El decretar estado de Calamidad Pública en un país no es un cheque en blanco para los políticos y los burócratas. Esto no les da el permiso de dictar medidas arbitrarias para gobernar “a su sabor y antojo” con amenazas propias de gobiernos autoritarios. Tampoco exime a los diputados de responder por sus acciones, como la aprobación de miles de millones de quetzales en préstamos y ampliaciones presupuestarias.
Ante la próxima discusión en el Congreso de la tercera prórroga del estado de Calamidad Pública que ha solicitado el presidente Alejandro Giammattei, es importante considerar todo lo que ha ocurrido desde inicios de marzo, cuando se aprobó por primera vez el estado de Calamidad hasta la fecha.
Durante este tiempo, pareciera que el gobierno ha ejecutado una suerte de experimento social con las disposiciones presidenciales, las cadenas nacionales, restringiendo la locomoción, cerrando los negocios, prohibiendo ciertas actividades, regañando o “pastoreando” a los ciudadanos cada domingo.
También con la excusa de la “crisis” sanitaria, desde el inicio se aprovechó el momento para aumentar el presupuesto nacional que tan sólo unos meses antes se veía cuesta arriba su aprobación, se usó la excusa del COVID19 para lograr, no una sino tres ampliaciones presupuestarias, además de millonarios préstamos destinados a fines ajenos a la crisis sanitaria.
En las aprobaciones anteriores, poco o nada hemos conocido de los resultados obtenidos de dichas prorrogas, tampoco de audiencias o informes por parte del ejecutivo explicando la necesidad de continuar con la ampliación de poderes a su gobierno, mucho menos de los objetivos claros, medibles y cuantificables que se proponen lograr durante la siguiente prórroga.
¿Es acaso entonces, cada prórroga un cheque en blanco? Pareciera que sí, y si no lo fuera ¿no sería entonces con cada aprobación del Congreso, un buen momento para evaluar los resultados obtenidos? ¿Es acaso una insensatez desconfiar de los políticos y exigir un límite al poder que obtienen en cada prórroga?
El problema de prorrogar el estado de Calamidad es, que conforme se prolongan las medidas restrictivas, se aumenta la pobreza de los ciudadanos. Esto último sirve de pretexto a los políticos para intervenir aún más en la economía y en el actuar de los ciudadanos, convirtiéndose en un círculo vicioso.
Continuar el estado de Calamidad sin rendir cuentas ni establecer objetivos claros, acentúa el paradigma de ciudadanos indefensos ante gobernantes poderosos. Nos aleja, día con día, de la posibilidad de salir adelante por nuestros medios. Así como no es posible hablar de libertad dentro de una jaula, tampoco lo es hablar de libertad viviendo en un estado de calamidad.
@Md30
Facebook.com/Mda30
El decretar estado de Calamidad Pública en un país no es un cheque en blanco para los políticos y los burócratas. Esto no les da el permiso de dictar medidas arbitrarias para gobernar “a su sabor y antojo” con amenazas propias de gobiernos autoritarios. Tampoco exime a los diputados de responder por sus acciones, como la aprobación de miles de millones de quetzales en préstamos y ampliaciones presupuestarias.
Ante la próxima discusión en el Congreso de la tercera prórroga del estado de Calamidad Pública que ha solicitado el presidente Alejandro Giammattei, es importante considerar todo lo que ha ocurrido desde inicios de marzo, cuando se aprobó por primera vez el estado de Calamidad hasta la fecha.
Durante este tiempo, pareciera que el gobierno ha ejecutado una suerte de experimento social con las disposiciones presidenciales, las cadenas nacionales, restringiendo la locomoción, cerrando los negocios, prohibiendo ciertas actividades, regañando o “pastoreando” a los ciudadanos cada domingo.
También con la excusa de la “crisis” sanitaria, desde el inicio se aprovechó el momento para aumentar el presupuesto nacional que tan sólo unos meses antes se veía cuesta arriba su aprobación, se usó la excusa del COVID19 para lograr, no una sino tres ampliaciones presupuestarias, además de millonarios préstamos destinados a fines ajenos a la crisis sanitaria.
En las aprobaciones anteriores, poco o nada hemos conocido de los resultados obtenidos de dichas prorrogas, tampoco de audiencias o informes por parte del ejecutivo explicando la necesidad de continuar con la ampliación de poderes a su gobierno, mucho menos de los objetivos claros, medibles y cuantificables que se proponen lograr durante la siguiente prórroga.
¿Es acaso entonces, cada prórroga un cheque en blanco? Pareciera que sí, y si no lo fuera ¿no sería entonces con cada aprobación del Congreso, un buen momento para evaluar los resultados obtenidos? ¿Es acaso una insensatez desconfiar de los políticos y exigir un límite al poder que obtienen en cada prórroga?
El problema de prorrogar el estado de Calamidad es, que conforme se prolongan las medidas restrictivas, se aumenta la pobreza de los ciudadanos. Esto último sirve de pretexto a los políticos para intervenir aún más en la economía y en el actuar de los ciudadanos, convirtiéndose en un círculo vicioso.
Continuar el estado de Calamidad sin rendir cuentas ni establecer objetivos claros, acentúa el paradigma de ciudadanos indefensos ante gobernantes poderosos. Nos aleja, día con día, de la posibilidad de salir adelante por nuestros medios. Así como no es posible hablar de libertad dentro de una jaula, tampoco lo es hablar de libertad viviendo en un estado de calamidad.
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