El diputado Fernando Linares Beltranena del Partido de Avanzada Nacional (PAN), presentó una iniciativa denominada Anti-invasiones, la cual busca endurecer las penas que establece el Código Penal.
“Lo que buscamos es la defensa de la propiedad privada, que es un derecho humano. Últimamente se han registrado varias invasiones que hacen daño a la certeza jurídica”, declaró el congresista.
De acuerdo con Linares, hay grupos organizados que engañan a la población. Los líderes se benefician de esta ilegalidad. “Venden títulos en propiedad ajena”, asegura.
La iniciativa fue presentada a Dirección Legislativa. Tendrá que ser leída en el pleno y remitida a una comisión de trabajo para el dictamen respectivo.
Denuncias
El 25 de octubre cámaras empresariales denunciaron la usurpación y robo de propiedades, con el aval de algunos jueces que operan sin legitimidad y en presunta complicidad con estructuras criminales que estafan a decenas de personas.
Un caso reciente se relaciona con la invasión de la finca San Francisco Miramar, ubicada en Colomba, Costa Cuca Quetzaltenango, donde el magistrado Edwin Alberto Mis Ávila, de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Retalhuleu, concedió un amparo provisional a “todas luces” ilegal, según Mario Mazariegos, abogado de la empresa Agroindustrias Miramar.
El abogado señala que el amparo fue planteado para detener el desalojo de los usurpadores, y pese a que este procedimiento ya se había ejecutado por orden de un juez de Primera Instancia, la Sala en mención dio el amparo temporal que motivó una nueva invasión de la finca.
Por ello, representantes de la Cámara del Agro, Cámara de Industria, Cámara de Finanzas y de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), solicitan la pronta acción de la Corte Suprema de Justicia para reestablecer los derechos de los legítimos propietarios de la finca San Francisco Miramar.
De no actuar de inmediato, se avizora anarquía en el área y más ingobernabilidad porque los usurpadores, con el amparo de estos jueces, están promoviendo invasiones en otras propiedades de la costa Sur.
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De acuerdo con Linares, hay grupos organizados que engañan a la población. Los líderes se benefician de esta ilegalidad. “Venden títulos en propiedad ajena”, asegura.
La iniciativa fue presentada a Dirección Legislativa. Tendrá que ser leída en el pleno y remitida a una comisión de trabajo para el dictamen respectivo.
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El 25 de octubre cámaras empresariales denunciaron la usurpación y robo de propiedades, con el aval de algunos jueces que operan sin legitimidad y en presunta complicidad con estructuras criminales que estafan a decenas de personas.
Un caso reciente se relaciona con la invasión de la finca San Francisco Miramar, ubicada en Colomba, Costa Cuca Quetzaltenango, donde el magistrado Edwin Alberto Mis Ávila, de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Retalhuleu, concedió un amparo provisional a “todas luces” ilegal, según Mario Mazariegos, abogado de la empresa Agroindustrias Miramar.
El abogado señala que el amparo fue planteado para detener el desalojo de los usurpadores, y pese a que este procedimiento ya se había ejecutado por orden de un juez de Primera Instancia, la Sala en mención dio el amparo temporal que motivó una nueva invasión de la finca.
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De no actuar de inmediato, se avizora anarquía en el área y más ingobernabilidad porque los usurpadores, con el amparo de estos jueces, están promoviendo invasiones en otras propiedades de la costa Sur.
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