Los resultados de la elección del 11 de agosto definirán si la candidata a la presidencia, Sandra Torres, mantiene su inmunidad.
Torres es señalada por el Ministerio Público (MP) de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado.
Las autoridades no pudieron avanzar en sus investigaciones porque Torres goza de inmunidad, por ser candidata a la presidencia.
La aspirante a dirigir el país recibió la credencial como presidenciable el 5 de febrero de 2019 y un día después el MP presentó la solicitud de antejuicio, petición que fue rechazada de entrada (in limine) por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El MP y la CICIG acudieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) para revocar el fallo de la CSJ, pero esa entidad acordó retener el expediente y regresarlo a la CSJ hasta resolver en definitiva la solicitud de las autoridades.
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El señalamiento contra el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que impulsa la candidatura de Torres, es que habría utilizado recursos millonarios que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), durante la campaña del 2015.
Por este caso tiene orden de captura Mario Leal, excompañero de fórmula de Torres. Asimismo, en el expediente se solicitó antejuicio contra diputados de la UNE, pero la petición también fue rechazada.
El caso también alcanza a Gustavo Alejos, operador político de la UNE cuando gobernaba Álvaro Colom.
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¿Qué pasa con su inmunidad?
Sandra Torres mantiene su inmunidad como candidata presidencial. Ese beneficio lo perdería el día que el TSE oficialice datos, en caso no sea la presidenta electa.
Al perder la inmunidad, entonces el MP puede iniciar una investigación en su contra, pero hasta antes de ello no puede ahondar en los señalamientos contra la presidenciable.
“Si perdiese la elección (en caso hipotético) perderá la inmunidad el día que el TSE oficialice datos, eso será hasta que se resuelvan posibles impugnaciones. Eso llevará unos 10 o 15 días después de las elección”, explica Edgar Ortiz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo.
Sin embargo, si Torres gana la elección mantendrá su inmunidad, durante los cuatro años de gestión. A eso se suman otros cuatro años por la curul que ocuparía en el Parlamento Centroamericano al finalizar su mandato, tal como establece la ley.
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Sandra Torres mantiene su inmunidad como candidata presidencial. Ese beneficio lo perdería el día que el TSE oficialice datos, en caso no sea la presidenta electa.
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