Esta semana la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentará un amparo contra el fallo que rechazó el antejuicio de Sandra Torres, candidata a la presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI del Ministerio Público (MP), confirmó que trabajan en el documento para el amparo, el cual será presentado en la Corte de Constitucionalidad (CC).
“En semana plantearemos amparo contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso de Sandra Torres“, manifestó Sandoval este martes vía telefónica.
Rechazo de antejuicio
El 27 de febrero la CSJ rechazó el antejuicio presentado por el Ministerio Público por considerar que no existían elementos de “razonabilidad suficientes”.
El antejuicio no fue admitido por la mayoría de magistrados. Entre los votos razonadosfiguró el de la magistrada Silvia García, quien concluyó que no aplica el retiro de la inmunidad para los diputados involucrados, pero sí para Torres.
En el antejuicio eran parte Jairo Flores, Julio César Ixcamey, Karina Paz Rosales, y Jorge Vargas Morales.
Todos eran señalados de financiamiento electoral no registrado y de financiamiento electoral ilícito. A Torres le agregaban asociación ilícita.
Detalles del caso
La investigación reveló que la UNE utilizó las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido, según el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El MP agregó que por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
Se estableció que por medio de esta entidades, se hizo llegar la aportación procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal a la SAT.
El dinero ingresó en la cuenta oficial de campaña No. 82-0002841-5 a nombre del partido político, por medio del cheque No. 16816576 emitido de la cuenta del Banco G&T Continental, S.A. No. 47-0003676-4 a nombre de MAARIV, S.A .
Los fondos provenían de la entidad Ingeniería Integral, S.A, empresa que trasladó Q 3.4 millones a las cuentas de Maariv, S.A. y de Promotora de Recursos Habitacionales S.A., los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña.
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas al excandidato vicepresidencial, Mario Leal Castillo, y personas afiliadas al partido, para cambiar cheques emitidos por la entidad Maariv, S.A., agrega la acusación.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban, se estableció la participación de una tercera entidad, representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado del partido UNE.
Además , la entidad Compañía Agrícola Industrial Solesa S.A.,vinculada con la familia del candidato vicepresidenciable, Mario Roberto Leal Castillo, añaden las autoridades.
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“En semana plantearemos amparo contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso de Sandra Torres“, manifestó Sandoval este martes vía telefónica.
Rechazo de antejuicio
El 27 de febrero la CSJ rechazó el antejuicio presentado por el Ministerio Público por considerar que no existían elementos de “razonabilidad suficientes”.
El antejuicio no fue admitido por la mayoría de magistrados. Entre los votos razonadosfiguró el de la magistrada Silvia García, quien concluyó que no aplica el retiro de la inmunidad para los diputados involucrados, pero sí para Torres.
En el antejuicio eran parte Jairo Flores, Julio César Ixcamey, Karina Paz Rosales, y Jorge Vargas Morales.
Todos eran señalados de financiamiento electoral no registrado y de financiamiento electoral ilícito. A Torres le agregaban asociación ilícita.
Detalles del caso
La investigación reveló que la UNE utilizó las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido, según el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El MP agregó que por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
Se estableció que por medio de esta entidades, se hizo llegar la aportación procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal a la SAT.
El dinero ingresó en la cuenta oficial de campaña No. 82-0002841-5 a nombre del partido político, por medio del cheque No. 16816576 emitido de la cuenta del Banco G&T Continental, S.A. No. 47-0003676-4 a nombre de MAARIV, S.A .
Los fondos provenían de la entidad Ingeniería Integral, S.A, empresa que trasladó Q 3.4 millones a las cuentas de Maariv, S.A. y de Promotora de Recursos Habitacionales S.A., los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña.
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas al excandidato vicepresidencial, Mario Leal Castillo, y personas afiliadas al partido, para cambiar cheques emitidos por la entidad Maariv, S.A., agrega la acusación.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban, se estableció la participación de una tercera entidad, representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado del partido UNE.
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