El comisionado Iván Velásquez escribió una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para responder a las justificaciones del presidente Jimmy Morales con las cuales dio fin al convenio con la CICIG.
Velásquez, quien se encuentra en Estados Unidos desde agosto de 2018 luego que se le prohibiera el ingreso en Guatemala, envió la nota la tarde del viernes 11 de enero de 2019 y fue publicada en las redes sociales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Aparte de los señalamientos contra la Comisión, el abogado colombiano se refirió a algunos casos de los citados por Morales, como ejemplo de los supuestos atropellos cometidos por la CICIG.
La misiva incluye 14 puntos que se exponen a continuación, junto con los señalamientos del Ejecutivo.
Intervención en asuntos internos
De acuerdo con el comisionado, no se trata de una injerencia sino una competencia que da el mandato como parte de la promoción de reformas jurídicas e institucionales que prevengan la acción y reparación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS).
“Desde su creación la CICIG ha participado en más de 34 propuestas de reformas legales. A petición y bajo el auspicio de los tres poderes del Estado, en 2016 se inició un proceso participativo para la elaboración de una propuesta para la reforma del sector justicia”, indica Velásquez.
Este no es un tema nuevo, el Presidente y la canciller Sandra Jovel, en reiteradas ocasiones han señalado a Velásquez de intervenir en asuntos internos de Guatemala.
De hecho, cuando se le renovó la visa al Comisionado, se le advirtió ” por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores “que los privilegios e inmunidades de que ha gozado en el país (…) no le eximen de la obligación de respetar la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes de Estado, así como de abstenerse de inmiscuirse en asuntos internos mientras se encuentre en territorio guatemalteco”
Allanamientos en SAAS
Otro señalamiento al que se refiere Velásquez es el abuso de la fuerza en los allanamientos.
Recuerda el caso de Casa Presidencial: “Se ha afirmado que en un allanamiento del 2016 en unas oficinas de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), supuso un atentado contra la seguridad nacional (…) los allanamientos son solicitados por el Ministerio Público y autorizados por un juez competente”, indica Velásquez.
El comisionado afirmó que la CICIG solo acompaña en ciertos procesos que realizan las autoridades nacionales, como los allanamientos.
“En noviembre del 2016 el mismo Presidente y su vocero, Heinz Hiemann, aseguran que no hubo allanamiento en Casa Presidencial”, agrega Velásquez.
El caso al cual se refiere el Comisionado ocurrió el 2 de noviembre de 2016, por una investigación de lavado de dinero, de la cual se desconocen mayores detalles.
Agentes del Ministerio Público (MP), de la CICIG y de la Policía Nacional Civil (PNC), ingresaron de manera violenta en el complejo donde funciona la SAAS y se ubica la Casa Presidencial, de acuerdo con la denuncia del Ejecutivo, la cual presentó por medio de un video en abril de 2018.
En este caso, se habla de un atentado a la seguridad nacional.
Por esa acción, el Ministerio de Gobernación anunció el inicio de una investigación interna.
Prisión preventiva
Acerca del supuesto abuso de la prisión preventiva, “de acuerdo con la legislación guatemalteca, esta es dictada por un juez, y debe ser aplicada sólo cuando exista peligro de fuga o riesgo de obstaculización de la investigación de parte del sindicado” explica el comisionado.
“La CICIG investiga estructuras criminales de alto poder e influencia en la institucionalidad guatemalteca, en estos casos el MP y la CICIG solicitan que las personas ligadas a proceso sean enviadas a prisión”, argumenta.
De acuerdo con Velásquez, menos del 40 por ciento de las personas ligadas a proceso en casos que trabajó la CICIG, están en prisión preventiva, cita el funcionario internacional.
Según el Ejecutivo, se han evidenciado varios casos de abuso de la prisión preventiva que si bien es decidida por un juez, tanto CICIG como el MP presionan para que se otorgue.
Han ocurrido “muertes por abuso de prisión preventiva y el uso de prisión como una especie de tortura para ciudadano guatemaltecos”, indicó el presidente Jimmy Morales el 7 de enero de 2019, cuando anunció el fin del convenio con la Comisión.
Presunción de inocencia
“Se ha afirmado que las conferencias que realiza la CICIG y el MP fueron violatorias de la presunción de inocencia”, escribe Velásquez.
“El MP ha realizado tradicionalmente conferencias de prensa sobre casos considerados de interés público. Tal práctica no es ninguna innovación en la manera de exponer los casos a la ciudadanía”, explica.
Según Velásquez, es el MP el que decide la conveniencia de presentar los casos en conferencia de prensa, y no la CICIG.
Este fue uno de los temas que más se cuestionó a la CICIG cuando, en conjunto con la exfiscal general, Thelma Aldana, presentaban los casos de personas detenidas, previo a la primera declaración de los señalados.
Durante una visita a Guatemala de la exembajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, en marzo de 2018, el punto fue abordado.
La exfuncionaria les sugirió a Velásquez y Aldana “no ser tan mediáticos”.
“Les dije que deberían ser como el FBI … todos saben que hacen su trabajo, pero lo hacen en silencio. No necesitan estar en el periódico todos los días”, expresó Haley en esa ocasión.
Caso Zimeri
“Se ha afirmado que la CICIG violó derechos humanos en el caso conocido como Zimeri”, “Se ha afirmado también que se alteró la prueba del caso”, prosigue Iván Velásques en su carta al Secretario General de la ONU.
En junio del 2017 trabajadores de la CICIG tuvieron una trifulca en un partido de futbol. En el pleito resultó con lesiones graves el joven Andrés Zimeri.
“El suceso ocurrió en horas no laborales y fuera del ejercicio de sus funciones, siendo por tal, un espacio de responsabilidad individual, sin ninguna vinculación con su trabajo”, explica Velásquez.
El comisionado asegura que realizaron un proceso disciplinario interno según sus estándares administrativos. En ese marco se solicitó la copia de seguridad del enfrentamiento como evidencia, pero los videos originales siempre estuvieron en el MP, “por lo que no hubo posibilidad de manipulación”, enfatiza Velásquez.
Pero el papá de Andrés, Enrique Zimeri, denunció la agresión que puso en riesgo la vida de su hijo, en el Ministerio Público (MP) y también se quejó del proceder de Velásquez en la representación de la ONU en Guatemala.
Transcurridos los meses, la agresión sigue impune, asegura Enrique Zimeri.
“Hemos tenido dos años de estar yendo de fiscalía en fiscalía para ver los avances de la investigación, actos repudiables. Esperamos que la justicia se cumpla”.
“Fue golpeado como que fuera una pelota de futbol, sufrió daños en las órbitas de sus ojos, su mandíbula quedo fracturada, corrió alto riesgo, incluso el ojo lo hubiera perdido”, aseguró el papá de Andrés Zimeri.
Enrique Zimeri consideró que el Comisionado actuó fuera del mandato de la CICIG, ya que solicitó copia del video que grabó el incidente, pero lo hizo invocando los derechos que la Comisión.
Transferencia de capacidad
Se habla que la CICIG debilita las instituciones nacionales. Velásquez explica que la clave en la transferencia de capacidades es desarrollar los procesos de investigación entre funcionarios nacionales y personal de la comisión, de tal manera que se aprenda haciendo.
“Los importantes resultados del MP en casos complejos acompañados por la CICIG, se ha apoyado en formas novedosas de responder a esa criminalidad, con métodos de investigación y trabajo de persecución penal estratégica y conjunta entre fiscales, policías y analistas”, subraya.
El cuestionamiento del Ejecutivo en este caso es el uso de los llamados “colaboradores eficaces”, que lejos de fortalecer la investigación, la han debilitado.
El 7 de enero cuando se anunció el fin del convenio con la CICIG, el Presidente presentó el caso de los hermanos Valdés Paiz y del exministro Carlos Vielmann, en los cuales se denunció a “colaboradores” que mintieron en sus testimonios.
Los hermanos Váldes Paiz aseguraron que el caso de ellos fue el primero donde la CICIG utilizó a los llamados “colaborados eficaces”, y “todos han dicho mentiras para salvarse”, afirmó Francisco Valdés.
Añadió que después de todas las investigaciones aparece un “pobre hombre” a punto de morir, quien declara que fue presionado por miembros de la CICIG para ser colaborar.
“Por esa razón interpusimos un recurso de amparo para que pudiera este hombre hablar y para que llegáramos al IGSS. En esa cita él logró señalar a la persona que le había indicado qué decir en el caso, esa persona era el investigador Luis Fernando Orozco”, citó el afectado.
Además, dijo que fueron víctimas de retardo malicioso por parte de la CICIG. “Ellos mismos presentaron un amparo que retardó el proceso y nosotros somos víctimas de eso”, concluyó.
Rendición de cuentas
“Se ha afirmado que la CICIG no rinde cuentas del uso de sus fondos ni de sus actividades”, añade Velásquez en otro punto.
Explica que el financiamiento es exclusivo de contribuciones voluntarias de estados miembros de la ONU, por medio del un fondo manejado por Naciones Unidas para el Desarrollo.
“Se realizan informes trimestrales de ejecución a los donantes, se realiza además, una auditoría anual que es compartida con los donantes”, puntualiza.
El presidente Jimmy Morales se apoyó en este punto en la declaración del senador republicano por el estado de Misisipi, Roger Wicker, quien hizo un llamado a su país para apoyar a Morales y no a Velásquez.
“Los Estados Unidos deben apoyar a los líderes electos de este país mientras reclaman su soberanía de burócratas de la ONU que no rinden cuentas”, destacó en su cuenta de Twitter.
Control y supervisión
“Se ha afirmado que la CICIG es un ente supranacional que actúa sin control o rendición de cuenta”, escribió Velásquez para luego añadir que “la naturaleza y el mandato de la CICIG establece claros controles internos sobre los poderes de la Comisión”.
“Los actos sustantivos de la Comisión, están regulados por el derecho penal y procesal guatemaltecos, en el marco de las investigaciones y litigios en los cuales apoya el MP como querellante adhesivo, en otras palabras, siempre son autoridades nacionales del sistema de justicia quienes ejercen la jurisdicción y competencia”, subrayó.
Acerca de este punto, la más reciente queja fue planteada de manera pública por el exministro Carlos Vielmann, quien fue juzgado y absuelto en España por un caso promovido por el MP y la CICIG.
El exfuncionario recordó que esa Comisión cometió irregularidades en su proceso y ahora, que fue señalado por el mismo caso en Guatemala, recurre a prácticas al margen de la ley.
Persecución y politización
“Se ha afirmado que los casos que apoya la CICIG en materia de investigación y litigio, responden a motivaciones y fines de tipo ideológico, encaminando persecuciones selectivas”, escribe Velásquez en otra parte del documento.
“No existe evidencia alguna de esta aseveración, así, los casos han generado imputaciones contra personas supuestamente relacionadas con redes ilegales de toda extracción social, origen y ubicación ideológica. El propósito ha sido perseguir estructuras criminales independientemente de la naturaleza o calidad de la persona que las integra”, argumenta el Comisionado.
En este punto de nuevo el caso de Carlos Vielmann es citado, así como el de la familia rusa.
A Vielmann se le intenta juzgar por hechos que ya fueron ventilados en tribunales de España y que, por ahora, no fueron tomados en cuenta por la jueza que lleva su caso.
Por esta situación, el exfuncionario considera que es un “secuestrado político”.
“La CICIG y la FECI se han convertido en una policía política y nosotros somos secuestrados políticos”, señaló el exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger.
Violación constitucional
“Se ha afirmado que la CICIG irrespeta la Constitución de Guatemala, aludiendo a las declaraciones de un funcionario de la Comisión que se refirió en una audiencia ante un juez, a la superioridad jerárquica que establece la Comisión”, añade el Comisionado.
“El funcionario de la CICIG hizo referencia al artículo 46 de la Constitución que establece: ‘Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno”, subraya el comisionado en la nota.
Velásquez no hace mayores comentarios, solo cita el artículo 46 de la Constitución, pero el Presidente Jimmy Morales considera que esta afirmación es un “irrespeto a la soberanía del Estado de Guatemala”
Acerca del tema, el Presidente ha subrayado que ningún acuerdo o convenio puede estar sobre la Constitución.
Para el abogado y exfiscal general, Acisclo Valladares, la Constitución es clara en este asunto.
“El tema lo deja clara y terminantemente zanjado la propia Constitución en su artículo 204: Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia observarán, obligadamente, el principio de que la Constitución Política de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado.
¿En qué resoluciones o sentencias es que ordena la Constitución que prevalezca este principio?
En todas las resoluciones o sentencias puesto que a todas se refiere.
¿Qué tribunales de justicia deben observarlo?
Absolutamente todos, puesto que a todos se lo ordena.
¿Sobre qué leyes o tratados es que prevalece la Constitución de la República?
Sobre todas las leyes y tratados, traten de lo que traten, puesto que el mandato constitucional no hace distingo alguno y, en consecuencia, prevalece sobre todos los tratados y convenciones incluso en materia de derechos humanos”
“El artículo 204 es el único que se refiere a la jerarquía de la Constitución y la establece por encima de cualquier ley o tratado en tanto que el artículo 46 se refiere a la jerarquía de estos últimos cuando en materia de derechos humanos consagrando su primacía sobre todas nuestras normas, incluso sobre las contenidas en leyes constitucionales, pero no sobre la Constitución de la República, existiendo un artículo específico, el 204, que es el que único regula la jerarquía de la Constitución con respecto a todas las normas: todas, sin excepción alguna”, escribe Valladares.
Injerencia electoral
“A raíz de la firma de un convenio de cooperación técnica con el Tribunal Supremo Electoral, se ha afirmado que CICIG trata de manipular el proceso electoral y favorecer a candidatos específicos”, indica el abogado colombiano en la carta enviada a António Guterres.
“En 2013 la CICIG estableció como prioridad de investigación el financiamiento electoral ilícito, ya que se ha evidenciado que este constituye una de las estrategias utilizadas por las redes político-económico ilícitas para cooptar el poder, con el objetivo de obtener el beneplácito de las autoridades y enriquecerse de manera irregular”, responde Velásquez.
Desde que se firmó este acuerdo entre CICIG y el TSE, algunos sectores han cuestionado el instrumento porque aunque se habla de “capacitación”, consideran que la Comisión podría influir en las decisiones del Tribunal, y se utilizarían sus criterios para bloquear la participación de algunos candidatos.
Intimidación y testigos
“Campañas bien financiadas han afirmado que oficiales de la Comisión han intimidado u ofrecido beneficio ilegal a testigos.”, es el punto 12 que comenta Velásquez.
“Durante la gestión del comisionado Velásquez, nunca se han ofrecido beneficios económicos o de otro tipo a testigos. Ningún juez instructor de causa ha solicitado investigar a un funcionario de CICIG por este motivo. Ningún abogado investigador de CICIG ha sido condenado por prácticas intimidatorias en el marco de los proceso que adelantan”, explica la nota.
Este señalamiento cobró fuerza a finales del año pasado cuando se filtraron audios de negociaciones entre fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y reos, con el propósito de realizar declaraciones falsas contra acusados.
Además de beneficios en la prisión, en las grabaciones se escucha de la posibilidad de recibir dinero de parte de la CICIG.
El caso trascendió y ahora el propio Ministerio Público investiga estas “negociaciones” realizadas con reos a cambio de dar testimonios falsos.
Actos terroristas
“El presidente Jimmy Morales, con relación a la cancelación de visas de cortesía del personal de la CICIG, dijo que no puede aceptar dentro del territorio a personas señaladas de haber puesto bombas en instituciones del Estado, sin dar detalles”, escribe Velásquez.
La respuesta es que que presentaron los certificados de los antecedentes penales de los 11 funcionarios a los que se les retiraron las visas y ninguno tiene antecedentes penales.
Asimismo, el Comisionado asegura que pidieron mayores detalles a la Cancillería, pero no recibieron respuesta acerca de este señalamiento.
De este punto no se tienen mayores detalles, excepto lo manifestado por el Presidente, pero sin que diera pormenores de la acusación.
Video tomado de Guatevisión.
Caso Migración
“Se ha afirmado que la CICIG, en contubernio con el gobierno ruso, ha propiciado la persecución política de la familia Bitkov, originaria de Rusia”, señala Velásquez en el último abordado en su carta a António Guterres.
Agrega que la investigación inició en 2010 y en enero de 2018 los tribunales condenaron a 36 personas que conformaban una red que incluía a trabajadores del Registro Nacional de las Personas (Renap), Migración, abogados y otras personas particulares, entre quienes figuran los esposos Bitkov y su hija.
De acuerdo con Velásquez, no se han encontrado, tanto en Guatemala, como Estados Unidos, alguna “colusión” con el gobierno ruso.
Concluye este caso y la carta, indicando que luego de un nuevo juicio, Igor Bitkov, fue condenado por los tribunales de justicia.
En la conferencia de prensa del 7 de enero, el Presidente otorgó el micrófono a Irina Bitkova, quien aseguró que ellos han sido “perseguidos políticos por el gobierno de Rusia.
“Nuestra familia sufre de persecución, por órdenes del gobierno de Rusia, ha quedado demostrado que la CICIG fue contratada por ellos para contribuir a la persecución política. Los diarios rusos también lo mencionan”, aseguró la señora Bitkova.
Asimismo, afirmó que un banco ruso, también “estatal” –Gazprombank-, le entregó el mandato al abogado Alfonso Carillo, quien también está persiguiendo a su familia”.
“Y si esto parece poco, la CICIG (…) presionó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y a jueces para quitarnos a nuestro hijo y lo mandó a un orfanato”, declaró la señora Bitkov .
“A nuestro hijo le prohibieron cualquier contacto con sus familiares prácticamente estaba preso, pues estaba totalmente aislado sin ninguna explicación sin entender qué estaba pasando. Cuando salió de ese lugar presentaba quebrantos de salud”, dijo la esposa de Igor.
Por último, citó que a su hija Anastasia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses resolvió que no podía ser encarcelada por los problemas de salud que padecía.
“Fueron muchos los derechos humanos que se violaron, violación al debido proceso (…)”, concluyó.
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Por aparte Igor Bitkov, quien también estuvo en la conferencia, aseguró que para realizar sus trámites en Guatemala participaron 13 altos funcionarios, entre los cuales estaba Mayra Véliz, exsecretaria general del MP.
“Lo que hizo CICIG y FECI, desde el inicio del proceso fue ocultar pruebas de la participación de esos funcionarios porque allí estaba Mayra Véliz,quien directamente firmó las residencias permanentes para nuestra familia”, agregó Igor Bitkov.
Además dijo que la CICIG y la FECI los han perseguido e influido en los jueces que han llevado los casos contra ellos para que “se nos condene a 47 años de cárcel”.
Con información de Henry Pocasangre y Glenda Sánchez
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El comisionado Iván Velásquez escribió una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para responder a las justificaciones del presidente Jimmy Morales con las cuales dio fin al convenio con la CICIG.
Velásquez, quien se encuentra en Estados Unidos desde agosto de 2018 luego que se le prohibiera el ingreso en Guatemala, envió la nota la tarde del viernes 11 de enero de 2019 y fue publicada en las redes sociales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Aparte de los señalamientos contra la Comisión, el abogado colombiano se refirió a algunos casos de los citados por Morales, como ejemplo de los supuestos atropellos cometidos por la CICIG.
La misiva incluye 14 puntos que se exponen a continuación, junto con los señalamientos del Ejecutivo.
Intervención en asuntos internos
De acuerdo con el comisionado, no se trata de una injerencia sino una competencia que da el mandato como parte de la promoción de reformas jurídicas e institucionales que prevengan la acción y reparación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS).
“Desde su creación la CICIG ha participado en más de 34 propuestas de reformas legales. A petición y bajo el auspicio de los tres poderes del Estado, en 2016 se inició un proceso participativo para la elaboración de una propuesta para la reforma del sector justicia”, indica Velásquez.
Este no es un tema nuevo, el Presidente y la canciller Sandra Jovel, en reiteradas ocasiones han señalado a Velásquez de intervenir en asuntos internos de Guatemala.
De hecho, cuando se le renovó la visa al Comisionado, se le advirtió ” por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores “que los privilegios e inmunidades de que ha gozado en el país (…) no le eximen de la obligación de respetar la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes de Estado, así como de abstenerse de inmiscuirse en asuntos internos mientras se encuentre en territorio guatemalteco”
Allanamientos en SAAS
Otro señalamiento al que se refiere Velásquez es el abuso de la fuerza en los allanamientos.
Recuerda el caso de Casa Presidencial: “Se ha afirmado que en un allanamiento del 2016 en unas oficinas de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), supuso un atentado contra la seguridad nacional (…) los allanamientos son solicitados por el Ministerio Público y autorizados por un juez competente”, indica Velásquez.
El comisionado afirmó que la CICIG solo acompaña en ciertos procesos que realizan las autoridades nacionales, como los allanamientos.
“En noviembre del 2016 el mismo Presidente y su vocero, Heinz Hiemann, aseguran que no hubo allanamiento en Casa Presidencial”, agrega Velásquez.
El caso al cual se refiere el Comisionado ocurrió el 2 de noviembre de 2016, por una investigación de lavado de dinero, de la cual se desconocen mayores detalles.
Agentes del Ministerio Público (MP), de la CICIG y de la Policía Nacional Civil (PNC), ingresaron de manera violenta en el complejo donde funciona la SAAS y se ubica la Casa Presidencial, de acuerdo con la denuncia del Ejecutivo, la cual presentó por medio de un video en abril de 2018.
En este caso, se habla de un atentado a la seguridad nacional.
Por esa acción, el Ministerio de Gobernación anunció el inicio de una investigación interna.
Prisión preventiva
Acerca del supuesto abuso de la prisión preventiva, “de acuerdo con la legislación guatemalteca, esta es dictada por un juez, y debe ser aplicada sólo cuando exista peligro de fuga o riesgo de obstaculización de la investigación de parte del sindicado” explica el comisionado.
“La CICIG investiga estructuras criminales de alto poder e influencia en la institucionalidad guatemalteca, en estos casos el MP y la CICIG solicitan que las personas ligadas a proceso sean enviadas a prisión”, argumenta.
De acuerdo con Velásquez, menos del 40 por ciento de las personas ligadas a proceso en casos que trabajó la CICIG, están en prisión preventiva, cita el funcionario internacional.
Según el Ejecutivo, se han evidenciado varios casos de abuso de la prisión preventiva que si bien es decidida por un juez, tanto CICIG como el MP presionan para que se otorgue.
Han ocurrido “muertes por abuso de prisión preventiva y el uso de prisión como una especie de tortura para ciudadano guatemaltecos”, indicó el presidente Jimmy Morales el 7 de enero de 2019, cuando anunció el fin del convenio con la Comisión.
Presunción de inocencia
“Se ha afirmado que las conferencias que realiza la CICIG y el MP fueron violatorias de la presunción de inocencia”, escribe Velásquez.
“El MP ha realizado tradicionalmente conferencias de prensa sobre casos considerados de interés público. Tal práctica no es ninguna innovación en la manera de exponer los casos a la ciudadanía”, explica.
Según Velásquez, es el MP el que decide la conveniencia de presentar los casos en conferencia de prensa, y no la CICIG.
Este fue uno de los temas que más se cuestionó a la CICIG cuando, en conjunto con la exfiscal general, Thelma Aldana, presentaban los casos de personas detenidas, previo a la primera declaración de los señalados.
Durante una visita a Guatemala de la exembajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, en marzo de 2018, el punto fue abordado.
La exfuncionaria les sugirió a Velásquez y Aldana “no ser tan mediáticos”.
“Les dije que deberían ser como el FBI … todos saben que hacen su trabajo, pero lo hacen en silencio. No necesitan estar en el periódico todos los días”, expresó Haley en esa ocasión.
Caso Zimeri
“Se ha afirmado que la CICIG violó derechos humanos en el caso conocido como Zimeri”, “Se ha afirmado también que se alteró la prueba del caso”, prosigue Iván Velásques en su carta al Secretario General de la ONU.
En junio del 2017 trabajadores de la CICIG tuvieron una trifulca en un partido de futbol. En el pleito resultó con lesiones graves el joven Andrés Zimeri.
“El suceso ocurrió en horas no laborales y fuera del ejercicio de sus funciones, siendo por tal, un espacio de responsabilidad individual, sin ninguna vinculación con su trabajo”, explica Velásquez.
El comisionado asegura que realizaron un proceso disciplinario interno según sus estándares administrativos. En ese marco se solicitó la copia de seguridad del enfrentamiento como evidencia, pero los videos originales siempre estuvieron en el MP, “por lo que no hubo posibilidad de manipulación”, enfatiza Velásquez.
Pero el papá de Andrés, Enrique Zimeri, denunció la agresión que puso en riesgo la vida de su hijo, en el Ministerio Público (MP) y también se quejó del proceder de Velásquez en la representación de la ONU en Guatemala.
Transcurridos los meses, la agresión sigue impune, asegura Enrique Zimeri.
“Hemos tenido dos años de estar yendo de fiscalía en fiscalía para ver los avances de la investigación, actos repudiables. Esperamos que la justicia se cumpla”.
“Fue golpeado como que fuera una pelota de futbol, sufrió daños en las órbitas de sus ojos, su mandíbula quedo fracturada, corrió alto riesgo, incluso el ojo lo hubiera perdido”, aseguró el papá de Andrés Zimeri.
Enrique Zimeri consideró que el Comisionado actuó fuera del mandato de la CICIG, ya que solicitó copia del video que grabó el incidente, pero lo hizo invocando los derechos que la Comisión.
Transferencia de capacidad
Se habla que la CICIG debilita las instituciones nacionales. Velásquez explica que la clave en la transferencia de capacidades es desarrollar los procesos de investigación entre funcionarios nacionales y personal de la comisión, de tal manera que se aprenda haciendo.
“Los importantes resultados del MP en casos complejos acompañados por la CICIG, se ha apoyado en formas novedosas de responder a esa criminalidad, con métodos de investigación y trabajo de persecución penal estratégica y conjunta entre fiscales, policías y analistas”, subraya.
El cuestionamiento del Ejecutivo en este caso es el uso de los llamados “colaboradores eficaces”, que lejos de fortalecer la investigación, la han debilitado.
El 7 de enero cuando se anunció el fin del convenio con la CICIG, el Presidente presentó el caso de los hermanos Valdés Paiz y del exministro Carlos Vielmann, en los cuales se denunció a “colaboradores” que mintieron en sus testimonios.
Los hermanos Váldes Paiz aseguraron que el caso de ellos fue el primero donde la CICIG utilizó a los llamados “colaborados eficaces”, y “todos han dicho mentiras para salvarse”, afirmó Francisco Valdés.
Añadió que después de todas las investigaciones aparece un “pobre hombre” a punto de morir, quien declara que fue presionado por miembros de la CICIG para ser colaborar.
“Por esa razón interpusimos un recurso de amparo para que pudiera este hombre hablar y para que llegáramos al IGSS. En esa cita él logró señalar a la persona que le había indicado qué decir en el caso, esa persona era el investigador Luis Fernando Orozco”, citó el afectado.
Además, dijo que fueron víctimas de retardo malicioso por parte de la CICIG. “Ellos mismos presentaron un amparo que retardó el proceso y nosotros somos víctimas de eso”, concluyó.
Rendición de cuentas
“Se ha afirmado que la CICIG no rinde cuentas del uso de sus fondos ni de sus actividades”, añade Velásquez en otro punto.
Explica que el financiamiento es exclusivo de contribuciones voluntarias de estados miembros de la ONU, por medio del un fondo manejado por Naciones Unidas para el Desarrollo.
“Se realizan informes trimestrales de ejecución a los donantes, se realiza además, una auditoría anual que es compartida con los donantes”, puntualiza.
El presidente Jimmy Morales se apoyó en este punto en la declaración del senador republicano por el estado de Misisipi, Roger Wicker, quien hizo un llamado a su país para apoyar a Morales y no a Velásquez.
“Los Estados Unidos deben apoyar a los líderes electos de este país mientras reclaman su soberanía de burócratas de la ONU que no rinden cuentas”, destacó en su cuenta de Twitter.
Control y supervisión
“Se ha afirmado que la CICIG es un ente supranacional que actúa sin control o rendición de cuenta”, escribió Velásquez para luego añadir que “la naturaleza y el mandato de la CICIG establece claros controles internos sobre los poderes de la Comisión”.
“Los actos sustantivos de la Comisión, están regulados por el derecho penal y procesal guatemaltecos, en el marco de las investigaciones y litigios en los cuales apoya el MP como querellante adhesivo, en otras palabras, siempre son autoridades nacionales del sistema de justicia quienes ejercen la jurisdicción y competencia”, subrayó.
Acerca de este punto, la más reciente queja fue planteada de manera pública por el exministro Carlos Vielmann, quien fue juzgado y absuelto en España por un caso promovido por el MP y la CICIG.
El exfuncionario recordó que esa Comisión cometió irregularidades en su proceso y ahora, que fue señalado por el mismo caso en Guatemala, recurre a prácticas al margen de la ley.
Persecución y politización
“Se ha afirmado que los casos que apoya la CICIG en materia de investigación y litigio, responden a motivaciones y fines de tipo ideológico, encaminando persecuciones selectivas”, escribe Velásquez en otra parte del documento.
“No existe evidencia alguna de esta aseveración, así, los casos han generado imputaciones contra personas supuestamente relacionadas con redes ilegales de toda extracción social, origen y ubicación ideológica. El propósito ha sido perseguir estructuras criminales independientemente de la naturaleza o calidad de la persona que las integra”, argumenta el Comisionado.
En este punto de nuevo el caso de Carlos Vielmann es citado, así como el de la familia rusa.
A Vielmann se le intenta juzgar por hechos que ya fueron ventilados en tribunales de España y que, por ahora, no fueron tomados en cuenta por la jueza que lleva su caso.
Por esta situación, el exfuncionario considera que es un “secuestrado político”.
“La CICIG y la FECI se han convertido en una policía política y nosotros somos secuestrados políticos”, señaló el exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger.
Violación constitucional
“Se ha afirmado que la CICIG irrespeta la Constitución de Guatemala, aludiendo a las declaraciones de un funcionario de la Comisión que se refirió en una audiencia ante un juez, a la superioridad jerárquica que establece la Comisión”, añade el Comisionado.
“El funcionario de la CICIG hizo referencia al artículo 46 de la Constitución que establece: ‘Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno”, subraya el comisionado en la nota.
Velásquez no hace mayores comentarios, solo cita el artículo 46 de la Constitución, pero el Presidente Jimmy Morales considera que esta afirmación es un “irrespeto a la soberanía del Estado de Guatemala”
Acerca del tema, el Presidente ha subrayado que ningún acuerdo o convenio puede estar sobre la Constitución.
Para el abogado y exfiscal general, Acisclo Valladares, la Constitución es clara en este asunto.
“El tema lo deja clara y terminantemente zanjado la propia Constitución en su artículo 204: Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia observarán, obligadamente, el principio de que la Constitución Política de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado.
¿En qué resoluciones o sentencias es que ordena la Constitución que prevalezca este principio?
En todas las resoluciones o sentencias puesto que a todas se refiere.
¿Qué tribunales de justicia deben observarlo?
Absolutamente todos, puesto que a todos se lo ordena.
¿Sobre qué leyes o tratados es que prevalece la Constitución de la República?
Sobre todas las leyes y tratados, traten de lo que traten, puesto que el mandato constitucional no hace distingo alguno y, en consecuencia, prevalece sobre todos los tratados y convenciones incluso en materia de derechos humanos”
“El artículo 204 es el único que se refiere a la jerarquía de la Constitución y la establece por encima de cualquier ley o tratado en tanto que el artículo 46 se refiere a la jerarquía de estos últimos cuando en materia de derechos humanos consagrando su primacía sobre todas nuestras normas, incluso sobre las contenidas en leyes constitucionales, pero no sobre la Constitución de la República, existiendo un artículo específico, el 204, que es el que único regula la jerarquía de la Constitución con respecto a todas las normas: todas, sin excepción alguna”, escribe Valladares.
Injerencia electoral
“A raíz de la firma de un convenio de cooperación técnica con el Tribunal Supremo Electoral, se ha afirmado que CICIG trata de manipular el proceso electoral y favorecer a candidatos específicos”, indica el abogado colombiano en la carta enviada a António Guterres.
“En 2013 la CICIG estableció como prioridad de investigación el financiamiento electoral ilícito, ya que se ha evidenciado que este constituye una de las estrategias utilizadas por las redes político-económico ilícitas para cooptar el poder, con el objetivo de obtener el beneplácito de las autoridades y enriquecerse de manera irregular”, responde Velásquez.
Desde que se firmó este acuerdo entre CICIG y el TSE, algunos sectores han cuestionado el instrumento porque aunque se habla de “capacitación”, consideran que la Comisión podría influir en las decisiones del Tribunal, y se utilizarían sus criterios para bloquear la participación de algunos candidatos.
Intimidación y testigos
“Campañas bien financiadas han afirmado que oficiales de la Comisión han intimidado u ofrecido beneficio ilegal a testigos.”, es el punto 12 que comenta Velásquez.
“Durante la gestión del comisionado Velásquez, nunca se han ofrecido beneficios económicos o de otro tipo a testigos. Ningún juez instructor de causa ha solicitado investigar a un funcionario de CICIG por este motivo. Ningún abogado investigador de CICIG ha sido condenado por prácticas intimidatorias en el marco de los proceso que adelantan”, explica la nota.
Este señalamiento cobró fuerza a finales del año pasado cuando se filtraron audios de negociaciones entre fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y reos, con el propósito de realizar declaraciones falsas contra acusados.
Además de beneficios en la prisión, en las grabaciones se escucha de la posibilidad de recibir dinero de parte de la CICIG.
El caso trascendió y ahora el propio Ministerio Público investiga estas “negociaciones” realizadas con reos a cambio de dar testimonios falsos.
Actos terroristas
“El presidente Jimmy Morales, con relación a la cancelación de visas de cortesía del personal de la CICIG, dijo que no puede aceptar dentro del territorio a personas señaladas de haber puesto bombas en instituciones del Estado, sin dar detalles”, escribe Velásquez.
La respuesta es que que presentaron los certificados de los antecedentes penales de los 11 funcionarios a los que se les retiraron las visas y ninguno tiene antecedentes penales.
Asimismo, el Comisionado asegura que pidieron mayores detalles a la Cancillería, pero no recibieron respuesta acerca de este señalamiento.
De este punto no se tienen mayores detalles, excepto lo manifestado por el Presidente, pero sin que diera pormenores de la acusación.
Video tomado de Guatevisión.
Caso Migración
“Se ha afirmado que la CICIG, en contubernio con el gobierno ruso, ha propiciado la persecución política de la familia Bitkov, originaria de Rusia”, señala Velásquez en el último abordado en su carta a António Guterres.
Agrega que la investigación inició en 2010 y en enero de 2018 los tribunales condenaron a 36 personas que conformaban una red que incluía a trabajadores del Registro Nacional de las Personas (Renap), Migración, abogados y otras personas particulares, entre quienes figuran los esposos Bitkov y su hija.
De acuerdo con Velásquez, no se han encontrado, tanto en Guatemala, como Estados Unidos, alguna “colusión” con el gobierno ruso.
Concluye este caso y la carta, indicando que luego de un nuevo juicio, Igor Bitkov, fue condenado por los tribunales de justicia.
En la conferencia de prensa del 7 de enero, el Presidente otorgó el micrófono a Irina Bitkova, quien aseguró que ellos han sido “perseguidos políticos por el gobierno de Rusia.
“Nuestra familia sufre de persecución, por órdenes del gobierno de Rusia, ha quedado demostrado que la CICIG fue contratada por ellos para contribuir a la persecución política. Los diarios rusos también lo mencionan”, aseguró la señora Bitkova.
Asimismo, afirmó que un banco ruso, también “estatal” –Gazprombank-, le entregó el mandato al abogado Alfonso Carillo, quien también está persiguiendo a su familia”.
“Y si esto parece poco, la CICIG (…) presionó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y a jueces para quitarnos a nuestro hijo y lo mandó a un orfanato”, declaró la señora Bitkov .
“A nuestro hijo le prohibieron cualquier contacto con sus familiares prácticamente estaba preso, pues estaba totalmente aislado sin ninguna explicación sin entender qué estaba pasando. Cuando salió de ese lugar presentaba quebrantos de salud”, dijo la esposa de Igor.
Por último, citó que a su hija Anastasia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses resolvió que no podía ser encarcelada por los problemas de salud que padecía.
“Fueron muchos los derechos humanos que se violaron, violación al debido proceso (…)”, concluyó.
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Por aparte Igor Bitkov, quien también estuvo en la conferencia, aseguró que para realizar sus trámites en Guatemala participaron 13 altos funcionarios, entre los cuales estaba Mayra Véliz, exsecretaria general del MP.
“Lo que hizo CICIG y FECI, desde el inicio del proceso fue ocultar pruebas de la participación de esos funcionarios porque allí estaba Mayra Véliz,quien directamente firmó las residencias permanentes para nuestra familia”, agregó Igor Bitkov.
Además dijo que la CICIG y la FECI los han perseguido e influido en los jueces que han llevado los casos contra ellos para que “se nos condene a 47 años de cárcel”.
Con información de Henry Pocasangre y Glenda Sánchez
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