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Corte de Constitucionalidad ordena cierre temporal de minera Fénix

Luis Gonzalez
19 de julio, 2019

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), ordenaron el cierre temporal de la minera que opera con la licencia “Extracción Minera Fénix”, concedida a la Compañía Guatemalteca de Níquel.

“La Corte de Constitucionalidad otorgó amparo provisional revocando la resolución de la Corte Suprema de Justicia emitida el 7 de marzo de 2018”, indica un comunicado de la CC.

“En consecuencia, se deja en suspenso temporal, en tanto dure la tramitación del amparo, la licencia del derecho de explotación minera denominada Fénix, otorgada en la resolución número 1208 del 17 de abril de 2016 por el Ministerio de Energía y Minas”, añade la comunicación de la Corte.

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Alfredo Gálvez, vicepresidente de la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), comenta que con esta nueva resolución de la Corte, el sector se encuentra “sumamente preocupado” por el daño que se causa al empleo de miles de personas y el mensaje negativo para los inversionistas.

El Ministerio de Energía y Minas otorgó a la Compañía Guatemalteca de Níquel, la licencia de explotación minera que se denomina ´Extracción Minera Fénix´.

La licencia le confiere derecho de explotar, vender de forma local, transformar y exportar los productos mineros denominados níquel, cobalto, hierro, cromo y magnesio durante 25 años, indica la Corte.

“Los amparistas reclaman que el Derecho de Consulta, de participación, otorgamiento de consentimiento libre, previo e informado y protección a grupos étnicos de los pueblos indígenas de los municipios Panzós, Senahú y Santa María Cahabón del departamento de Alta Verapaz y El Estor del departamento de Izabal, fueron violentados”, indica la CC.

Resolución por “asuntos ideológicos”

Alfredo Gálvez enfatiza que se “encuentran sorprendidos” porque la Corte de Constitucionalidad de nuevo resuelve por “asuntos ideológicos”.

Señala que se había previsto una audiencia pública para esta semana y se reprogramó para el 25 de julio, pero antes se tomó esta resolución.

“Es la influencia ideológica en la Corte de Constitucionalidad la que con sus creencias no permite el desarrollo industrial”, subraya Gálvez, al referirse al fallo.

“Es un mensaje negativo, lo que quieren es terminar de ahorcar la industria minera del país”, añade.

“Guatemala fue un importante exportador de metales, este rubro llegó a ocupar el tercer lugar en exportaciones por volumen, unos US$1 mil 500 millones anuales, pero todo se cayó”, recuerda Gálvez.

Con el cierre de la Minera Fénix, (luego del cierre de Minera San Rafael y el retiro de la Mina Marlin), solo quedan las empresas nacionales que explotan materiales de construcción, lo cual significa unos Q200 millones para el país, agrega el Vicepresidente de la Gremiext .

La Minera ahora afectada genera unos 1 mil 500 empleos que ahora están en riesgo.

El caso de Minera San Rafael

En otro caso similar, de la Minera San Rafael, que dejó de operar en el departamento de Santa Rosa por resolución de la CC, se perdieron 900 empleos directos y 7 mil indirectos.

La CC ordenó al Ministerio de Energía y Minas realizar la consulta indígena en el área donde opera la Minera, pero antes de resolver, suspendió las operaciones de la empresa, lo cual causó los despidos.

El proceso de consulta indígena lleva 10 meses en los cuales se ha tenido un avance de más o menos un 30 por ciento. Durante este tiempo solo se han presentado informes, pero falta que se convoque a la mesa de preconsulta, que se ha detenido porque el Parlamento Xinca no ha nombrado representantes.

En Guatemala se suspendió la entrega de licencias en el sector minero luego de la moratoria acordada durante el gobierno de Álvaro Colom, lo que impide el ingreso de nuevas inversiones para exploración y explotación minera.

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“La Corte de Constitucionalidad otorgó amparo provisional revocando la resolución de la Corte Suprema de Justicia emitida el 7 de marzo de 2018”, indica un comunicado de la CC.

“En consecuencia, se deja en suspenso temporal, en tanto dure la tramitación del amparo, la licencia del derecho de explotación minera denominada Fénix, otorgada en la resolución número 1208 del 17 de abril de 2016 por el Ministerio de Energía y Minas”, añade la comunicación de la Corte.

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El Ministerio de Energía y Minas otorgó a la Compañía Guatemalteca de Níquel, la licencia de explotación minera que se denomina ´Extracción Minera Fénix´.

La licencia le confiere derecho de explotar, vender de forma local, transformar y exportar los productos mineros denominados níquel, cobalto, hierro, cromo y magnesio durante 25 años, indica la Corte.

“Los amparistas reclaman que el Derecho de Consulta, de participación, otorgamiento de consentimiento libre, previo e informado y protección a grupos étnicos de los pueblos indígenas de los municipios Panzós, Senahú y Santa María Cahabón del departamento de Alta Verapaz y El Estor del departamento de Izabal, fueron violentados”, indica la CC.

Resolución por “asuntos ideológicos”

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Señala que se había previsto una audiencia pública para esta semana y se reprogramó para el 25 de julio, pero antes se tomó esta resolución.

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“Es un mensaje negativo, lo que quieren es terminar de ahorcar la industria minera del país”, añade.

“Guatemala fue un importante exportador de metales, este rubro llegó a ocupar el tercer lugar en exportaciones por volumen, unos US$1 mil 500 millones anuales, pero todo se cayó”, recuerda Gálvez.

Con el cierre de la Minera Fénix, (luego del cierre de Minera San Rafael y el retiro de la Mina Marlin), solo quedan las empresas nacionales que explotan materiales de construcción, lo cual significa unos Q200 millones para el país, agrega el Vicepresidente de la Gremiext .

La Minera ahora afectada genera unos 1 mil 500 empleos que ahora están en riesgo.

El caso de Minera San Rafael

En otro caso similar, de la Minera San Rafael, que dejó de operar en el departamento de Santa Rosa por resolución de la CC, se perdieron 900 empleos directos y 7 mil indirectos.

La CC ordenó al Ministerio de Energía y Minas realizar la consulta indígena en el área donde opera la Minera, pero antes de resolver, suspendió las operaciones de la empresa, lo cual causó los despidos.

El proceso de consulta indígena lleva 10 meses en los cuales se ha tenido un avance de más o menos un 30 por ciento. Durante este tiempo solo se han presentado informes, pero falta que se convoque a la mesa de preconsulta, que se ha detenido porque el Parlamento Xinca no ha nombrado representantes.

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