La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) rechazó la usurpación de una finca en Escuintla, que según ellos es asesorada por el Comité de Unidad Campesina (CUC),
En marzo de 2018 un grupo de familias campesinas invadió la finca Medio Monte. Los invasores aseguran que pertenecen a la Coordinadora de la Sociedad Civil Organizada.
La finca “usurpada” es propiedad de la Usac y es utilizada por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia para fines académicos y de investigación científica.
Sin vivienda
La Usac informó que después de la invasión instaló una mesa de diálogo con los líderes de las familias para buscar una solución, pero el grupo argumenta que están en la finca porque no tiene dónde vivir.
“En la mesa de diálogo participan el Ministerio de Gobernación y las instituciones que velan por los derechos humanos”, informó la Usac en un comunicado de prensa.
Autoridades de la institución educativa han presentado las denuncias por usurpación en el Ministerio Público (MP), ya que según el encargado de la finca, Jhonny Ruano, a partir del 4 de marzo de 2018, inició la invasión en el área conocida como Romero.
La casa de estudios exhortó al grupo abstenerse de cometer acciones ilegales que puedan atentar contra el derecho a la vida.
“El sector campesino, asesorado por el CUC, argumenta que las acciones se originan por las necesidades de vivienda; sin embargo no es competencia de la Usac otorgar terrenos”, se indica en el documento.
También se hace un llamado al Ministerio Público (MP) para agilizar las acciones legales presentadas por la universidad estatal.
Línea de tiempo
- 4 de marzo de 2018 se inició la invasión a la propiedad, varias personas ilegalmente comenzaron a construir covachas, casas de block e incluso explotan los recursos naturales de la finca, informó Soy Usac
- 21 de marzo de 2018 se presentó denuncia por usurpación en el Ministerio Público (MP).
- 11 de abril de 2018 la Usac solicitó al Registro de Información Catastral (RIC) un estudio técnico de la zona afectada por la invasión, para dar certeza de la propiedad.
- 14 de mayo de 2018 se inicia diálogo con los distintos sectores para buscar una solución. Las acciones legales siguen su curso de manera paralela.
- 14 de diciembre de 2018 se estableció una mesa técnica donde participó la Usac, la Facultad de Veterinaria, el juez municipal de Palín, la PDH y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh).
- El 2 de febrero de 2019, antes de la visita de las autoridades universitarias, el encargado de la finca, Jhonny Ruano; y otro trabajador, José Luis Camey, presuntamente fueron víctimas de un grupo de personas de la comunidad de El Chilar, que amenazaron con quemarlos si no desalojaban el lugar.
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La finca “usurpada” es propiedad de la Usac y es utilizada por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia para fines académicos y de investigación científica.
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La Usac informó que después de la invasión instaló una mesa de diálogo con los líderes de las familias para buscar una solución, pero el grupo argumenta que están en la finca porque no tiene dónde vivir.
“En la mesa de diálogo participan el Ministerio de Gobernación y las instituciones que velan por los derechos humanos”, informó la Usac en un comunicado de prensa.
Autoridades de la institución educativa han presentado las denuncias por usurpación en el Ministerio Público (MP), ya que según el encargado de la finca, Jhonny Ruano, a partir del 4 de marzo de 2018, inició la invasión en el área conocida como Romero.
La casa de estudios exhortó al grupo abstenerse de cometer acciones ilegales que puedan atentar contra el derecho a la vida.
“El sector campesino, asesorado por el CUC, argumenta que las acciones se originan por las necesidades de vivienda; sin embargo no es competencia de la Usac otorgar terrenos”, se indica en el documento.
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- 11 de abril de 2018 la Usac solicitó al Registro de Información Catastral (RIC) un estudio técnico de la zona afectada por la invasión, para dar certeza de la propiedad.
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- El 2 de febrero de 2019, antes de la visita de las autoridades universitarias, el encargado de la finca, Jhonny Ruano; y otro trabajador, José Luis Camey, presuntamente fueron víctimas de un grupo de personas de la comunidad de El Chilar, que amenazaron con quemarlos si no desalojaban el lugar.
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