La primera semana de febrero fueron capturadas cuatro de doce personas señaladas en el caso de supuesto financiamiento electoral ilícito, durante la campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015.
Para dar con las ocho personas pendientes de capturar el Ministerio Público (MP) pedirá a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que se active alerta roja.
La Fiscalía Contra la Impunidad en Guatemala (FECI) informó que por el momento en Guatemala no han localizado a los ocho prófugos.
PRÓFUGOS DEL CASO
| N | NOMBRE | DELITOS |
| 1 | Mario Roberto Leal Castillo | Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”) y Financiamiento Electoral Ilícito (artículo 407 “N”). |
| 2 | Mario Roberto Leal Pivaral | Delito de Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). |
| 3 | Rodrigo Leal Castillo | Delito de Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). |
| 4 | Luis Fernando Pérez Vargas | Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”) y lavado de activos. |
| 5 | Carlos Enrique López Girón | Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”). |
| 6 | Julio César López Villatoro | Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”). |
| 7 | Susana Patricia Castellanos González | Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”) y defraudación tributaria. |
| 8 | Maynor Feizal Zimeri Corado | Asociación ilícita y Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”). |
La Interpol es la organización policial internacional que aglutina en la actualidad a 192 países miembros.
Su función es permitir que las policías de los países colaboren para brindar información.
Señalamientos del MP
De acuerdo a la investigación, la agrupación no reportó todos los millones de quetzales que utilizó durante la campaña del 2015, para impulsar la candidatura de Sandra Torres y Mario Leal.
Q19 MILLONES ES LA SUMA QUE NO FUE REPORTADA AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), DETALLARON LAS AUTORIDADES.
¿Cómo evadieron el control?
Según el MP, la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido.
Por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, lograron eludir el control sobre los fondos que utilizaron.
Las empresas salieron a relucir cuando las autoridades investigaban el caso Traficantes de Influencias, que trata de la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Los movimientos financieros de una de las empresas mostró que MAARIV S.A. y Promotora de Recursos Habitacionales, recibieron dinero que fue mezclado con otros capitales utilizados para la campaña.
El papel de los diputados
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaron mensajeros de las empresas vinculadas al excandidato Mario Leal Castillo.
También se recurrió a personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, hoy diputados, para cambiar cheques emitidos por la entidad MAARIV, S.A. y devolverles el dinero en efectivo.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció la participación de una tercera entidad, el Grupo Inmobiliario San Felipe S.A representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado de UNE.
Los señalados
La candidata Sandra Torres y los diputados Jairo Flores, Karina Paz, Julio Ixcamey y Jorge Vargas, se les pidió el retiro de inmunidad. Al igual que a los alcaldes Pedro Raymundo y Ángel Guarcas.
También se tienen otras órdenes de aprehensión, entre las que destaca Mario Leal, excompañero de fórmula de Sandra Torres.
La primera semana de febrero fueron capturadas cuatro de doce personas señaladas en el caso de supuesto financiamiento electoral ilícito, durante la campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015.
Para dar con las ocho personas pendientes de capturar el Ministerio Público (MP) pedirá a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que se active alerta roja.
La Fiscalía Contra la Impunidad en Guatemala (FECI) informó que por el momento en Guatemala no han localizado a los ocho prófugos.
PRÓFUGOS DEL CASO
| N | NOMBRE | DELITOS |
| 1 | Mario Roberto Leal Castillo | Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”) y Financiamiento Electoral Ilícito (artículo 407 “N”). |
| 2 | Mario Roberto Leal Pivaral | Delito de Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). |
| 3 | Rodrigo Leal Castillo | Delito de Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). |
| 4 | Luis Fernando Pérez Vargas | Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”) y lavado de activos. |
| 5 | Carlos Enrique López Girón | Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”). |
| 6 | Julio César López Villatoro | Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”). |
| 7 | Susana Patricia Castellanos González | Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”) y defraudación tributaria. |
| 8 | Maynor Feizal Zimeri Corado | Asociación ilícita y Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”). |
La Interpol es la organización policial internacional que aglutina en la actualidad a 192 países miembros.
Su función es permitir que las policías de los países colaboren para brindar información.
Señalamientos del MP
De acuerdo a la investigación, la agrupación no reportó todos los millones de quetzales que utilizó durante la campaña del 2015, para impulsar la candidatura de Sandra Torres y Mario Leal.
Q19 MILLONES ES LA SUMA QUE NO FUE REPORTADA AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), DETALLARON LAS AUTORIDADES.
¿Cómo evadieron el control?
Según el MP, la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido.
Por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, lograron eludir el control sobre los fondos que utilizaron.
Las empresas salieron a relucir cuando las autoridades investigaban el caso Traficantes de Influencias, que trata de la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Los movimientos financieros de una de las empresas mostró que MAARIV S.A. y Promotora de Recursos Habitacionales, recibieron dinero que fue mezclado con otros capitales utilizados para la campaña.
El papel de los diputados
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaron mensajeros de las empresas vinculadas al excandidato Mario Leal Castillo.
También se recurrió a personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, hoy diputados, para cambiar cheques emitidos por la entidad MAARIV, S.A. y devolverles el dinero en efectivo.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció la participación de una tercera entidad, el Grupo Inmobiliario San Felipe S.A representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado de UNE.
Los señalados
La candidata Sandra Torres y los diputados Jairo Flores, Karina Paz, Julio Ixcamey y Jorge Vargas, se les pidió el retiro de inmunidad. Al igual que a los alcaldes Pedro Raymundo y Ángel Guarcas.
También se tienen otras órdenes de aprehensión, entre las que destaca Mario Leal, excompañero de fórmula de Sandra Torres.