La fiscal general Consuelo Porras fue denunciada por supuestamente encubrir a la excandidata presidencial de la UNE, Sandra Torres Casanova y al diputado Orlando Blanco Lapola.
Torres Casanova y Blanco Lapola son señalados en el caso de financiamiento ilícito del Partido de la Unidad Nacional de la Espereza (UNE).
La denuncia fue presentada en el Ministerio Público (MP) por Andrei Vladimir González Arteaga, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Los delitos por los que presentan la denuncia contra Porras son abuso de autoridad, denegación a la justicia y obstrucción a la justicia.
En la denuncia también se incluye a Julio Cordón, en calidad de secretario Política Criminal del Ministerio Público.
MP rechaza señalamientos
La denuncia contra Porras fue presentada la mañana de este martes.
El Ministerio Público rechazó los señalamientos, que los considera motivados por intereses personales.
El exfiscal renunció al cargo el 30 de agosto y en ese momento indicó que dejaba la institución por motivos personales.
Sin embargo, este martes el MP reveló que González “había solicitado ser ascendido a la plaza de Fiscal de Sección Adjunto de FECI, aspecto que no fue concedido”.
Asimismo, al momento de salir del MP pretendía que la institución mantuviera el esquema de seguridad hacia su persona.
“Se recibió solicitud a su favor con el fin de que se le mantuviera el esquema de seguridad con el que contaba cuando ejercía su cargo...
Ello implica vehículo, gasolina y seguridad personal. Esta demanda no fue concedida por por ser una petición ilegal y que ocasionaría perjuicio al erario público”, añade la Fiscalía mediante un comunicado.
Además, el MP agrega que es “respetuoso del derecho de denuncia, pero no “comparte lo expresado por el exfiscal, ya que pareciese que por no poder contar con lo solicitado, emite señalamientos que dañan a la institución de la cual formó parte”.
Supuestas ilegalidades
En un comunicado que circuló en redes sociales, Andrei Vladimir González Arteaga denunció la protección “ilegal” de la Fiscal General a la excandidata presidencial Sandra Torres y el diputado Orlando Blanco.
Además, la intención de responsabilizar a la administración anterior del MP, presidida por Thelma Aldana, “por la lentitud en la judicialización de la causa iniciada en contra de esas personas”.
Estos señalamientos fueron rechazados por el MP, que los considera falsos.
“Se rechazan las falsas acusaciones, ya que es del conocimiento público que ya fue ejercida la acción penal correspondiente ante los tribunales de justicia”, enfatiza el Ministerio Público.
También se indica que en su momento se explicó por qué el expediente de Torres estuvo en análisis un tiempo, “a pesar de que el mismo ya obraba en el Ministerio Público durante tres años”.
El exfiscal manifestó que lamentaba el trabajo de Consuelo Porras.
Asegura que bajo supuesto conocimiento de la legalidad del país, “ha posicionado al MP” en la “atmósfera de la regresión implantada desde la administración gubernamental”.
González agregó: “El revanchismo” evidente en las actuaciones de la Fiscal General, han tenido como principal foco de atención, la obstaculización del trabajo que en buena lucha desarrolló la FECI con el acompañamiento de la CICIG”.
Asimismo, dijo: “La pasividad, cómplice de la administración de Porras Argueta (…) me veo obligado a denunciar la protección ilegal de la fiscal general a la excandidata presidencial Sandra Torres y el diputado Orlando Blanco (…)
También la intención de la responsabilizar a la administración anterior del MP por la lentitud en la judicialización de la causa iniciada en contra de esas personas”.
De esta acusación, el MP sostiene que “se coincide con el Fiscal de Sección de FECI quien, durante una entrevista manifestó que los tiempos de la investigación no son políticos sino técnicos”.
Y el MP agrega que “por lo que es irresponsable judicializar un caso, sin el debido análisis”.
Por último, el MP hace un llamado a la población para confíe en sus investigaciones.
“El Ministerio Público es una institución objetiva, imparcial y sin ningún
sesgo que incida en las labores investigativas y analíticas que realizan
todas las fiscalías”, concluyó el MP.
Sin respaldo al personal
El exfiscal afirmó que cuando estaba en la FECI percibió “la complicidad con los grupos de poder que fueron detectados por el trabajo en conjunto del MP y CICIG”.
Además, aseguró una serie de “obstáculos impuestos no solo al jefe de la Fiscalía, sino todo el personal que hoy es víctima de criminalización.
Lo anterior sin que desde el despacho de la Fiscal General se hayan tomado serias medidas en favor del propio personal”.
Agregó que no hubo respaldo al trabajo del personal de la fiscalía y que la actitud de la administración de Consuelo Porras fue tratar de anular el trabajo, con “comentarios irrespetuosos” a la labor de los fiscales.
González se encuentra exiliado junto con su familia, por seguridad, indica en la denuncia.
La fiscal general Consuelo Porras fue denunciada por supuestamente encubrir a la excandidata presidencial de la UNE, Sandra Torres Casanova y al diputado Orlando Blanco Lapola.
Torres Casanova y Blanco Lapola son señalados en el caso de financiamiento ilícito del Partido de la Unidad Nacional de la Espereza (UNE).
La denuncia fue presentada en el Ministerio Público (MP) por Andrei Vladimir González Arteaga, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Los delitos por los que presentan la denuncia contra Porras son abuso de autoridad, denegación a la justicia y obstrucción a la justicia.
En la denuncia también se incluye a Julio Cordón, en calidad de secretario Política Criminal del Ministerio Público.
MP rechaza señalamientos
La denuncia contra Porras fue presentada la mañana de este martes.
El Ministerio Público rechazó los señalamientos, que los considera motivados por intereses personales.
El exfiscal renunció al cargo el 30 de agosto y en ese momento indicó que dejaba la institución por motivos personales.
Sin embargo, este martes el MP reveló que González “había solicitado ser ascendido a la plaza de Fiscal de Sección Adjunto de FECI, aspecto que no fue concedido”.
Asimismo, al momento de salir del MP pretendía que la institución mantuviera el esquema de seguridad hacia su persona.
“Se recibió solicitud a su favor con el fin de que se le mantuviera el esquema de seguridad con el que contaba cuando ejercía su cargo...
Ello implica vehículo, gasolina y seguridad personal. Esta demanda no fue concedida por por ser una petición ilegal y que ocasionaría perjuicio al erario público”, añade la Fiscalía mediante un comunicado.
Además, el MP agrega que es “respetuoso del derecho de denuncia, pero no “comparte lo expresado por el exfiscal, ya que pareciese que por no poder contar con lo solicitado, emite señalamientos que dañan a la institución de la cual formó parte”.
Supuestas ilegalidades
En un comunicado que circuló en redes sociales, Andrei Vladimir González Arteaga denunció la protección “ilegal” de la Fiscal General a la excandidata presidencial Sandra Torres y el diputado Orlando Blanco.
Además, la intención de responsabilizar a la administración anterior del MP, presidida por Thelma Aldana, “por la lentitud en la judicialización de la causa iniciada en contra de esas personas”.
Estos señalamientos fueron rechazados por el MP, que los considera falsos.
“Se rechazan las falsas acusaciones, ya que es del conocimiento público que ya fue ejercida la acción penal correspondiente ante los tribunales de justicia”, enfatiza el Ministerio Público.
También se indica que en su momento se explicó por qué el expediente de Torres estuvo en análisis un tiempo, “a pesar de que el mismo ya obraba en el Ministerio Público durante tres años”.
El exfiscal manifestó que lamentaba el trabajo de Consuelo Porras.
Asegura que bajo supuesto conocimiento de la legalidad del país, “ha posicionado al MP” en la “atmósfera de la regresión implantada desde la administración gubernamental”.
González agregó: “El revanchismo” evidente en las actuaciones de la Fiscal General, han tenido como principal foco de atención, la obstaculización del trabajo que en buena lucha desarrolló la FECI con el acompañamiento de la CICIG”.
Asimismo, dijo: “La pasividad, cómplice de la administración de Porras Argueta (…) me veo obligado a denunciar la protección ilegal de la fiscal general a la excandidata presidencial Sandra Torres y el diputado Orlando Blanco (…)
También la intención de la responsabilizar a la administración anterior del MP por la lentitud en la judicialización de la causa iniciada en contra de esas personas”.
De esta acusación, el MP sostiene que “se coincide con el Fiscal de Sección de FECI quien, durante una entrevista manifestó que los tiempos de la investigación no son políticos sino técnicos”.
Y el MP agrega que “por lo que es irresponsable judicializar un caso, sin el debido análisis”.
Por último, el MP hace un llamado a la población para confíe en sus investigaciones.
“El Ministerio Público es una institución objetiva, imparcial y sin ningún
sesgo que incida en las labores investigativas y analíticas que realizan
todas las fiscalías”, concluyó el MP.
Sin respaldo al personal
El exfiscal afirmó que cuando estaba en la FECI percibió “la complicidad con los grupos de poder que fueron detectados por el trabajo en conjunto del MP y CICIG”.
Además, aseguró una serie de “obstáculos impuestos no solo al jefe de la Fiscalía, sino todo el personal que hoy es víctima de criminalización.
Lo anterior sin que desde el despacho de la Fiscal General se hayan tomado serias medidas en favor del propio personal”.
Agregó que no hubo respaldo al trabajo del personal de la fiscalía y que la actitud de la administración de Consuelo Porras fue tratar de anular el trabajo, con “comentarios irrespetuosos” a la labor de los fiscales.
González se encuentra exiliado junto con su familia, por seguridad, indica en la denuncia.