Este lunes está previsto que se dicte sentencia en el caso Botín Registro de la Propiedad, proceso que involucra a Samuel Morales Cabrera y a José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del Presidente de la República.
Samuel Morales está acusado de fraude y lavado de dinero, en tanto que José Manuel Morales de fraude.
Para Óscar Poroj, abogado del hermano del presidente Jimmy Morales, durante el juicio la fiscalía no pudo probar los señalamientos de fraude porque a su criterio se trata de faltas administrativas o, en todo caso, de orden fiscal.
Lo único que quedó claro fue que el hermano del mandatario facilitó dos facturas de su empresa, por las cuales solo cobró el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero no recibió beneficio adicional alguno, indica Poroj.
Este punto es importante, enfatiza el defensor, porque si Morales Cabrera no recibió dinero alguno (más que el que obtuvo por concepto de IVA y declaró en la SAT), no existe lavado de dinero.
Lo anterior es un hecho que fue reconocido desde el principio del proceso, incluso por el propio Iván Velásquez, jefe de la CICIG, entidad que acompañó la investigación, quien aseguró que “los señores Morales Marroquín y Morales Cabrera, no obtuvieron ningún beneficio de los dineros pagados por el Registro General de la Propiedad”.
La audiencia para dictar sentencia se realizará este lunes 19 de agosto, a partir de las 10:00 horas, en el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal.
Fraccionamiento, el origen del caso
En noviembre de 2013 las autoridades del Registro General de la Propiedad debían comprar 564 canastas navideñas para los trabajadores, como parte del Pacto Colectivo de la entidad.
Por falta de tiempo acordaron adquirir las canastas de manera directa y mediante tres eventos justificaron el desembolso de Q270 mil. Fraccionaron el pago en tres facturas para evitar el mecanismo de cotización.
José Manuel Morales en ese entonces (2013) sostenía una relación sentimental con la hija de la persona a quien contactaron para proveer las canastas.
La madre de la novia le comentó a Morales Marroquín que para realizar la venta necesitaba facturas y cotizaciones. Él le habló a su tío Samuel, quien le dio dos facturas para cobrar los casi Q180 mil, comenta el abogado Óscar Poroj.
Por ello dos de los cheques que giró el Registro General de la Propiedad fueron a nombre de la empresa de Samuel Morales, quien cobró el IVA y entregó el resto, también en cheque, al proveedor de las canastas.
Por esa razón, Poroj insiste en que el Registro General de la Propiedad “no perdió dinero porque aunque se hizo un procedimiento erróneo (fraccionamiento), el mecanismo no se utilizó para extraer dinero” de manera ilícita”.
El defensor agrega que todas las canastas (564) se entregaron y quedó probado que aunque solo en una las facturas aparece este concepto por Q90 mil, las otras dos facturas sirvieron para justificar el pago de los otros Q180 mil que suman Q270 mil, el total erogado al proveedor.
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Para Óscar Poroj, abogado del hermano del presidente Jimmy Morales, durante el juicio la fiscalía no pudo probar los señalamientos de fraude porque a su criterio se trata de faltas administrativas o, en todo caso, de orden fiscal.
Lo único que quedó claro fue que el hermano del mandatario facilitó dos facturas de su empresa, por las cuales solo cobró el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero no recibió beneficio adicional alguno, indica Poroj.
Este punto es importante, enfatiza el defensor, porque si Morales Cabrera no recibió dinero alguno (más que el que obtuvo por concepto de IVA y declaró en la SAT), no existe lavado de dinero.
Lo anterior es un hecho que fue reconocido desde el principio del proceso, incluso por el propio Iván Velásquez, jefe de la CICIG, entidad que acompañó la investigación, quien aseguró que “los señores Morales Marroquín y Morales Cabrera, no obtuvieron ningún beneficio de los dineros pagados por el Registro General de la Propiedad”.
La audiencia para dictar sentencia se realizará este lunes 19 de agosto, a partir de las 10:00 horas, en el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal.
Fraccionamiento, el origen del caso
En noviembre de 2013 las autoridades del Registro General de la Propiedad debían comprar 564 canastas navideñas para los trabajadores, como parte del Pacto Colectivo de la entidad.
Por falta de tiempo acordaron adquirir las canastas de manera directa y mediante tres eventos justificaron el desembolso de Q270 mil. Fraccionaron el pago en tres facturas para evitar el mecanismo de cotización.
José Manuel Morales en ese entonces (2013) sostenía una relación sentimental con la hija de la persona a quien contactaron para proveer las canastas.
La madre de la novia le comentó a Morales Marroquín que para realizar la venta necesitaba facturas y cotizaciones. Él le habló a su tío Samuel, quien le dio dos facturas para cobrar los casi Q180 mil, comenta el abogado Óscar Poroj.
Por ello dos de los cheques que giró el Registro General de la Propiedad fueron a nombre de la empresa de Samuel Morales, quien cobró el IVA y entregó el resto, también en cheque, al proveedor de las canastas.
Por esa razón, Poroj insiste en que el Registro General de la Propiedad “no perdió dinero porque aunque se hizo un procedimiento erróneo (fraccionamiento), el mecanismo no se utilizó para extraer dinero” de manera ilícita”.
El defensor agrega que todas las canastas (564) se entregaron y quedó probado que aunque solo en una las facturas aparece este concepto por Q90 mil, las otras dos facturas sirvieron para justificar el pago de los otros Q180 mil que suman Q270 mil, el total erogado al proveedor.
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