El antejuicio contra Sandra Torres podría ser conocido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hasta que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), resuelvan el amparo en definitiva.
Los magistrados decidieron este viernes conceder el amparo provisional al Ministerio Público y a la CICIG, pero no devolvieron el expediente a la CSJ, sino que continuará en la CC hasta que esta entidad concluya el proceso de amparo.
Por ahora hay varios recursos legales planteados por los señalados, por lo que no hay un plazo para conocer la decisión final de la Corte de Constitucionalidad.
Este fallo no limita que Sandra Torres siga en la contienda electoral.
El 27 de febrero de este año la CSJ rechazó la solicitud del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para quitarle la inmunidad a la presidenciable del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Torres habría cometido los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, de acuerdo con el MP y la CICIG que piden el antejuicio para investigarla.
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El caso contra Sandra Torres
De acuerdo a la investigación, la UNE no reportó todos los gastos que utilizó durante la campaña electoral del 2015, para impulsar la candidatura de Sandra Torres y Mario Leal.
La suma que no fue reportada asciende a Q19 millones, según el reporte del Tribunal Supremo Electoral, que sirvió de base para la denuncia del Ministerio Público y la CICIG
¿Cómo evadieron el control?
Según el MP, la UNE utilizó a las empresas Maariv, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (Prohabsa) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido.
Por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, lograron eludir el control sobre los fondos que utilizaron.
Las empresas salieron a relucir cuando las autoridades investigaban el caso Traficantes de Influencias, que trata de la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Los movimientos financieros de una de las empresas mostró que Maariv, S.A., y Promotora de Recursos Habitacionales, recibieron dinero que fue mezclado con otros capitales utilizados para la campaña.
El papel de los diputados
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaron mensajeros de las empresas vinculadas al excandidato Mario Leal Castillo.
También se recurrió a personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, hoy diputados, para cambiar cheques emitidos por la entidad Maariv, S.A., y devolverles el dinero en efectivo.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció la participación de una tercera entidad, el Grupo Inmobiliario San Felipe S.A representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado de UNE.
Los señalados
La candidata Sandra Torres y los diputados Jairo Flores, Karina Paz, Julio Ixcamey y Jorge Vargas, se les pidió el retiro de inmunidad. Al igual que a los alcaldes Pedro Raymundo y Ángel Guarcas.
También se tienen otras órdenes de aprehensión, entre las que destaca Mario Leal, excompañero de fórmula de Sandra Torres.
Lea acá los señalamientos, según la CICIG
Financiamiento electoral partido UNE, campaña electoral 2015
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