La Comisión de la Verdad el Congreso presentó al pleno su informe sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La Comisión realizó en 2019 audiencias para escuchar a víctimas y sindicados de la entidad internacional y analizar los 12 años que estuvo en Guatemala.
El documento contiene recomendaciones, entre ellas, piden al pleno del Congreso que mediante un punto legislativo condene las actividades denunciadas en el informe cometidas por la CICIG.
La Comisión también establece acciones como remitir los expedientes al Ministerio Público para que se gestionen órdenes de captura.
Además, el documento será trasladado a la Organización de Estados Americanos para que se informe a los países que lo integran, sobre los hechos denunciados contra la CICIG.
De la misma forma será remitido a los países donantes de la entidad internacional para que conozcan cómo se invirtieron los recursos.
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Hallazgos de la Comisión de la Verdad
- Incumplimiento del acuerdo entre ONU y Guatemala
La Comisión de la Verdad concluyó en que la CICIG no cumplió y se excedió en las funciones establecidas en el acuerdo de creación, que consistí en determinar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
El informe señala que la CICIG se arrogó atribuciones de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Además, realizó persecución política y selectiva a sectores específicos.
- Violación del debido proceso y derechos fundamentales
El informe documenta la muerte del médico Jesús Arnulfo Oliva Leal, quien falleció en prisión pese a que solicitó una medida sustitutiva en cuatro ocasiones durante tres años que estuvo preso.
Otro caso es el médico Erwin Raúl Castañeda Pineda, procesado en el Caso IGSS-Pisa, a quien le fue negada una opción a la cárcel y murió por padecimientos de salud.
La muerte del exdiputado Manuel Barquín es otro caso señalado, quien tampoco obtuvo medida sustitutiva y falleció en prisión.
- Detenciones ilegales
La Comisión de la Verdad señala que no se cumplieron plazos y garantías constitucionales, al esperar “meses” por la audiencia de primera declaración, como ocurrió con Sergio Aníbal Hernández, del caso Bantrab y Max Erwin Quirin Schoder del caso IGSS-Pisa.
- Omisión de notificar
El grupo del Legislativo dio a conocer que un 95 por ciento de los que acudieron a la Comisión a denunciar a la CICIG informaron que esa entidad no notificó los motivos de la detención al momento de la captura.
- Interrogatorio intimidatorios
“Fueron interrogados de forma intimidatoria, extorsionados y obligados a declarar contra ellos mismos y de otras personas”, indica el informe.
El objetivo de CICIG, según los diputados, era sustentar y acreditar los procesos judiciales con tesis falsas.
- Allanamientos ilegales
Los congresistas revelan en el documento que la CICIG realizaba allanamientos en lugares no consignados en las órdenes judiciales.
Un caso que citan es el allanamiento en Casa Presidencial, donde denuncian el uso de vehículos con placas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Garantías judiciales
La Comisión de la Verdad asegura que a pesar de que los argumentos de la defensa de los detenidos eran válidos, “jamas eran considerados”.
También señalan que fue denunciado que a los abogados les fue coartada la libertad y el secreto de su ejercicio profesional.
- Órdenes de aprehensión
En la mayoría de denuncias presentadas a la Comisión de la Verdad, señalaron que la CICIG se extralimitó de sus funciones y usurpó las del Ministerio Público.
- Abuso y tergiversación
Otros señalamientos son el uso del “anticipo de prueba”, y que en las audiencias cuando las presentaba no era permitida la presencia de los sindicados y sus abogados.
“En pocos casos donde sí se permitió la participación de los sindicados, fueron notificados de las audiencias el mismo día de su celebración”, indica el informe.
- Abuso de poder
La denuncia en este caso fue el “abuso” de la prisión preventiva o provisional de dos a tres años, y los jueces no accedieron a otorgar medida sustitutiva.
- Obstrucción de la justicia
La Comisión de la Verdad denuncia a César Rincón de CICIG y Juan Francisco Sandoval del MP, por llegar a las prisiones a solicitar a los procesados que fueran colaboradores eficaces.
- Debido proceso y pruebas
Los diputados aseguran que las pruebas presentadas por CICIG fueron fundadas en suplantación, ocultamiento e implantación de medios de convicción y pruebas.
Citan el caso Valdés Paiz, donde el colaborador Luis Mario Paz se retractó del testimonio en contra de los hermanos por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.
- Principio de inocencia
Acusan a la CICIG de violentar la Constitución por presentar a los sindicados ante los medios de comunicación, sin que antes hayan sido escuchados por un juez.
- Información a la prensa
“Se denuncia a la CICIG de mediatizar en forma ilegal, junto a la exfiscal Thelma Aldana, los casos a su cargo.
- Detenciones injustificadas
Daños psicológico, económico y social en los sindicados y sus familias, dicen los diputados, por estar detenidos varios años sin fundamento legal y con falta de pruebas.
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El documento contiene recomendaciones, entre ellas, piden al pleno del Congreso que mediante un punto legislativo condene las actividades denunciadas en el informe cometidas por la CICIG.
La Comisión también establece acciones como remitir los expedientes al Ministerio Público para que se gestionen órdenes de captura.
Además, el documento será trasladado a la Organización de Estados Americanos para que se informe a los países que lo integran, sobre los hechos denunciados contra la CICIG.
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La muerte del exdiputado Manuel Barquín es otro caso señalado, quien tampoco obtuvo medida sustitutiva y falleció en prisión.
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La Comisión de la Verdad señala que no se cumplieron plazos y garantías constitucionales, al esperar “meses” por la audiencia de primera declaración, como ocurrió con Sergio Aníbal Hernández, del caso Bantrab y Max Erwin Quirin Schoder del caso IGSS-Pisa.
- Omisión de notificar
El grupo del Legislativo dio a conocer que un 95 por ciento de los que acudieron a la Comisión a denunciar a la CICIG informaron que esa entidad no notificó los motivos de la detención al momento de la captura.
- Interrogatorio intimidatorios
“Fueron interrogados de forma intimidatoria, extorsionados y obligados a declarar contra ellos mismos y de otras personas”, indica el informe.
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Un caso que citan es el allanamiento en Casa Presidencial, donde denuncian el uso de vehículos con placas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
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También señalan que fue denunciado que a los abogados les fue coartada la libertad y el secreto de su ejercicio profesional.
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