El Tribunal Supremo Electoral (TSE), vigila de cerca a los partidos políticos y precandidatos a puestos de elección popular, su mayor aliado son las redes sociales.
Perfiles, publicaciones, páginas públicas; comentarios en radio, prensa y televisión, todo es monitoreado por la Inspectoría General del órgano electoral.
Los candidatos no pueden promocionar su imagen para no incurrir en la violación del artículo 94 BIS de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
Dicha norma establece que no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social.
Añade que es prohibido promocionarse antes de la convocatoria oficial de elecciones sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política, las asociaciones y fundaciones que lo promuevan.
Ningún funcionario público podrá, a partir de la convocatoria a elecciones, inaugurar obras o participar en actividades similares.
De acuerdo con Ricardo Cartagena, del Instituto de Formación y Capacitación Cívico-Política y Electoral del TSE, por medio de las redes sociales identifican a las personas particulares y funcionarios públicos.
Después realizan un registro y comienza el control de quienes figuran como candidatos y los que continúan en cargos públicos.
Cartagena reveló que dan un seguimiento específico a cada perfil y los pronunciamientos en los medios de comunicación y redes sociales.
“Se analiza entonces, si entran en alguna norma y si es necesario que sean apercibidos para que lo dejen de hacer”, remarcó Cartagena.
La actividad de los alcaldes, como Edwin Escobar, también en el ojo de los inspectores del Tribunal Supremo Electoral.
Los casos
El funcionario del TSE indicó que han recibido varias denuncias por propaganda anticipada de personas individuales, lo que está regulado en el artículo 94 BIS, de la Ley Electoral.
De esa cuenta fueron suspendidas algunas personas para optar a cargos públicos y otros están en apelación.
Además, se apercibió para que se abstengan de realizar promoción a su imagen. Hasta la fecha suman más de 70 personas con llamado de atención.
“Cuando se sospecha de la comisión de algún ilícito se traslada a la Fiscalía de Delitos Electorales”, enfatizó Cartagena, quien refiere que lo más denunciado por la ciudadanía son coación al elector o las elecciones, fraude del votante, turbación al proceso electoral y el conocido acarreo de votantes.
Las denuncias se pueden hacer directamente en la página del TSE o en la sede central, es entonces cuando ordenan una investigación y establecen si es necesario y hay medios de prueba, trasladarlo a la Fiscalía.
Hay Cambios
“Ha sido notable la desaparición de propaganda electoral anticipada, las sanciones cambiaron, las multas han sido mucho más grandes. Creemos que los partidos han respetado la norma y estamos a semanas que se haga la convocatoria a elecciones generales”, enfatizó el funcionario del TSE.
Cartagena calificó como efectivas las reformas a la LEPP, y lo contenido en el artículo 407 del Código Penal, acerca de delitos electorales.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), vigila de cerca a los partidos políticos y precandidatos a puestos de elección popular, su mayor aliado son las redes sociales.
Perfiles, publicaciones, páginas públicas; comentarios en radio, prensa y televisión, todo es monitoreado por la Inspectoría General del órgano electoral.
Los candidatos no pueden promocionar su imagen para no incurrir en la violación del artículo 94 BIS de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
Dicha norma establece que no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social.
Añade que es prohibido promocionarse antes de la convocatoria oficial de elecciones sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política, las asociaciones y fundaciones que lo promuevan.
Ningún funcionario público podrá, a partir de la convocatoria a elecciones, inaugurar obras o participar en actividades similares.
De acuerdo con Ricardo Cartagena, del Instituto de Formación y Capacitación Cívico-Política y Electoral del TSE, por medio de las redes sociales identifican a las personas particulares y funcionarios públicos.
Después realizan un registro y comienza el control de quienes figuran como candidatos y los que continúan en cargos públicos.
Cartagena reveló que dan un seguimiento específico a cada perfil y los pronunciamientos en los medios de comunicación y redes sociales.
“Se analiza entonces, si entran en alguna norma y si es necesario que sean apercibidos para que lo dejen de hacer”, remarcó Cartagena.
La actividad de los alcaldes, como Edwin Escobar, también en el ojo de los inspectores del Tribunal Supremo Electoral.
Los casos
El funcionario del TSE indicó que han recibido varias denuncias por propaganda anticipada de personas individuales, lo que está regulado en el artículo 94 BIS, de la Ley Electoral.
De esa cuenta fueron suspendidas algunas personas para optar a cargos públicos y otros están en apelación.
Además, se apercibió para que se abstengan de realizar promoción a su imagen. Hasta la fecha suman más de 70 personas con llamado de atención.
“Cuando se sospecha de la comisión de algún ilícito se traslada a la Fiscalía de Delitos Electorales”, enfatizó Cartagena, quien refiere que lo más denunciado por la ciudadanía son coación al elector o las elecciones, fraude del votante, turbación al proceso electoral y el conocido acarreo de votantes.
Las denuncias se pueden hacer directamente en la página del TSE o en la sede central, es entonces cuando ordenan una investigación y establecen si es necesario y hay medios de prueba, trasladarlo a la Fiscalía.
Hay Cambios
“Ha sido notable la desaparición de propaganda electoral anticipada, las sanciones cambiaron, las multas han sido mucho más grandes. Creemos que los partidos han respetado la norma y estamos a semanas que se haga la convocatoria a elecciones generales”, enfatizó el funcionario del TSE.
Cartagena calificó como efectivas las reformas a la LEPP, y lo contenido en el artículo 407 del Código Penal, acerca de delitos electorales.