El Congreso retomó en la sesión de este lunes la discusión de un préstamo por US$100 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), pero fracasó la aprobación, por la falta de quórum.
Horas antes de iniciara la sesión en el pleno, Víctor Martínez, ministro de Finanzas, detalló, luego de una reunión de Gabinete de Gobierno, el destino que tendría el préstamo del BIRF, institución del Grupo Banco Mundial.
El crédito tendrá como destino principal el Programa Crecer Sano, que busca mejorar las prácticas, servicios para combatir la desnutrición crónica, con énfasis en los primeros mil días de vida de los niños guatemaltecos.
Martínez detalló que el préstamo se desembolsará en un periodo de cinco años y será utilizado para atender en los siguientes componentes, de manera exclusiva:
- Fortalecimiento de seis áreas de Salud: U$S46 millones.
- Cambio cultural, y abordaje integral y preventiva a familias: US$10 millones.
- Dotación de insumos (filtros de agua, clorificación y construcción de letrinas): US$16.8 millones.
- Medición de línea básica, talleres de logística y transformación cultural: US$7.5 millones.
- Ejecución y evaluación del programa: US$4 millones.
- Enfoque de resultados: US$15 millones.
El titular del Minfin indicó que este último punto permitirá la cobertura sanitaria prenatal, creará un registro único de beneficiario y fomentará la lactancia exclusiva en los primeros seis meses de vida de los niños.
La iniciativa 5343, que propone aprobar el contrato del préstamo, recibió cinco enmiendas, pero se decidió en reuniones de jefes de bloque, la semana pasada, se reuniremos en dos, las cuales indican:
- El ente ejecutor del programa será el Ministerio de Salud Pública y Previsión Social (MSPS) y los beneficiarios serán el Ministerio de Desarrollo y la Secretaría de Seguridad Alimentaria (SESAN).
- Se estableció el destino para el “Componente #2” por US$15 millones (75% para MSPAS y 25% para Mides).
El organismo ejecutar será el @MinSaludGuate en coordinación con otras instituciones para medir el impacto integral del programa— Minfin Guatemala (@MinfinGT) 11 de febrero de 2019
– Tuit de la cuenta oficial del Ministerio de Finanzas.
Inversión en la niñez
Se estima que Guatemala tiene 1.6 milllones de niños con problemas de desnutrición crónica, la cual impide su desarrollo físico y hace que tengan menos probabilidades de graduarse de la secundaria.
“Los niños con desnutrición crónica tienen un retraso de aproximadamente siete meses en comenzar la escuela, un coeficiente intelectual más bajo y una tendencia a no completar el ciclo escolar“, comentó Martínez.
El programa se enfocará en brindar seguridad alimentaria a niños, entre 0 a tres años de edad, por la rentabilidad al país. “Entre más tarde se realice, menor será el retorno sobre la inversión”, explicó el ministro de Finanzas.
Según el Minfin, por cada US$1 invertido en prevenir la desnutrición crónica podrían traer retornos económicos entre US$21 y US$41. “Es muy rentable socialmente que se invierta en la salud nutricional de los niños”, explicó Martínez.
Los casos que analizó Guatemala fueron los de Senegal, Brasil, Tailandia y Perú. En este último, la política en contra de la desnutrición crónica infantil (DCI), permitió reducir el flagelo social en un 50%, entre 2008 y 2016.
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El crédito tendrá como destino principal el Programa Crecer Sano, que busca mejorar las prácticas, servicios para combatir la desnutrición crónica, con énfasis en los primeros mil días de vida de los niños guatemaltecos.
Martínez detalló que el préstamo se desembolsará en un periodo de cinco años y será utilizado para atender en los siguientes componentes, de manera exclusiva:
- Fortalecimiento de seis áreas de Salud: U$S46 millones.
- Cambio cultural, y abordaje integral y preventiva a familias: US$10 millones.
- Dotación de insumos (filtros de agua, clorificación y construcción de letrinas): US$16.8 millones.
- Medición de línea básica, talleres de logística y transformación cultural: US$7.5 millones.
- Ejecución y evaluación del programa: US$4 millones.
- Enfoque de resultados: US$15 millones.
El titular del Minfin indicó que este último punto permitirá la cobertura sanitaria prenatal, creará un registro único de beneficiario y fomentará la lactancia exclusiva en los primeros seis meses de vida de los niños.
La iniciativa 5343, que propone aprobar el contrato del préstamo, recibió cinco enmiendas, pero se decidió en reuniones de jefes de bloque, la semana pasada, se reuniremos en dos, las cuales indican:
- El ente ejecutor del programa será el Ministerio de Salud Pública y Previsión Social (MSPS) y los beneficiarios serán el Ministerio de Desarrollo y la Secretaría de Seguridad Alimentaria (SESAN).
- Se estableció el destino para el “Componente #2” por US$15 millones (75% para MSPAS y 25% para Mides).
El organismo ejecutar será el @MinSaludGuate en coordinación con otras instituciones para medir el impacto integral del programa— Minfin Guatemala (@MinfinGT) 11 de febrero de 2019
– Tuit de la cuenta oficial del Ministerio de Finanzas.
Inversión en la niñez
Se estima que Guatemala tiene 1.6 milllones de niños con problemas de desnutrición crónica, la cual impide su desarrollo físico y hace que tengan menos probabilidades de graduarse de la secundaria.
“Los niños con desnutrición crónica tienen un retraso de aproximadamente siete meses en comenzar la escuela, un coeficiente intelectual más bajo y una tendencia a no completar el ciclo escolar“, comentó Martínez.
El programa se enfocará en brindar seguridad alimentaria a niños, entre 0 a tres años de edad, por la rentabilidad al país. “Entre más tarde se realice, menor será el retorno sobre la inversión”, explicó el ministro de Finanzas.
Según el Minfin, por cada US$1 invertido en prevenir la desnutrición crónica podrían traer retornos económicos entre US$21 y US$41. “Es muy rentable socialmente que se invierta en la salud nutricional de los niños”, explicó Martínez.
Los casos que analizó Guatemala fueron los de Senegal, Brasil, Tailandia y Perú. En este último, la política en contra de la desnutrición crónica infantil (DCI), permitió reducir el flagelo social en un 50%, entre 2008 y 2016.