El MP cumple con segundo día de allanamientos en busca de evidencia relacionada al caso de Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE durante la campaña electoral 2015.
Fuentes del Ministerio Público (MP), informaron que este martes iniciaron 14 diligencias para buscar indicios y evidencias que aporten a la investigación.
Los 14 allanamientos, en diferentes zonas de la capital, siguen en desarrollo este miércoles, según las autoridades.
Los indicios
Se aclaró que los operativos no se relacionan a ningún diputado o candidato presidencial que en algún momento fueron mencionados en el proceso penal.
Los indicios están relacionados contra Gustavo Alejos, exsecretario privado de la presidencia del Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El MP señala a Gustavo Alejos, en este caso de corrupción, de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.
La diligencia también abarca a tres personas más: Juan Pablo García Castro, Víctor de Jesús Duarte Mendoza y Guillermo Alejando Sierra y otras siete que fueron citadas desde que se hizo público el caso.
En los allanamientos colabora la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Notas relacionadas:
- Implican a Gustavo Alejos y Gregorio Valdez en caso TCQ
- Gustavo Alejos Cámbara figura en Panama Paper
- Gustavo Alejos es ligado a proceso por dos delitos
El caso contra la UNE
De acuerdo a la investigación, la agrupación no reportó todos los millones de quetzales que utilizó durante la campaña del 2015, para impulsar la candidatura de Sandra Torres y Mario Leal.
Q19 MILLONES ES LA SUMA QUE NO FUE REPORTADA AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), DETALLARON LAS AUTORIDADES.
Según el MP, la UNE utilizó a las empresas Maariv, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (Prohabsa) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido.
Por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, lograron eludir el control sobre los fondos que utilizaron.
Las empresas salieron a relucir cuando las autoridades investigaban el caso Traficantes de Influencias, que trata de la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la SAT.
Los movimientos financieros de una de las empresas mostró que Maariv, S.A. y Promotora de Recursos Habitacionales, recibieron dinero que fue mezclado con otros capitales utilizados para la campaña.
Acá puede consultar detalles del caso: Cómo ocurrió el delito, según la CICIG
El papel de los diputados
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaron mensajeros de las empresas vinculadas al excandidato Mario Leal Castillo.
También se recurrió a personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, para cambiar cheques emitidos por la entidad MAARIV, S.A. y devolverles el dinero en efectivo.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció la participación de una tercera entidad, el Grupo Inmobiliario San Felipe S.A representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado de UNE.
El MP cumple con segundo día de allanamientos en busca de evidencia relacionada al caso de Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE durante la campaña electoral 2015.
Fuentes del Ministerio Público (MP), informaron que este martes iniciaron 14 diligencias para buscar indicios y evidencias que aporten a la investigación.
Los 14 allanamientos, en diferentes zonas de la capital, siguen en desarrollo este miércoles, según las autoridades.
Los indicios
Se aclaró que los operativos no se relacionan a ningún diputado o candidato presidencial que en algún momento fueron mencionados en el proceso penal.
Los indicios están relacionados contra Gustavo Alejos, exsecretario privado de la presidencia del Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El MP señala a Gustavo Alejos, en este caso de corrupción, de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.
La diligencia también abarca a tres personas más: Juan Pablo García Castro, Víctor de Jesús Duarte Mendoza y Guillermo Alejando Sierra y otras siete que fueron citadas desde que se hizo público el caso.
En los allanamientos colabora la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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El caso contra la UNE
De acuerdo a la investigación, la agrupación no reportó todos los millones de quetzales que utilizó durante la campaña del 2015, para impulsar la candidatura de Sandra Torres y Mario Leal.
Q19 MILLONES ES LA SUMA QUE NO FUE REPORTADA AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), DETALLARON LAS AUTORIDADES.
Según el MP, la UNE utilizó a las empresas Maariv, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (Prohabsa) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido.
Por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, lograron eludir el control sobre los fondos que utilizaron.
Las empresas salieron a relucir cuando las autoridades investigaban el caso Traficantes de Influencias, que trata de la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la SAT.
Los movimientos financieros de una de las empresas mostró que Maariv, S.A. y Promotora de Recursos Habitacionales, recibieron dinero que fue mezclado con otros capitales utilizados para la campaña.
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El papel de los diputados
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaron mensajeros de las empresas vinculadas al excandidato Mario Leal Castillo.
También se recurrió a personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, para cambiar cheques emitidos por la entidad MAARIV, S.A. y devolverles el dinero en efectivo.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció la participación de una tercera entidad, el Grupo Inmobiliario San Felipe S.A representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado de UNE.