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Magistrados presentan denuncia contra jefe de la FECI y jueza Erika Aifán

Luis Gonzalez
08 de junio, 2020

Una denuncia penal contra el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval Alfaro, la jueza Erika Aifán y contra la activista Helen Mack, fue presentada por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial.

La acción penal contra los tres mencionados es por ocho delitos:

  • Revelación de información confidencial o reservada
  • Infracción de privilegios
  • Falsedad ideológica
  • Abuso de autoridad
  • Usurpación de funciones
  • Tráfico de influencias
  • Violencia contra la mujer
  • Asociación ilícita

Los delitos los habrían cometido al realizar señalamientos contra magistrados en el informe remitido por el Ministerio Público (MP), al Congreso de la República.

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El documento contiene detalles de procesos vigentes y cerrados contra aspirantes a ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Corte de Apelaciones (CA).

De acuerdo con el Insituto de Magistrados, el informe viola los derechos de presunción de inocencia y el derecho de antejuicio, entre otras irregularidades.

“El informe pone en evidencia actuaciones arbitrarias e ilegales, ya que
se hacen señalamientos y acusaciones como si se trataran de hechos
acreditados en juicio”, 
denuncia el Instituto de Magistrados.

Base para señalar los delitos

Los magistrados detallan algunos delitos que habrían cometido el fiscal Sandoval.

  • Revelación de infrmación confidencial o reservada: El funcionario en conferencia de prensa reveló información sobre diversas diligencias de investigación realizadas, violando así la reserva expresa que le impone el artículo 314 del Código Procesal Penal.

“Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quinees se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios. No obstante, quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación, estarán obligados a guardar reserva…”

  • Infracción de privilegios: En el informe presentado al Congreso de la República, el ente investigador indica la existencia de investigaciones penales con una duración de varios años contra jueces y magistrados, funcionarios públicos que gozan del derecho de antejucio, por lo que tales investigaciones resultan ilegales al infringir dicho privilegio y realizarse sin la debida autorización judicial, violando además el derecho de defensa, pues los funcionarios sindicados no han sido citados ni oídos respecto de tales denuncias, que en la mayoría de casos son espurias y promovidas como consecuencia del ejercicio de su función jurisdiccional.
  • Falseda ideológica: Una gran cantidad de los datos informados por el funcionario señalado adolecne de falsedad ideológica, pues indican erróneamente que los procesos se encuentran en “trámite” o en “investigación”, cuando realmente han sido desestimados o bien los respectivos antejuicios fueron rechazados. Además reportan investigaciones contra candidatos, cuando realmente se trata de homónimos.
  • Abuso de autoridad: El informe evidencia el abuso de autoridad del funcionario sindicado, pues en el mismo incluye a personas que ni siquiera aparecen en la nónima de candidatos a magistrados, incluye además el señalamiento a jueces y magistrados por la inconformidad del Ministerio Público con las resoluciones emitidas. Asimismo, en el informe se reporta que las investigaciones iniciadas en febrero del año 2020, están siendo investigadas ilegalmente dentro una causa judicial del año 2016, para la cual no se ha obtenido la autorización legal correspondiente.

El Instituto de Magistrados también solicita investigar, luego de tramitar el antejuicio, a la jueza Erika Aifán, quien autorizó “ilegalmente algunas diligencias de investigación, sin poseer la competencia para el conocimiento de la causa iniciada en el año 2020 y sin agotar previamente el antejuicio”.

También indican que se investigue a la activista Helen Mack, como representante de la Fundación Myrna Mack, por “la posible existencia de usurpación de funciones, tráfico de influencias y asociación ilícita, ya que existe evidencia que los mismos conforman una estructura que de forma coordinada y sistemática, busca influir indebidamente en la elección de magistrados que le corresponde legalmente con exclusividad al Congreso de la República”.

Un magistrado señalado

El abogado Alejandro Elías, del Instituto de Magistrados, comentó los motivos de presentar la denuncia.

Magistrados presentan denuncia contra jefe de la FECI y jueza Erika Aifán

Luis Gonzalez
08 de junio, 2020

Una denuncia penal contra el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval Alfaro, la jueza Erika Aifán y contra la activista Helen Mack, fue presentada por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial.

La acción penal contra los tres mencionados es por ocho delitos:

  • Revelación de información confidencial o reservada
  • Infracción de privilegios
  • Falsedad ideológica
  • Abuso de autoridad
  • Usurpación de funciones
  • Tráfico de influencias
  • Violencia contra la mujer
  • Asociación ilícita

Los delitos los habrían cometido al realizar señalamientos contra magistrados en el informe remitido por el Ministerio Público (MP), al Congreso de la República.

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De acuerdo con el Insituto de Magistrados, el informe viola los derechos de presunción de inocencia y el derecho de antejuicio, entre otras irregularidades.

“El informe pone en evidencia actuaciones arbitrarias e ilegales, ya que
se hacen señalamientos y acusaciones como si se trataran de hechos
acreditados en juicio”, 
denuncia el Instituto de Magistrados.

Base para señalar los delitos

Los magistrados detallan algunos delitos que habrían cometido el fiscal Sandoval.

  • Revelación de infrmación confidencial o reservada: El funcionario en conferencia de prensa reveló información sobre diversas diligencias de investigación realizadas, violando así la reserva expresa que le impone el artículo 314 del Código Procesal Penal.

“Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quinees se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios. No obstante, quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación, estarán obligados a guardar reserva…”

  • Infracción de privilegios: En el informe presentado al Congreso de la República, el ente investigador indica la existencia de investigaciones penales con una duración de varios años contra jueces y magistrados, funcionarios públicos que gozan del derecho de antejucio, por lo que tales investigaciones resultan ilegales al infringir dicho privilegio y realizarse sin la debida autorización judicial, violando además el derecho de defensa, pues los funcionarios sindicados no han sido citados ni oídos respecto de tales denuncias, que en la mayoría de casos son espurias y promovidas como consecuencia del ejercicio de su función jurisdiccional.
  • Falseda ideológica: Una gran cantidad de los datos informados por el funcionario señalado adolecne de falsedad ideológica, pues indican erróneamente que los procesos se encuentran en “trámite” o en “investigación”, cuando realmente han sido desestimados o bien los respectivos antejuicios fueron rechazados. Además reportan investigaciones contra candidatos, cuando realmente se trata de homónimos.
  • Abuso de autoridad: El informe evidencia el abuso de autoridad del funcionario sindicado, pues en el mismo incluye a personas que ni siquiera aparecen en la nónima de candidatos a magistrados, incluye además el señalamiento a jueces y magistrados por la inconformidad del Ministerio Público con las resoluciones emitidas. Asimismo, en el informe se reporta que las investigaciones iniciadas en febrero del año 2020, están siendo investigadas ilegalmente dentro una causa judicial del año 2016, para la cual no se ha obtenido la autorización legal correspondiente.

El Instituto de Magistrados también solicita investigar, luego de tramitar el antejuicio, a la jueza Erika Aifán, quien autorizó “ilegalmente algunas diligencias de investigación, sin poseer la competencia para el conocimiento de la causa iniciada en el año 2020 y sin agotar previamente el antejuicio”.

También indican que se investigue a la activista Helen Mack, como representante de la Fundación Myrna Mack, por “la posible existencia de usurpación de funciones, tráfico de influencias y asociación ilícita, ya que existe evidencia que los mismos conforman una estructura que de forma coordinada y sistemática, busca influir indebidamente en la elección de magistrados que le corresponde legalmente con exclusividad al Congreso de la República”.

Un magistrado señalado

El abogado Alejandro Elías, del Instituto de Magistrados, comentó los motivos de presentar la denuncia.