Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), tienen responsabilidad en que el país supere pronto la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus Covid-19.
En pocos días el Congreso de la República espera aprobar leyes encaminadas a recuperar el empleo, abrir de nuevo empresas y promover el ingreso económico de las familias en general.
Sin embargo, puede ser que algunas de estas normativas lleguen a manos de los magistrados de la CC y se espera que los funcionarios se alejen de motivos “políticos y populistas” para resolver los posibles recursos planteados.
Esta es una de las conclusiones de webinar “Qué opciones tenemos y cuánto cuestan”, promovido por República.gt
En este conversatorio participación Enrique Montano, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República, el economista Paulo de León y el analista Rodolfo Mendoza.
El peligro ya visto en la CC
El temor de que los magistrados boten las leyes se fundamenta en decisiones de la Corte que han costado miles de empleos, dañado la economía, impedido el desarrollo del país y deterioro de los ingresos fiscales.
Por ello, el diputado Enrique Montano considera que los magistrados de la CC deben “ponerse la mano en la conciencia” y no darle “tinte político y populista” a sus decisiones.
Subraya que en la Comisión de Economía del Congreso agilizarán leyes para buscar la pronta recuperación de la economía de Guatemala, pero de nada servirá el esfuerzo en el Legislativo, si la CC bota las normativas.
Montano anuncia que estas leyes serán prioridad en el marco de la emergencia causada por el coronavirus:
- Infraestructura Vial
- Leasing o arrendamiento con opción a compra
- Zonas Francas
- Reducción de Trámites
- Trabajo a Tiempo Parcial
- Interés Preferencial para la Vivienda Popular
- Insolvencias
Todas estas leyes son necesarias y de urgencia para el país, añade el congresista. Algunas incluso ya fueron aprobadas, pero los magistrados de la CC las anularon.
El daño causado por los magistrados
El el webinar se mencionaron tres resoluciones de la CC que dañan al país y miles de guatemaltecos que se quedan sin empleo y posibilidades de generar ingresos.
Turismo recibe otro golpe
Esta semana los magistrados resolvieron que dos asuetos (1 de mayo y 20 de octubre) no se pueden correr al día hábil más cercano cuando la fecha sea sábado o domingo.
La ley estaba vigente y fue aprobada para impulsar el turismo interno, extendiendo los fines de semana de dos a tres días.
Ahora los magistrados “exhortaron” al Congreso a modificar la Ley.
Se pierde el beneficio para los trabajadores que tenían más tiempo para compartir con sus familias y para el sector turístico de generar más ingresos, indica Jorge Mario Chajón, exdirector del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).
El exfuncionario cita que durante el asueto del 1 de mayo de 2019 hubo 163 mil turistas más viajando y se obtuvieron Q60 millones más de ingresos comparado con 2018, lo que refleja un aumento del 20 por ciento en ambos rubros.
Ello se repitió con el asueto del 20 de octubre. Con el fin de semana extendido, el primer año de vigencia (2018), aumentó un 83 por ciento el turismo interno. Y en 2019 subió un 10 por ciento más.
Pero ahora se retrocede por decisión de los magistrados de la CC. Chajón considera que lejos de favorecer a los trabajadores, los perjudica.
Agrega que se daña aún más al sector turístico, el primero y más golpeado por la crisis del coronavirus Covid-19. Además, el que se considera tardará más en recuperarse.
El efecto negativo es para hoteles, restaurantes, tour operadores, artesanos, lancheros, guías de turistas, taxistas y comunidades enteras que dependen del turismo.
Chajón recordó que este sector genera unos Q25 mil millones al año, es fuente de trabajo para 500 mil personas, incluyendo gran parte de mujeres y jóvenes.
Minera San Rafael tres años paralizada
La Mina San Rafael fue suspendida en julio de 2017 por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que no permitieron que continuara operando mientras realizaba la consulta indígena.
El fallo de la Corte dejó sin trabajo a 800 familias que dependían de la minera y afectó a unos 10 mil empleos indirectos dentro y fuera de Santa Rosa.
Además, se estima que la economía del país dejó de generar unos Q5 mil 300 millones. Solo en impuestos y regalías se calcula que se dejaron de recibir Q1 mil 150 millones.
Por ello, el economista Paulo de León considera que urge reactivar las operaciones de esta mina que aporta un 1 por ciento al Producto Interno Bruto de Guatemala.
Trabajo a Tiempo Parcial eliminado
En octubre de 2019 los magistrados suspendieron la Ley de Trabajo Parcial, que apenas estuvo vigente cuatro meses.
Las autoridades y el sector empresarial apoyaron esta legislación que buscaba favorecer a estudiantes y amas de casa, entre otros sectores.
El gremio exportador consideró que la legislación generaría hasta 154 mil empleos durante los primeros tres años de vigencia.
Además, apoyaría a las micro, pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, reduciría el trabajo informal.
Los empleados tendrían seguridad social, vacaciones, licencias de maternidad y otros beneficios legales, pero la CC suspendió la ley.
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), tienen responsabilidad en que el país supere pronto la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus Covid-19.
En pocos días el Congreso de la República espera aprobar leyes encaminadas a recuperar el empleo, abrir de nuevo empresas y promover el ingreso económico de las familias en general.
Sin embargo, puede ser que algunas de estas normativas lleguen a manos de los magistrados de la CC y se espera que los funcionarios se alejen de motivos “políticos y populistas” para resolver los posibles recursos planteados.
Esta es una de las conclusiones de webinar “Qué opciones tenemos y cuánto cuestan”, promovido por República.gt
En este conversatorio participación Enrique Montano, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República, el economista Paulo de León y el analista Rodolfo Mendoza.
El peligro ya visto en la CC
El temor de que los magistrados boten las leyes se fundamenta en decisiones de la Corte que han costado miles de empleos, dañado la economía, impedido el desarrollo del país y deterioro de los ingresos fiscales.
Por ello, el diputado Enrique Montano considera que los magistrados de la CC deben “ponerse la mano en la conciencia” y no darle “tinte político y populista” a sus decisiones.
Subraya que en la Comisión de Economía del Congreso agilizarán leyes para buscar la pronta recuperación de la economía de Guatemala, pero de nada servirá el esfuerzo en el Legislativo, si la CC bota las normativas.
Montano anuncia que estas leyes serán prioridad en el marco de la emergencia causada por el coronavirus:
- Infraestructura Vial
- Leasing o arrendamiento con opción a compra
- Zonas Francas
- Reducción de Trámites
- Trabajo a Tiempo Parcial
- Interés Preferencial para la Vivienda Popular
- Insolvencias
Todas estas leyes son necesarias y de urgencia para el país, añade el congresista. Algunas incluso ya fueron aprobadas, pero los magistrados de la CC las anularon.
El daño causado por los magistrados
El el webinar se mencionaron tres resoluciones de la CC que dañan al país y miles de guatemaltecos que se quedan sin empleo y posibilidades de generar ingresos.
Turismo recibe otro golpe
Esta semana los magistrados resolvieron que dos asuetos (1 de mayo y 20 de octubre) no se pueden correr al día hábil más cercano cuando la fecha sea sábado o domingo.
La ley estaba vigente y fue aprobada para impulsar el turismo interno, extendiendo los fines de semana de dos a tres días.
Ahora los magistrados “exhortaron” al Congreso a modificar la Ley.
Se pierde el beneficio para los trabajadores que tenían más tiempo para compartir con sus familias y para el sector turístico de generar más ingresos, indica Jorge Mario Chajón, exdirector del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).
El exfuncionario cita que durante el asueto del 1 de mayo de 2019 hubo 163 mil turistas más viajando y se obtuvieron Q60 millones más de ingresos comparado con 2018, lo que refleja un aumento del 20 por ciento en ambos rubros.
Ello se repitió con el asueto del 20 de octubre. Con el fin de semana extendido, el primer año de vigencia (2018), aumentó un 83 por ciento el turismo interno. Y en 2019 subió un 10 por ciento más.
Pero ahora se retrocede por decisión de los magistrados de la CC. Chajón considera que lejos de favorecer a los trabajadores, los perjudica.
Agrega que se daña aún más al sector turístico, el primero y más golpeado por la crisis del coronavirus Covid-19. Además, el que se considera tardará más en recuperarse.
El efecto negativo es para hoteles, restaurantes, tour operadores, artesanos, lancheros, guías de turistas, taxistas y comunidades enteras que dependen del turismo.
Chajón recordó que este sector genera unos Q25 mil millones al año, es fuente de trabajo para 500 mil personas, incluyendo gran parte de mujeres y jóvenes.
Minera San Rafael tres años paralizada
La Mina San Rafael fue suspendida en julio de 2017 por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que no permitieron que continuara operando mientras realizaba la consulta indígena.
El fallo de la Corte dejó sin trabajo a 800 familias que dependían de la minera y afectó a unos 10 mil empleos indirectos dentro y fuera de Santa Rosa.
Además, se estima que la economía del país dejó de generar unos Q5 mil 300 millones. Solo en impuestos y regalías se calcula que se dejaron de recibir Q1 mil 150 millones.
Por ello, el economista Paulo de León considera que urge reactivar las operaciones de esta mina que aporta un 1 por ciento al Producto Interno Bruto de Guatemala.
Trabajo a Tiempo Parcial eliminado
En octubre de 2019 los magistrados suspendieron la Ley de Trabajo Parcial, que apenas estuvo vigente cuatro meses.
Las autoridades y el sector empresarial apoyaron esta legislación que buscaba favorecer a estudiantes y amas de casa, entre otros sectores.
El gremio exportador consideró que la legislación generaría hasta 154 mil empleos durante los primeros tres años de vigencia.
Además, apoyaría a las micro, pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, reduciría el trabajo informal.
Los empleados tendrían seguridad social, vacaciones, licencias de maternidad y otros beneficios legales, pero la CC suspendió la ley.