El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) lamentó la forma en que no fue aprobada la iniciativa de ley de la autopista Puerto Quetzal-Escuintla.
Los empresarios criticaron a los 50 diputados que votaron en contra y la forma en que se produjo la votación por “anomalías registradas en el procedimiento”.
“Evaluamos accionar por la vía legal contra lo sucedido en la sesión plenaria”, manifestó Juan Carlos Tefel, presidente del Cacif, quien leyó el pronunciamiento del sector privado organizado.
Los empresarios indicaron que la falta de apoyo de los diputados -por la “ignorancia, ideología o por intereses particulares”- puso en riesgo trabajo técnico y coloca al Estado en una posición de cumplir un resarcimiento cercano a los Q30 millones.
Uno de los ejemplos sobre las anomalías fue la negativa de la Junta Directiva del Legislativo de verificar la asistencia previo a realizar la votación, como lo solicitó el diputado Oliverio García Rodas.
“Estamos viendo por donde cae un error de procedimiento para improbar en tercera lectura el proyecto de ley“, comentó Tefel del Carmen quien también indicó que los diputados “actuaron de forma acelerada y sin el menor intento de discutir la iniciativa”.
Reformar
Durante una actividad en la cual se discutió sobre Alianzas Público Privadas, el ministro de Finanzas Víctor Martínez, se refirió sobre el tema y dijo que la votación deja una enseñanza: “Debe cambiarse el modelo que está en la Ley”.
Según Martínez después de cumplirse un proceso transparente de licitación no se puede detener la intención de un inversionista, congelar infraestructura (no brindar mantenimiento) y esperar que el Congreso apruebe o no un proyecto de APP.
“Debemos ir antes al Congreso, o como sucede en otros países, no van”, indicó al señalar que preparan una iniciativa de ley para reformar la Ley de Alianzas Público Privadas para pre aprobar proyectos o traslade la decisión al Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie).
El presidente del Cacif indicó que consideran que una opción es adoptar como el modelo que se tiene en México: Se aprueba la realización de un proyecto y después se elige a la empresa que recibirá la concesión.
“Ahora, se lanza la licitación, se asigna y va al Congreso (para su aprobación). Esto puede prestarse a chantaje por parte de los diputados“, indicó Tefel al señalar que la modalidad mexicana no hay una contraparte malintencionada que pueda oponerse.
Pronunciamiento
La Cámara Guatemalteca de la Construcción (Construguate) emitió un comunicado en la cual rechazó la decisión de los diputados, “basados en intereses oscuros y sin considerar el bienestar común de la población”.
Construguate lamentó que el proyecto no haya sido aprobado a pesar de que cumplió con todo el proceso de estudios, licitación, adjudicación, que contempla la Ley de Alianzas Público Privadas y de forma transparente.
En el documento, lamenta la mala imagen de falta de certeza jurídica que se lanza como país a los inversionistas nacionales e internacionales que están interesados en la cartera de proyectos de APP.
“Responsabilizamos a los 50 diputados que votaron en contra del proyecto por el retroceso en los índices de desarrollo humano, la disminución de inversión extranjera, la falta de empleo y el retroceso en indicadores de competitidad del país”, resalta el pronunciamiento.
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Los empresarios criticaron a los 50 diputados que votaron en contra y la forma en que se produjo la votación por “anomalías registradas en el procedimiento”.
“Evaluamos accionar por la vía legal contra lo sucedido en la sesión plenaria”, manifestó Juan Carlos Tefel, presidente del Cacif, quien leyó el pronunciamiento del sector privado organizado.
Los empresarios indicaron que la falta de apoyo de los diputados -por la “ignorancia, ideología o por intereses particulares”- puso en riesgo trabajo técnico y coloca al Estado en una posición de cumplir un resarcimiento cercano a los Q30 millones.
Uno de los ejemplos sobre las anomalías fue la negativa de la Junta Directiva del Legislativo de verificar la asistencia previo a realizar la votación, como lo solicitó el diputado Oliverio García Rodas.
“Estamos viendo por donde cae un error de procedimiento para improbar en tercera lectura el proyecto de ley“, comentó Tefel del Carmen quien también indicó que los diputados “actuaron de forma acelerada y sin el menor intento de discutir la iniciativa”.
Reformar
Durante una actividad en la cual se discutió sobre Alianzas Público Privadas, el ministro de Finanzas Víctor Martínez, se refirió sobre el tema y dijo que la votación deja una enseñanza: “Debe cambiarse el modelo que está en la Ley”.
Según Martínez después de cumplirse un proceso transparente de licitación no se puede detener la intención de un inversionista, congelar infraestructura (no brindar mantenimiento) y esperar que el Congreso apruebe o no un proyecto de APP.
“Debemos ir antes al Congreso, o como sucede en otros países, no van”, indicó al señalar que preparan una iniciativa de ley para reformar la Ley de Alianzas Público Privadas para pre aprobar proyectos o traslade la decisión al Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie).
El presidente del Cacif indicó que consideran que una opción es adoptar como el modelo que se tiene en México: Se aprueba la realización de un proyecto y después se elige a la empresa que recibirá la concesión.
“Ahora, se lanza la licitación, se asigna y va al Congreso (para su aprobación). Esto puede prestarse a chantaje por parte de los diputados“, indicó Tefel al señalar que la modalidad mexicana no hay una contraparte malintencionada que pueda oponerse.
Pronunciamiento
La Cámara Guatemalteca de la Construcción (Construguate) emitió un comunicado en la cual rechazó la decisión de los diputados, “basados en intereses oscuros y sin considerar el bienestar común de la población”.
Construguate lamentó que el proyecto no haya sido aprobado a pesar de que cumplió con todo el proceso de estudios, licitación, adjudicación, que contempla la Ley de Alianzas Público Privadas y de forma transparente.
En el documento, lamenta la mala imagen de falta de certeza jurídica que se lanza como país a los inversionistas nacionales e internacionales que están interesados en la cartera de proyectos de APP.
“Responsabilizamos a los 50 diputados que votaron en contra del proyecto por el retroceso en los índices de desarrollo humano, la disminución de inversión extranjera, la falta de empleo y el retroceso en indicadores de competitidad del país”, resalta el pronunciamiento.