego contra su hogar. Se dijo que esos ataques tenían como objetivo presionar al señor Marroquín Pérez para que renunciara a su afiliación con un partido político guatemalteco”, según consta en un documento del caso.
El aludido, en ese tiempo figuraba como jefe de la campaña política del candidato Álvaro Colom, que poco tiempo después sería el Presidente de Guatemala.
Asesoría en el lugar de residencia
Los términos de la contratación fueron fijados por el procedimiento de selección de consultores fijado por el BID. Entre otras cosas, establecen que la asesoría sería desde el lugar de residencia de la persona.
El primer contrato tenía como objetivo preparar, implementar y dar seguimiento a la agenda de reuniones entre la titular de Secretaría de Asuntos Internacionales (SAIC) y de Cooperación del MP y Fiscalía General con representantes de organismos internacionales y organismos no gubernamentales con sede en Washington, D.C. y Nueva York.
El argumento fue que las actividades de la SAIC “se ve limitada por la disponibilidad de recursos financieros, físicos y humanos capacitados. Además, se tiene un conocimiento limitado de las oportunidades disponibles mediante cooperación internacional para fortalecer las funciones de investigación y persecución penal del MP”.
Señalaron también que la mayoría de “oportunidades identificadas” son con organismos internacionales cuyas sedes están en EE. UU.
Marroquín Pérez tenía como funciones específicas hacer resúmenes de cada cooperante u organismo, preparar agendas, participar en reuniones, elaborar “ayuda de memoria” y dar seguimiento a los compromisos adquiridos.
En dos meses – del 10 de octubre al 14 de diciembre- el guatemalteco asilado en EE. UU. recibió Q135 mil 277.02 por sus funciones.
Otro requerimiento
El 19 de enero de este año el MP aprobó un nuevo requerimiento de contratación por medio del departamento de Ejecución de Proyectos de Cooperación Externa. El documento contiene 11 solicitudes de contratos para asesorías.
El objetivo esta vez fue identificar y sistematizar las buenas prácticas y lecciones aprendidas en el fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución penal estratégica del MP.
Esto debía ser entregado en un documento elaborado en un plazo de 140 días con las temáticas de acceso a la justicia, gestión y seguimiento de la información del sector justicia penal, fortalecimiento en investigación científica y criminal y sobre recursos humanos.
Por dicho proyecto Marroquín Pérez recibió Q250 mil 610.23
“Los productos están, no es cierto que se trata de una plaza fantasma o inventada, de los contrario el BID, con sus altos estándares, no emitiría una aprobación”, dijo Rotman Pérez, exsecretario de Política Criminal del MP.
Pérez fue consultado acerca de los “productos” elaborados por Marroquín Pérez, y solo recordó la elaboración del documento de buenas prácticas.
El exsecretario aseguró que el BID es el que da la normativa para calificar como consultor internacional. Marroquín Pérez se sometió al procedimiento y fueron ellos quienes lo aprobaron, según el exfuncionario.
Miriam de Lossi, exjefa administrativa del MP, afirmó que todo el control lo tenía el BID, con respaldo de la SAIC. “El BID apoyó en todo“, agregó la exfuncionaria.
Estratega político
José Carlos Marroquín durante una asamblea de la UNE, cuando asesoró a Álvaro Colom en 2007. (Foto del NYT).
José Carlos Marroquín Pérez, ha sido asesor de campañas políticas. Cuando dejó Guatemala en 2007, era asesor de Álvaro Colom y salió del país a pocos días de la segunda vuelta de votaciones.
Marroquín Pérez sería ahora el posible jefe de campaña política de la exfiscal Thelma Aldana, quien ha expresado su intención de participar en los comicios.
El asesor estuvo presente en la reunión que Aldana sostuvo en El Salvador en julio de este año, con personas del partido Movimiento Semilla.
La reunión se habría realizado en ese país por seguridad para Aldana y ante la imposibilidad de ingresar en el país de Marroquín Pérez.