La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), prevé alta carga laboral porque varios funcionarios pierden inmunidad, entre ellos diputados del Congreso.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía, informó que para enero 2020 se espera bastante trabajo porque continuarán con varios casos de corrupción.
En estos procesos están señalados funcionarios que el 14 de enero se quedan sin inmunidad.
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Los casos han quedado estancados debido a que no avanzan las solicitudes de antejuicio contra los servidores públicos, pero esto se resolverá en pocos días.
“(…) Habrá carga de trabajo porque se resuelven muchas decisiones, sobre todo en los casos de los servidores que se quedaran sin inmunidad (…), eso en materia política criminal para proceder en cada uno de los casos”, informó Sandoval.
Diputados sin inmunidad
Entre los casos diputados que pierden la inmunidad se encuentra seis de siete señalados en el proceso penal involucra la supeditación del Congreso de la República durante 2014 para la aprobación del decreto 12-2014.
Este proceso tiene relación con la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.
En mayo de este año el MP solicitó los antejuicios contra los siete parlamentarios y el ministro.
Según el ente investigador, el caso involucra la supeditación del Congreso de la República durante 2014 para la aprobación del decreto 12-2014, la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.
¿Quiénes son los diputados señalados?
Los congresistas señalados por el MP son: Estuardo Galdámez quien es actual candidato presidencial por el partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Además figuran los diputados Boris España, Juan José Porras, Haroldo Quej Chen, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirna Magnolia Figueroa Resén, así como Marco Antonio Orozco Arriola.
Antecedentes del caso
El Ministerio Público (MP) dio conocer preliminarmente que todo se remonta a enero de 2012 y abril de 2015.
Desde la Vicepresidencia, a cargo de Roxana Baldetti, se negociaba el pago para obtener los votos necesarios en el Congreso de la República para la aprobación de leyes.
Figuran en ese entonces decisiones como la elección del titular de la Contraloría General de Cuentas, la designación de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, así como la elección de presidencias de comisiones legislativas.
LOS PAGOS PARA LOS DIPUTADOS QUE APOYARAN ESTAS DECISIONES ASCENDERÍAN A Q57.8 MILLONES, SEGÚN LA DENUNCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO.
Valladares Urruela es señalado de asociación ilícita y cohecho activo; mientras que los parlamentarios de violación a la Constitución Política de la República y cohecho pasivo.
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En estos procesos están señalados funcionarios que el 14 de enero se quedan sin inmunidad.
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“(…) Habrá carga de trabajo porque se resuelven muchas decisiones, sobre todo en los casos de los servidores que se quedaran sin inmunidad (…), eso en materia política criminal para proceder en cada uno de los casos”, informó Sandoval.
Diputados sin inmunidad
Entre los casos diputados que pierden la inmunidad se encuentra seis de siete señalados en el proceso penal involucra la supeditación del Congreso de la República durante 2014 para la aprobación del decreto 12-2014.
Este proceso tiene relación con la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.
En mayo de este año el MP solicitó los antejuicios contra los siete parlamentarios y el ministro.
Según el ente investigador, el caso involucra la supeditación del Congreso de la República durante 2014 para la aprobación del decreto 12-2014, la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.
¿Quiénes son los diputados señalados?
Los congresistas señalados por el MP son: Estuardo Galdámez quien es actual candidato presidencial por el partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Además figuran los diputados Boris España, Juan José Porras, Haroldo Quej Chen, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirna Magnolia Figueroa Resén, así como Marco Antonio Orozco Arriola.
Antecedentes del caso
El Ministerio Público (MP) dio conocer preliminarmente que todo se remonta a enero de 2012 y abril de 2015.
Desde la Vicepresidencia, a cargo de Roxana Baldetti, se negociaba el pago para obtener los votos necesarios en el Congreso de la República para la aprobación de leyes.
Figuran en ese entonces decisiones como la elección del titular de la Contraloría General de Cuentas, la designación de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, así como la elección de presidencias de comisiones legislativas.
LOS PAGOS PARA LOS DIPUTADOS QUE APOYARAN ESTAS DECISIONES ASCENDERÍAN A Q57.8 MILLONES, SEGÚN LA DENUNCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO.
Valladares Urruela es señalado de asociación ilícita y cohecho activo; mientras que los parlamentarios de violación a la Constitución Política de la República y cohecho pasivo.
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