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Acisclo Valladares Urruela: “Seré enfático, no hubo pagos”

Braulio Palacios
08 de mayo, 2019

Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, sigue siendo cuestionado por los señalamientos del Ministerio Público que solicitó antejuicio en su contra por el supuesto pago de sobornos a diputados durante el gobierno del Partido Patriota.

El funcionario comenta que los señalamientos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del MP, son “dimes, diretes” y “dèbiles”.

Valladares sostiene que la empresa TIGO, de la cual era gerente general, no recibió ningún beneficio directo derivado de “Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos”.

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Asegura que cuando se aprobó ese decreto, también fungía como presidente de la Gremial de Telecomunicaciones y lo que se pretendió fue combatir la extorsiones desde las cárceles y agilizar la expansión de la infraestructura de las empresas de tecnología, en especial las telecomunicaciones.

Luego de las explicaciones del Ministro, los periodistas insistieron en preguntarle si la empresa TIGO habría sobornado a los diputados, tal como sostiene la FECI.

“Quieren que les responda enfáticamente: no hubo. Cuál es la tesis, por qué pudo haber pago. ¿Qué beneficiaba a quién? Lo que se ve en la presentación es muy pobre, no hay ninguna razón”, indicó Valladares.

El señalamiento contra el Ministro

“La promesa de dádiva correspondía a pagos bimensuales de Q50 mil por diputado, dinero que era entregado en efectivo y en maletas remitidas a personal de confianza de la entonces vicepresidenta Baldetti, de manos de los altos directivos de la empresa de telecomunicaciones, TIGO, Acisclo Valladares Urruela y Luis Fernando Valladares Guillén, en la oficina principal de dicha entidad”, se indica en el comunicado.

“Desde la Vicepresidencia, el dinero era repartido través de algunos diputados de confianza que eran denominados entre ellos como “jefes de línea” o “brochas”, se añade.

“ADEMÁS DE ESTAR ENCARGADOS DE LA REPARTICIÓN DEL DINERO AL RESTO DE DIPUTADOS, (PAGOS REFERIDOS POR LOS MISMOS COMO “LAS CHAMPURRADAS”), TAMBIÉN SE ENCARGABAN DE TRASLADAR LAS INSTRUCCIONES QUE EMANABAN DE ROXANA BALDETTI ELÍAS”, INDICAN EL MP Y LA CICIG.

Esta forma de operar se dio desde que inició la legislatura 2012-2016, lo cual permitió aprobar determinados paquetes de leyes, indican las autoridades.

“Debido a este modus operandi de la estructura criminal, en cuanto al manejo en efectivo del dinero prometido como dádiva, se cuenta con una serie de declaraciones testimoniales (incluyendo la de un exdiputado del Partido Patriota y “jefe de línea”) que ponen de manifiesto la ruta y repartición del dinero, las cuales fueron corroboradas mediante actos de análisis y de verificación policial”, indican las entidades de investigación.

“La subordinación del Poder Legislativo a la Vicepresidencia se evidenció a través de numerosas comunicaciones obtenidas a raíz de extracciones de dispositivos celulares o correos electrónicos, que coinciden a su vez por testimonios de personas que declararon ante juez en anticipo de prueba”, afirman las autoridades.

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El funcionario comenta que los señalamientos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del MP, son “dimes, diretes” y “dèbiles”.

Valladares sostiene que la empresa TIGO, de la cual era gerente general, no recibió ningún beneficio directo derivado de “Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos”.

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Asegura que cuando se aprobó ese decreto, también fungía como presidente de la Gremial de Telecomunicaciones y lo que se pretendió fue combatir la extorsiones desde las cárceles y agilizar la expansión de la infraestructura de las empresas de tecnología, en especial las telecomunicaciones.

Luego de las explicaciones del Ministro, los periodistas insistieron en preguntarle si la empresa TIGO habría sobornado a los diputados, tal como sostiene la FECI.

“Quieren que les responda enfáticamente: no hubo. Cuál es la tesis, por qué pudo haber pago. ¿Qué beneficiaba a quién? Lo que se ve en la presentación es muy pobre, no hay ninguna razón”, indicó Valladares.

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“La promesa de dádiva correspondía a pagos bimensuales de Q50 mil por diputado, dinero que era entregado en efectivo y en maletas remitidas a personal de confianza de la entonces vicepresidenta Baldetti, de manos de los altos directivos de la empresa de telecomunicaciones, TIGO, Acisclo Valladares Urruela y Luis Fernando Valladares Guillén, en la oficina principal de dicha entidad”, se indica en el comunicado.

“Desde la Vicepresidencia, el dinero era repartido través de algunos diputados de confianza que eran denominados entre ellos como “jefes de línea” o “brochas”, se añade.

“ADEMÁS DE ESTAR ENCARGADOS DE LA REPARTICIÓN DEL DINERO AL RESTO DE DIPUTADOS, (PAGOS REFERIDOS POR LOS MISMOS COMO “LAS CHAMPURRADAS”), TAMBIÉN SE ENCARGABAN DE TRASLADAR LAS INSTRUCCIONES QUE EMANABAN DE ROXANA BALDETTI ELÍAS”, INDICAN EL MP Y LA CICIG.

Esta forma de operar se dio desde que inició la legislatura 2012-2016, lo cual permitió aprobar determinados paquetes de leyes, indican las autoridades.

“Debido a este modus operandi de la estructura criminal, en cuanto al manejo en efectivo del dinero prometido como dádiva, se cuenta con una serie de declaraciones testimoniales (incluyendo la de un exdiputado del Partido Patriota y “jefe de línea”) que ponen de manifiesto la ruta y repartición del dinero, las cuales fueron corroboradas mediante actos de análisis y de verificación policial”, indican las entidades de investigación.

“La subordinación del Poder Legislativo a la Vicepresidencia se evidenció a través de numerosas comunicaciones obtenidas a raíz de extracciones de dispositivos celulares o correos electrónicos, que coinciden a su vez por testimonios de personas que declararon ante juez en anticipo de prueba”, afirman las autoridades.

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