La defensa de Sandra Torres, excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se centra en informes de auditoría del periodo 2015-2016.
Los abogados se centran en la “no retroactividad de la ley”, una vez la reforma afecte a la persona vinculada, ello en referencia a los cambios al delito de financiamiento electoral ilícito.
Este viernes continua la audiencia de primera declaración de Torres, en el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, a cargo de Claudette Domínguez.
Antes de la audiencia los abogados de Torres indicaron que el caso solo fue “para afectarla electoralmente en los pasados comicios”.
Intervención de abogados de Torres
Una de las primeras intervenciones de los abogados de Torres, estuvo a cargo de Eduardo Velásquez.
Los defensores subrayan que el “Proceso Electoral de 2019 no ha terminado, y por lo tanto la excandidata presidencial conserva su inmunidad”.
El abogado Velásquez se centró en los informes de auditoría del periodo 2015-2016 que tiene declaraciones juradas de “aportantes” y por lo tanto argumentan que “no hubo aportes anónimos o no registrados”.
Informes que fueron entregados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en cumpliendo con lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), expuso el abogado Eduardo Velásquez.
Uno de los nombres que menciona como contribuyentes a los gastos de campaña de ese periodo electoral fue el de Mario Leal Castillo, excandidato a la vicepresidencia de la organización política.
“Mario Leal Castillo entregó un aportó unosQ840 mil para gastos decampaña”, explicó la defensa.
Argumentó que Torres, desde 2002 que se estableció el partido político, ha tenido varios cargos y que uno de ellos fue Secretaria General, sin embargo, ella “nunca” fue encargada de recaudación de fondos del partido, ella tenía otras atribuciones.
“El Ministerio Público la señala de varias aportaciones solo por el hecho que ella era Secretaria General del partido. Teniendo ese cargo ella tenía que delegar las atribuciones, pero no puede ser responsable de esa recepción anómala que se supone se realizó”, dijo el defensor.
Por aparte, la defensa manifestó que de los 300 medios de prueba que tiene el MP contra la excandidata presidencial, corresponde a otras dos personas y los pocos que se relacionan a ella son “datos elementales”.
Menciona que Sandra Torres se puso a disposición del juzgado desdeque conoció el proceso en 2019 y que desde abril no ha salido del país.
Asimismo, se cuestionó: por qué la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP está conociendo el proceso y no Delitos Electorales, si lo que se investiga tiene relación al proceso electoral, y además los señalamientos en su momento fueron desvanecidos con documentos en el TSE”.
La defensa de Sandra Torres, excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se centra en informes de auditoría del periodo 2015-2016.
Los abogados se centran en la “no retroactividad de la ley”, una vez la reforma afecte a la persona vinculada, ello en referencia a los cambios al delito de financiamiento electoral ilícito.
Este viernes continua la audiencia de primera declaración de Torres, en el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, a cargo de Claudette Domínguez.
Antes de la audiencia los abogados de Torres indicaron que el caso solo fue “para afectarla electoralmente en los pasados comicios”.
Intervención de abogados de Torres
Una de las primeras intervenciones de los abogados de Torres, estuvo a cargo de Eduardo Velásquez.
Los defensores subrayan que el “Proceso Electoral de 2019 no ha terminado, y por lo tanto la excandidata presidencial conserva su inmunidad”.
El abogado Velásquez se centró en los informes de auditoría del periodo 2015-2016 que tiene declaraciones juradas de “aportantes” y por lo tanto argumentan que “no hubo aportes anónimos o no registrados”.
Informes que fueron entregados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en cumpliendo con lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), expuso el abogado Eduardo Velásquez.
Uno de los nombres que menciona como contribuyentes a los gastos de campaña de ese periodo electoral fue el de Mario Leal Castillo, excandidato a la vicepresidencia de la organización política.
“Mario Leal Castillo entregó un aportó unosQ840 mil para gastos decampaña”, explicó la defensa.
Argumentó que Torres, desde 2002 que se estableció el partido político, ha tenido varios cargos y que uno de ellos fue Secretaria General, sin embargo, ella “nunca” fue encargada de recaudación de fondos del partido, ella tenía otras atribuciones.
“El Ministerio Público la señala de varias aportaciones solo por el hecho que ella era Secretaria General del partido. Teniendo ese cargo ella tenía que delegar las atribuciones, pero no puede ser responsable de esa recepción anómala que se supone se realizó”, dijo el defensor.
Por aparte, la defensa manifestó que de los 300 medios de prueba que tiene el MP contra la excandidata presidencial, corresponde a otras dos personas y los pocos que se relacionan a ella son “datos elementales”.
Menciona que Sandra Torres se puso a disposición del juzgado desdeque conoció el proceso en 2019 y que desde abril no ha salido del país.
Asimismo, se cuestionó: por qué la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP está conociendo el proceso y no Delitos Electorales, si lo que se investiga tiene relación al proceso electoral, y además los señalamientos en su momento fueron desvanecidos con documentos en el TSE”.