Evitar poner en riesgo las investigaciones del Ministerio Público (MP), así como supervisar y aprobar el informe que se debe remitir al Congreso en el marco de la elección de las Cortes, pide el Movimiento Cívico Nacional a la Fiscal General.
La Corte de Constitucionalidad (CC), ordenó al MP enviar un informe detallado de todos procesos contra los aspirantes a las Cortes de Justicia, incluso de las investigaciones en proceso.
Ello es considerado como una vulneración a la presunción de inocencia por diferentes abogados, por ello se sugiere a la Fiscalía tener precaución.
“La responsabilidad constitucional de unidad, persecución penal pública e independencia del Ministerio Público, recae en su persona. Por lo que es importante su supervisión y aprobación del informe circunstanciado que será remitido al Congreso de la República”, sugiere el Movimiento Cívico Nacional (MCN).
“El informe circunstanciado debe velar por no poner en riesgo la investigación que se encuentra en curso, la autonomía del Ministerio Público o los principios constitucionales”, añade el MCN.
Por último, la entidad señala que la “ciudadanía espera un actuar objetivo y transparente de todos aquellos involucrados en que se cumpla la continuación de la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.
Lo ordenado a la Fiscal General
El 6 de mayo la CC resolvió de manera definitiva un amparo a favor del Ministerio Público, que planteó una acción legal contra el proceso de selección delas nuevas Cortes.
La Corte de Constitucionalidad resolvió que el Congreso debe excluir de las nóminas de candidatos a las Cortes, a todos los abogados que no sean idóneos ni honorables.
El fallo se da luego de resolver un amparo presentado por el Ministerio Público (MP), que congeló el proceso para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.
La CC le otorga diez días al Ministerio Público para remitir al Congreso, todos los procesos penales abiertos o en curso, contra abogados que figuren en la nómina enviada al Legislativo.
La Fiscalía debe informar sobre la investigación realizada acerca de la posible manipulación de influencia en el proceso de elección.
Además, su informe debe incluir “la existencia de otros procesos penales contra los postulados, investigaciones en curso, sentencias condenatorias en procedimientos abreviados y ordinarios”.
También debe aportar “información sobres suspensiones condicionales de penas o cualquier otro beneficio penal o procesal penal conferido a favor de los candidatos”.
Además, estableció otros plazos y condiciones al Congreso para elegir a las nuevas Cortes.
Evitar poner en riesgo las investigaciones del Ministerio Público (MP), así como supervisar y aprobar el informe que se debe remitir al Congreso en el marco de la elección de las Cortes, pide el Movimiento Cívico Nacional a la Fiscal General.
La Corte de Constitucionalidad (CC), ordenó al MP enviar un informe detallado de todos procesos contra los aspirantes a las Cortes de Justicia, incluso de las investigaciones en proceso.
Ello es considerado como una vulneración a la presunción de inocencia por diferentes abogados, por ello se sugiere a la Fiscalía tener precaución.
“La responsabilidad constitucional de unidad, persecución penal pública e independencia del Ministerio Público, recae en su persona. Por lo que es importante su supervisión y aprobación del informe circunstanciado que será remitido al Congreso de la República”, sugiere el Movimiento Cívico Nacional (MCN).
“El informe circunstanciado debe velar por no poner en riesgo la investigación que se encuentra en curso, la autonomía del Ministerio Público o los principios constitucionales”, añade el MCN.
Por último, la entidad señala que la “ciudadanía espera un actuar objetivo y transparente de todos aquellos involucrados en que se cumpla la continuación de la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.
Lo ordenado a la Fiscal General
El 6 de mayo la CC resolvió de manera definitiva un amparo a favor del Ministerio Público, que planteó una acción legal contra el proceso de selección delas nuevas Cortes.
La Corte de Constitucionalidad resolvió que el Congreso debe excluir de las nóminas de candidatos a las Cortes, a todos los abogados que no sean idóneos ni honorables.
El fallo se da luego de resolver un amparo presentado por el Ministerio Público (MP), que congeló el proceso para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.
La CC le otorga diez días al Ministerio Público para remitir al Congreso, todos los procesos penales abiertos o en curso, contra abogados que figuren en la nómina enviada al Legislativo.
La Fiscalía debe informar sobre la investigación realizada acerca de la posible manipulación de influencia en el proceso de elección.
Además, su informe debe incluir “la existencia de otros procesos penales contra los postulados, investigaciones en curso, sentencias condenatorias en procedimientos abreviados y ordinarios”.
También debe aportar “información sobres suspensiones condicionales de penas o cualquier otro beneficio penal o procesal penal conferido a favor de los candidatos”.
Además, estableció otros plazos y condiciones al Congreso para elegir a las nuevas Cortes.