Rigoberta Menchú, querellante en el caso de quema de la Embajada España, busca que el Estado sea reconocido como tercero civilmente.
Si la autoridad judicial determina que el estado debe asumir la responsabilidad institucional, deberá pedir perdón y otorgar un resarcimiento económico.
El Bufete Jurídico de Derechos Humanos y Rigoberta Menchú como querellante en el caso, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el Estado sea reconocido como tercero civilmente demandado en el caso de la Quema de la Embajada de España.
La solicitud la realizaron mediante un recurso de casación, explicó Edgar Pérez, abogado y director del Bufete Jurídico de Derechos Humanos.
La petición se deriva de los fallos del Tribunal de Mayor Riesgo B y la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo que evitaron reconocer al Estado como tercero civilmente demandado en la audiencia de reparación digna.
Además el citado bufete, indican que con eso también se busca que el Estado asuma su responsabilidad por los crímenes ya juzgados en este caso.
“La reparación digna no solo es una cantidad de dinero, también conlleva reparaciones de dignificación, garantías de no repetición y en esas reparaciones puede incluirse el pedido de perdón”, dijo Pérez.
Pérez explicó que no hay una cantidad establecida todavía porque aún no han definido si reconocerán al Estado como tercero civilmente demandado.
Aclaró que no es solo es una reactivación del proceso, es una falencia que hubo en el proceso al no haber citado al Estado en la audiencia de reparación digna.
“Todo el proceso de responsabilidad penal está en firme”, afirmó Pérez
Por este caso Pedro García Arredondo, exjefe del Comando VI de la Policía Nacional, fue condenado a 90 años de prisión.
Rigoberta Menchú, querellante en el caso de quema de la Embajada España, busca que el Estado sea reconocido como tercero civilmente.
Si la autoridad judicial determina que el estado debe asumir la responsabilidad institucional, deberá pedir perdón y otorgar un resarcimiento económico.
El Bufete Jurídico de Derechos Humanos y Rigoberta Menchú como querellante en el caso, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el Estado sea reconocido como tercero civilmente demandado en el caso de la Quema de la Embajada de España.
La solicitud la realizaron mediante un recurso de casación, explicó Edgar Pérez, abogado y director del Bufete Jurídico de Derechos Humanos.
La petición se deriva de los fallos del Tribunal de Mayor Riesgo B y la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo que evitaron reconocer al Estado como tercero civilmente demandado en la audiencia de reparación digna.
Además el citado bufete, indican que con eso también se busca que el Estado asuma su responsabilidad por los crímenes ya juzgados en este caso.
“La reparación digna no solo es una cantidad de dinero, también conlleva reparaciones de dignificación, garantías de no repetición y en esas reparaciones puede incluirse el pedido de perdón”, dijo Pérez.
Pérez explicó que no hay una cantidad establecida todavía porque aún no han definido si reconocerán al Estado como tercero civilmente demandado.
Aclaró que no es solo es una reactivación del proceso, es una falencia que hubo en el proceso al no haber citado al Estado en la audiencia de reparación digna.
“Todo el proceso de responsabilidad penal está en firme”, afirmó Pérez
Por este caso Pedro García Arredondo, exjefe del Comando VI de la Policía Nacional, fue condenado a 90 años de prisión.