“Estoy con el corazón en la mano, podría quedar sin trabajo”, la voz de 900 familias de El Estor
Voces de ruego, súplica y llamados a revisar a fondo el expediente de la mina que opera en El Estor, Izabal, se escucharon este jueves en la vista pública realizada en la Corte de Constitucionalidad.
Alcaldes auxiliares de unas doce comunidades de ese municipio, proveedores y la Compañía Guatemalteca de Níquel, pidieron a los magistrados no cerrar la empresa, porque ello significaría la pérdida de tres mil empleos y un retroceso económico para El Estor.
Mientras tanto, el abogado Rafael Maldonado, quien representa a quienes plantearon el amparo contra la minera, solicitó a la CC que, tal como ocurrió con la minera San Rafael, la empresa deje de operar mientras se realiza la consulta indígena.
El 9 de enero de 2019 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió que la mina de El Estor tenía que realizar la consulta indígena, pero sin cerrar operaciones.
Sin embargo, Maldonado acudió a la CC y pidió un amparo provisional para cerrar la mina, mientras se realiza la consulta a las comunidades indígenas.
La Corte concedió el amparo y este jueves escuchó a las partes para contar con otros elementos que apoyen su fallo definitivo.
Sí hubo consulta, dicen comunitarios
Alcaldes auxiliares de caseríos y representantes de barrios de El Estor, explicaron a los magistrados cómo la mina es fuente de empleo para todo el municipio.
“Sí fuimos consultados y necesitamos que siga la empresa. Soy madre soltera y sé la necesidad de estar sin trabajo. No es justo que quienes no conocen la necesidad del municipio, pidan el cierre”, dijo Rosa Bo, alcaldesa auxiliar del barrio Los Cerritos.
José Chiquín Caal, alcalde auxiliar, pidió a los magistrados no cerrar la empresa minera de la cual depende la economía del municipio. Asegura que tienen compromisos en los bancos y en otras entidades y se verían afectados si la compañía deja de operar.
“Estamos muy preocupados porque oímos que la empresa cerrará. En la comunidad sí fuimos consultados, hicimos reuniones y los vecinos lo pensaron y aceptaron a la mina. Esto quedó en acta”, comentó Domingo Cucul, alcalde auxiliar del caserío El Paraíso.
Emilio Ichich, alcalde auxiliar del caserío Zepur Límite, pidió a los magistrados “ponerse la mano en el corazón” porque la empresa los apoyó con la construcción de una escuela.
“Las personas que trabajan ahí tienen a sus hijos estudiando. Qué hará el padre de familia cuando se queden sin trabajo, con sus hijos que están estudiando”, expresó Ichich.
Bernabé Chu, alcalde comunitario del caserío La Pista, comentó que la mina les compró un terreno donde viven y siembran. Además, los apoya para contar con agua potable.
Chu dijo: “Por favor que la empresa no cierre, porque no es mentira lo que estamos diciendo. Que la empresa no se vaya El Estor”.
Defiende el trabajo de 86 familias
Julio Gonón Paz, propietario de los Transportes Paz, contó que empezó su empresa con dos empleados y ahora cuenta con 86 personas que dependen de la presencia de la mina.
Agregó que el sector de transporte genera 450 empleos directos, pero recordó que son miles las personas favorecidas con empleo.
“La empresa estará 25 años y estos 86 empleados siempre tienen necesidad. Estoy con el corazón en la mano porque podrían quedar sin trabajo todos”, dijo Paz.
“La solución no es cerrar. Antes había un banco y ahora hay cinco y el comercio aumentó, por eso estamos preocupados”, añadió el transportista.
“La empresa no da conflicto, no da contaminación, no da delincuencia, nos da comida, nos da trabajo… por favor no nos quiten los sueños, no nos dejan sin trabajo”, subrayó Paz.
Pablo Coronado, de la empresa Productos del Aire, dijo que tienen 25 empleados asignados a la minera, pero que si esta cierra, la mayor parte se quedarán sin trabajo.
“Cerrar la mina no es una opción, quitar el empleo es condenar a muchos a la muerte, todos tienen derecho a la consulta, pero sin dañar los derechos de las demás personas”, enfatizó Coronado,
Héctor Guzmán, de Multiservicios Guzmán, dijo que el solo anuncio del cierre de la mina ya causa efectos negativos.
“Ya se empezó a sentir el anuncio en El Estor porque todos preguntan qué nos va a pasar, cómo vamos a pagar las deudas, no nos quitemos el futuro”, comentó Guzmán.
Inversión, consulta y ambiente
Iván Camey, representante de la Compañía Guatemalteca de Níquel, señaló que la empresa ha invertido US$600 millones en el área con beneficios de empleo, y proyectos de infraestructura, educación y salubridad.
Asimismo, indicó que la empresa realizó la consulta a las comunidades directamente afectadas bajo la dirección del Ministerio de Energía y Minas, alcaldía y autoridades comunitarias.
Camey también se refirió a los supuestos daños al medio ambiente y subrayó que la mina cuenta con el aval del Ministerio de Ambiente, que no ve incumplimientos.
Acá puede ver la audiencia pública:
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El 9 de enero de 2019 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió que la mina de El Estor tenía que realizar la consulta indígena, pero sin cerrar operaciones.
Sin embargo, Maldonado acudió a la CC y pidió un amparo provisional para cerrar la mina, mientras se realiza la consulta a las comunidades indígenas.
La Corte concedió el amparo y este jueves escuchó a las partes para contar con otros elementos que apoyen su fallo definitivo.
Sí hubo consulta, dicen comunitarios
Alcaldes auxiliares de caseríos y representantes de barrios de El Estor, explicaron a los magistrados cómo la mina es fuente de empleo para todo el municipio.
“Sí fuimos consultados y necesitamos que siga la empresa. Soy madre soltera y sé la necesidad de estar sin trabajo. No es justo que quienes no conocen la necesidad del municipio, pidan el cierre”, dijo Rosa Bo, alcaldesa auxiliar del barrio Los Cerritos.
José Chiquín Caal, alcalde auxiliar, pidió a los magistrados no cerrar la empresa minera de la cual depende la economía del municipio. Asegura que tienen compromisos en los bancos y en otras entidades y se verían afectados si la compañía deja de operar.
“Estamos muy preocupados porque oímos que la empresa cerrará. En la comunidad sí fuimos consultados, hicimos reuniones y los vecinos lo pensaron y aceptaron a la mina. Esto quedó en acta”, comentó Domingo Cucul, alcalde auxiliar del caserío El Paraíso.
Emilio Ichich, alcalde auxiliar del caserío Zepur Límite, pidió a los magistrados “ponerse la mano en el corazón” porque la empresa los apoyó con la construcción de una escuela.
“Las personas que trabajan ahí tienen a sus hijos estudiando. Qué hará el padre de familia cuando se queden sin trabajo, con sus hijos que están estudiando”, expresó Ichich.
Bernabé Chu, alcalde comunitario del caserío La Pista, comentó que la mina les compró un terreno donde viven y siembran. Además, los apoya para contar con agua potable.
Chu dijo: “Por favor que la empresa no cierre, porque no es mentira lo que estamos diciendo. Que la empresa no se vaya El Estor”.
Defiende el trabajo de 86 familias
Julio Gonón Paz, propietario de los Transportes Paz, contó que empezó su empresa con dos empleados y ahora cuenta con 86 personas que dependen de la presencia de la mina.
Agregó que el sector de transporte genera 450 empleos directos, pero recordó que son miles las personas favorecidas con empleo.
“La empresa estará 25 años y estos 86 empleados siempre tienen necesidad. Estoy con el corazón en la mano porque podrían quedar sin trabajo todos”, dijo Paz.
“La solución no es cerrar. Antes había un banco y ahora hay cinco y el comercio aumentó, por eso estamos preocupados”, añadió el transportista.
“La empresa no da conflicto, no da contaminación, no da delincuencia, nos da comida, nos da trabajo… por favor no nos quiten los sueños, no nos dejan sin trabajo”, subrayó Paz.
Pablo Coronado, de la empresa Productos del Aire, dijo que tienen 25 empleados asignados a la minera, pero que si esta cierra, la mayor parte se quedarán sin trabajo.
“Cerrar la mina no es una opción, quitar el empleo es condenar a muchos a la muerte, todos tienen derecho a la consulta, pero sin dañar los derechos de las demás personas”, enfatizó Coronado,
Héctor Guzmán, de Multiservicios Guzmán, dijo que el solo anuncio del cierre de la mina ya causa efectos negativos.
“Ya se empezó a sentir el anuncio en El Estor porque todos preguntan qué nos va a pasar, cómo vamos a pagar las deudas, no nos quitemos el futuro”, comentó Guzmán.
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Asimismo, indicó que la empresa realizó la consulta a las comunidades directamente afectadas bajo la dirección del Ministerio de Energía y Minas, alcaldía y autoridades comunitarias.
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