La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó un amparo presentado para que en el Congreso conociera de nuevo la aprobación del contrato de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ).
La acción fue planteada el pasado 27 de noviembre ante la CC con la intención de que se conociera la iniciativa 5506, improbada durante una cuestionada sesión por “irregularidades” que cometieron los diputados.
El contrato de “Rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-PuertoQuetzal con cobro de peaje” llegó al Congreso en octubre de 2018.
No fue hasta agosto pasado que la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Legislativo emitió dictamen favorable a la propuesta, lo que permitió que la iniciativa fuera conocida por el Pleno.
El proyecto de Alianza Público – Privada de 41 kilómetros fue adjudicado en 2018 al Consorcio de Autopistas de Guatemala (Convia), quien generaría 1 mil 700 empleos en la fase de construcción y 400 para la operación.
Se estima que por la ruta transita el 56% de las importaciones y exportaciones guatemaltecas y en un período de 25 años el país podría recibir Q2.8 millardos durante la administración de Convia.
Irregularidades en votación
El 29 de octubre, los diputados improbaron el proyecto de rehabilitación, administración, operación, mantenimiento, entre otros aspectos que están relacionados a la infraestructura de la AEPQ.
En la sesión, la presidenta en funciones del Congreso, Flor de María Chajón, dispuso entrar a votar la iniciativa de ley, aunque “violó la Constitución” -según el amparo- al ignorar una solicitud de verificar el quórum.
La diputada Chajón debió haber verificado el quórum (artículo 72 Bis de la Ley Orgánica del Congreso), porque el parlamentario García Rodas indicó que no había en el hemiciclo suficientes diputados para entrar a votar.
El amparó señala que el Congreso incurrió en otra violación a la Constitución y leyes ordinarias, al disponer que la iniciativa quedara improbada, “aún y cuando solo obtuvo 50 votos en contra”.
Con la negación al amparo, promovido por el abogado Alfonso Carrillo, se pierde una nueva oportunidad para que Guatemala apruebe su primer proyecto bajo la modalidad de Alianzas Público Privadas.
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La acción fue planteada el pasado 27 de noviembre ante la CC con la intención de que se conociera la iniciativa 5506, improbada durante una cuestionada sesión por “irregularidades” que cometieron los diputados.
El contrato de “Rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-PuertoQuetzal con cobro de peaje” llegó al Congreso en octubre de 2018.
No fue hasta agosto pasado que la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Legislativo emitió dictamen favorable a la propuesta, lo que permitió que la iniciativa fuera conocida por el Pleno.
El proyecto de Alianza Público – Privada de 41 kilómetros fue adjudicado en 2018 al Consorcio de Autopistas de Guatemala (Convia), quien generaría 1 mil 700 empleos en la fase de construcción y 400 para la operación.
Se estima que por la ruta transita el 56% de las importaciones y exportaciones guatemaltecas y en un período de 25 años el país podría recibir Q2.8 millardos durante la administración de Convia.
Irregularidades en votación
El 29 de octubre, los diputados improbaron el proyecto de rehabilitación, administración, operación, mantenimiento, entre otros aspectos que están relacionados a la infraestructura de la AEPQ.
En la sesión, la presidenta en funciones del Congreso, Flor de María Chajón, dispuso entrar a votar la iniciativa de ley, aunque “violó la Constitución” -según el amparo- al ignorar una solicitud de verificar el quórum.
La diputada Chajón debió haber verificado el quórum (artículo 72 Bis de la Ley Orgánica del Congreso), porque el parlamentario García Rodas indicó que no había en el hemiciclo suficientes diputados para entrar a votar.
El amparó señala que el Congreso incurrió en otra violación a la Constitución y leyes ordinarias, al disponer que la iniciativa quedara improbada, “aún y cuando solo obtuvo 50 votos en contra”.
Con la negación al amparo, promovido por el abogado Alfonso Carrillo, se pierde una nueva oportunidad para que Guatemala apruebe su primer proyecto bajo la modalidad de Alianzas Público Privadas.