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¿Fiscalización o usurpación de funciones y abuso de autoridad de parte de diputados de Semilla y la PDH?

Luis Gonzalez
07 de julio, 2020

A diferentes empresas se han presentado dos funcionarios con el supuesto propósito de verificar que se cumplan las medidas sanitarias por la emergencia del coronavirus. Se trata del diputado del Partido Semilla, Román Castellanos, y Luis Daniel Reyes, de la Defensoría de las Personas Trabajadoras de la PDH.

Ambos coinciden en las diversas inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo. Esta labor conjunta la evidencian en sus redes sociales donde también denuncian a los lugares donde no los han dejado ingresar.

Aseguran que fiscalizan la labor del Ministerio de Trabajo y siempre “coordinan” con estas autoridades para llegar a las empresas, pero ellos mismos publicaron su intento por ingresar solos a una empresa donde no se los permitieron.

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Abogados señalan que los funcionarios, con su proceder, cometen dos delitos: usurpación de funciones y abuso de autoridad.

Los diputados antiempresa

La Bancada Semilla ha mostrado su rechazo al gremio empresarial y el diputado Castellanos, desde la Comisión de Trabajo, aprovecha cualquier ocasión para comentar contra el sector productivo.

Al revisar sus redes sociales, sobre todo su cuenta de Twitter, se observa un especial énfasis en su labor contra las empresas.

El comentario más reciente lo escribió el 27 de junio. “No les bastó con desterrar la lucha contra la corrupción, se suben al barco del rompimiento constitucional. Llegaron a la democracia con convicciones autoritarias y visiones empresariales del siglo XIX, pero no representan al empresariado honesto ni las aspiraciones del país”, escribió el legislador que se presenta como politólogo.

Castellanos hizo estos señalamientos contra el sector privado aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Pero además de ser una posición personal de Castellanos, también lo es de su organización política. El secretario general del Partido Semilla y también congresista, Samuel Pérez, escribió en igual tono.

“Lo más vergonzoso es que los comunicados de Cacif salen cuando hay unanimidad en las cámaras. Ser empresario nunca ha sido vergüenza, pero ser de Cacif sí. Viven de privilegios, financian la cooptación, capturan el mercado y se ponen del lado de la corrupción”.

Además, Castellanos, en algunos tuits ha señalado al Gobierno de estar del lado del sector privado y responder a sus intereses.

“El presidente Giammattei le negó la ayuda a las familias guatemaltecas al vetar el Decreto 15-2020. Los grandes capitales y las élites políticas al parecer sí influyen en sus decisiones, esto es darle la espalda al pueblo”, escribió el legislador.

Asimismo, fue su bancada, Semilla, la que presentó una iniciativa para que “el 0.1% súper-rico de la población haga una módica contribución” por “la crisis económica que se viene”.

Sus señalamientos además de dirigirse contra los ministerios de Trabajo y Economía, también van contra las empresas.

Durante la pandemia el enfoque principal de Castellanos ha sido contra las empresas formales, pero no se ve ningún tuit cuestionando las medidas sanitarias o mostrando sus visitas a mercados de alta concentración de personas, como la Terminal u otros mercados populares.

En algunas visitas, supuestamente para fiscalizar la labor del Ministerio de Trabajo, Castellanos va acompañado de Samuel Pérez, quien funge como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario.

La PDH también “fiscaliza” sola

Los delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos también se han presentado a algunas empresas para “verificar” denuncias.

La función la han realizado sin acompañamiento del Ministerio de Trabajo. El siguiente tuit muestra una de las acciones de la Procuraduría. En este caso primero llegó la PDH al lugar, y luego “coordinó” con el Ministerio de Trabajo.

Según los abogados consultados, la Procuraduría de Derechos Humanos no tiene facultades legales para llegar a las empresas a “verificar”, esa labor le corresponde al Ministerio de Trabajo, al que, en todo caso, pueden acompañar en esa labor.

PDH y diputados de Semilla iban a “fiscalizar”

El diputado del Partido Semilla, Román Castellanos, y Luis Daniel Reyes, de la Defensoría de las Personas Trabajadoras de la PDH, siempre realizan su labor conjunta.

Durante la pandemia del coronavirus Covid-19, ambos han tenido una unión más estrecha. Aunque aseguran que fiscalizan la labor del Ministerio de Trabajo, se documentó un caso en que actúan por cuenta propia.

Ocurrió el 17 de junio de 2020 en el municipio de Amatitlán, Guatemala. Reyes junto con el legislador Castellanos, se presentaron en una maquila a revisar “con el objetivo de apoyar en la protección y seguridad de los trabajadores”. En esa ocasión estuvo presente el también congresista de Semilla, Samuel Pérez.

Pero la empresa no permitió su ingreso. A las compañías solo las pueden supervisar el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y si se trata de un posible delito, el Ministerio Público o un juez.

Pero no iban acompañados de ninguna autoridad de las mencionadas. El diputado Román asegura que desconocía que no llegaría la Inspectoría de Trabajo.

“La visita a esa maquila fue excepción porque no me enteré antes que no iba la Inspección (General de Trabajo), pero acompañamos a la PDH a dejar unas recomendaciones que llevaba”, indica el parlamentario.

Román es secretario de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, pero es el único diputado de esa instancia que realiza inspecciones a las empresas, siempre acompañando al delegado de la PDH.

El 17 de junio cuando llegaron a la maquila, los diputados y el representante de la PDH no iban a dejar alguna nota, como asegura Castellanos. Según un comunicado de la Procuraduría, su propósito era entrar en la empresa para verificar denuncias de trabajadores que se quejaban de supuestos contagios de coronavirus, los cuales no eran atendidos ni reportados.

Luego de incidente donde no se les permitió ingresar, el delegado de la PDH se reunió con las autoridades del IGSS para que verificarán la situación denunciada en esta y otras empresas.

Diputados y PDH cometen dos delitos, dicen abogados

Para el abogado Abraham Álvarez no hay duda que la Procuraduría de Derechos Humanos no tiene respaldo legal para realizar inspecciones de ningún tipo en las empresas. Sus atribuciones constitucionales solo se refieren a fiscalizar la administración pública.

Lo anterior en el entendido que solo el Estado viola los derechos humanos, mientras que un particular puede cometer una falta o un delito, nunca una violación de derechos humanos.

En el caso de las empresas, como lo sucedido en Amatitlán, el procedimiento debió dirigirse al Ministerio de Trabajo o al IGSS, como se hizo luego de intentar ingresar para verificar las supuestas denuncias.

La actuación de los diputados de Semilla y del delegado de la PDH es calificada como abuso de autoridad, pero podría extenderse a otro delito como usurpación de funciones, señala otro abogado consultado que prefirió no ser citado.

El delito de abuso de autoridad se castiga con tres a seis años de prisión, mientras que el delito de usurpación de funciones tiene una pena de entre 1 a tres años de cárcel.

En el caso de los diputados de Semilla, el abogado Álvarez señala que la ley establece que su función es fiscalizar la administración pública, jamás la actividad privada. “Actúan fuera de su jurisdicción”, enfatiza el jurista experto en temas laborales.

El abogado enfatiza que no está en las atribuciones de los legisladores ni en la PDH, supervisar, vigilar o fiscalizar la actividad privada. “El funcionario solo puede hacer lo que la ley le permite”, subraya el entrevistado.

Al consultar al representante del Procurador y al diputado Castellanos acerca de su función en las visitas realizadas a las empresas, ambos coinciden que solo acompañan al Ministerio de Trabajo. Dan la impresión que tienen bien claras sus funciones, pero entonces ¿qué hacían intentando ingresar en una empresa el 17 de junio?

Lo que dice la PDH y el congresista

Luis Daniel Reyes señala que parte de las atribuciones de la Procuraduría consiste en proteger el derecho al trabajo, que es “un derecho humano de carácter social”.

“Varios trabajadores de la iniciativa pública y privada ha presentado denuncias por supuestas faltas de medidas de seguridad e higiene, por lo cual es necesario hacer la división. En entidades públicas tenemos facultades de supervisión directa y entidades privadas coordinamos con la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, para la verificación de los hechos denunciados, velando porque el citado Ministerio ejecute su acción tutelar”, comenta.

“Como institución y Defensoría no supervisamos entidades privadas, lo que hacemos es trasladar las denuncias a la Inspección General de Trabajo y corroborar que ellos realicen su función tutelar”, añade.

“En relación a las violaciones de Derechos Humanos en centros privados, es la Inspección General de Trabajo la que califica las infracciones por medio de sus inspectores y prevenciones”, enfatiza.

“Como nosotros trasladamos la denuncia al Ministerio de Trabajo, le damos seguimiento hasta en la ejecución de la acción de la inspección como parte de supervisión”, concluye Reyes.

Mientras tanto, el diputado Castellanos coincide con la respuesta de Reyes.

“La inspección la realiza la Inspectoría General de Trabajo y el acompañamiento lo realizamos junto con la Defensoría de las Personas Trabajadoras con el propósito de comprobar y contratar el buen cumplimiento de protocolos sanitarios y la seguridad ocupacional así como el respeto a los derechos laborales. El acompañamiento se realizan con base en las facultades constitucionales de fiscalización e intermediación política”, comenta.

Al preguntar si él es el único miembro de la Comisión de Trabajo del Congreso que realiza inspecciones en las empresas, responde de manera afirmativa.

“Efectivamente, la Comisión no realiza visitas”.

Si solo realizan un trabajo de acompañamiento, entonces se le consultó ¿por qué acudieron a esa empresa el 17 de junio sin la presencia del delegado del Ministerio de Trabajo? Esta es su respuesta:

“La visita a esa maquila fue excepción porque yo no me enteré antes que no iba la Inspección (General de Trabajo), pero acompañamos a la PDH a dejar unas recomendaciones que llevaba”.

Al consultar a la presidenta de la Comisión de Trabajo, Adela de Torrebiarte, si esa instancia realiza inspecciones en empresas, responde que no.

Señala que el congresista actúa por cuenta propia. Esa Comisión tiene 11 integrantes, incluyendo a la presidenta.

¿Fiscalización o usurpación de funciones y abuso de autoridad de parte de diputados de Semilla y la PDH?

Luis Gonzalez
07 de julio, 2020

A diferentes empresas se han presentado dos funcionarios con el supuesto propósito de verificar que se cumplan las medidas sanitarias por la emergencia del coronavirus. Se trata del diputado del Partido Semilla, Román Castellanos, y Luis Daniel Reyes, de la Defensoría de las Personas Trabajadoras de la PDH.

Ambos coinciden en las diversas inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo. Esta labor conjunta la evidencian en sus redes sociales donde también denuncian a los lugares donde no los han dejado ingresar.

Aseguran que fiscalizan la labor del Ministerio de Trabajo y siempre “coordinan” con estas autoridades para llegar a las empresas, pero ellos mismos publicaron su intento por ingresar solos a una empresa donde no se los permitieron.

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Los diputados antiempresa

La Bancada Semilla ha mostrado su rechazo al gremio empresarial y el diputado Castellanos, desde la Comisión de Trabajo, aprovecha cualquier ocasión para comentar contra el sector productivo.

Al revisar sus redes sociales, sobre todo su cuenta de Twitter, se observa un especial énfasis en su labor contra las empresas.

El comentario más reciente lo escribió el 27 de junio. “No les bastó con desterrar la lucha contra la corrupción, se suben al barco del rompimiento constitucional. Llegaron a la democracia con convicciones autoritarias y visiones empresariales del siglo XIX, pero no representan al empresariado honesto ni las aspiraciones del país”, escribió el legislador que se presenta como politólogo.

Castellanos hizo estos señalamientos contra el sector privado aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Pero además de ser una posición personal de Castellanos, también lo es de su organización política. El secretario general del Partido Semilla y también congresista, Samuel Pérez, escribió en igual tono.

“Lo más vergonzoso es que los comunicados de Cacif salen cuando hay unanimidad en las cámaras. Ser empresario nunca ha sido vergüenza, pero ser de Cacif sí. Viven de privilegios, financian la cooptación, capturan el mercado y se ponen del lado de la corrupción”.

Además, Castellanos, en algunos tuits ha señalado al Gobierno de estar del lado del sector privado y responder a sus intereses.

“El presidente Giammattei le negó la ayuda a las familias guatemaltecas al vetar el Decreto 15-2020. Los grandes capitales y las élites políticas al parecer sí influyen en sus decisiones, esto es darle la espalda al pueblo”, escribió el legislador.

Asimismo, fue su bancada, Semilla, la que presentó una iniciativa para que “el 0.1% súper-rico de la población haga una módica contribución” por “la crisis económica que se viene”.

Sus señalamientos además de dirigirse contra los ministerios de Trabajo y Economía, también van contra las empresas.

Durante la pandemia el enfoque principal de Castellanos ha sido contra las empresas formales, pero no se ve ningún tuit cuestionando las medidas sanitarias o mostrando sus visitas a mercados de alta concentración de personas, como la Terminal u otros mercados populares.

En algunas visitas, supuestamente para fiscalizar la labor del Ministerio de Trabajo, Castellanos va acompañado de Samuel Pérez, quien funge como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario.

La PDH también “fiscaliza” sola

Los delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos también se han presentado a algunas empresas para “verificar” denuncias.

La función la han realizado sin acompañamiento del Ministerio de Trabajo. El siguiente tuit muestra una de las acciones de la Procuraduría. En este caso primero llegó la PDH al lugar, y luego “coordinó” con el Ministerio de Trabajo.

Según los abogados consultados, la Procuraduría de Derechos Humanos no tiene facultades legales para llegar a las empresas a “verificar”, esa labor le corresponde al Ministerio de Trabajo, al que, en todo caso, pueden acompañar en esa labor.

PDH y diputados de Semilla iban a “fiscalizar”

El diputado del Partido Semilla, Román Castellanos, y Luis Daniel Reyes, de la Defensoría de las Personas Trabajadoras de la PDH, siempre realizan su labor conjunta.

Durante la pandemia del coronavirus Covid-19, ambos han tenido una unión más estrecha. Aunque aseguran que fiscalizan la labor del Ministerio de Trabajo, se documentó un caso en que actúan por cuenta propia.

Ocurrió el 17 de junio de 2020 en el municipio de Amatitlán, Guatemala. Reyes junto con el legislador Castellanos, se presentaron en una maquila a revisar “con el objetivo de apoyar en la protección y seguridad de los trabajadores”. En esa ocasión estuvo presente el también congresista de Semilla, Samuel Pérez.

Pero la empresa no permitió su ingreso. A las compañías solo las pueden supervisar el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y si se trata de un posible delito, el Ministerio Público o un juez.

Pero no iban acompañados de ninguna autoridad de las mencionadas. El diputado Román asegura que desconocía que no llegaría la Inspectoría de Trabajo.

“La visita a esa maquila fue excepción porque no me enteré antes que no iba la Inspección (General de Trabajo), pero acompañamos a la PDH a dejar unas recomendaciones que llevaba”, indica el parlamentario.

Román es secretario de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, pero es el único diputado de esa instancia que realiza inspecciones a las empresas, siempre acompañando al delegado de la PDH.

El 17 de junio cuando llegaron a la maquila, los diputados y el representante de la PDH no iban a dejar alguna nota, como asegura Castellanos. Según un comunicado de la Procuraduría, su propósito era entrar en la empresa para verificar denuncias de trabajadores que se quejaban de supuestos contagios de coronavirus, los cuales no eran atendidos ni reportados.

Luego de incidente donde no se les permitió ingresar, el delegado de la PDH se reunió con las autoridades del IGSS para que verificarán la situación denunciada en esta y otras empresas.

Diputados y PDH cometen dos delitos, dicen abogados

Para el abogado Abraham Álvarez no hay duda que la Procuraduría de Derechos Humanos no tiene respaldo legal para realizar inspecciones de ningún tipo en las empresas. Sus atribuciones constitucionales solo se refieren a fiscalizar la administración pública.

Lo anterior en el entendido que solo el Estado viola los derechos humanos, mientras que un particular puede cometer una falta o un delito, nunca una violación de derechos humanos.

En el caso de las empresas, como lo sucedido en Amatitlán, el procedimiento debió dirigirse al Ministerio de Trabajo o al IGSS, como se hizo luego de intentar ingresar para verificar las supuestas denuncias.

La actuación de los diputados de Semilla y del delegado de la PDH es calificada como abuso de autoridad, pero podría extenderse a otro delito como usurpación de funciones, señala otro abogado consultado que prefirió no ser citado.

El delito de abuso de autoridad se castiga con tres a seis años de prisión, mientras que el delito de usurpación de funciones tiene una pena de entre 1 a tres años de cárcel.

En el caso de los diputados de Semilla, el abogado Álvarez señala que la ley establece que su función es fiscalizar la administración pública, jamás la actividad privada. “Actúan fuera de su jurisdicción”, enfatiza el jurista experto en temas laborales.

El abogado enfatiza que no está en las atribuciones de los legisladores ni en la PDH, supervisar, vigilar o fiscalizar la actividad privada. “El funcionario solo puede hacer lo que la ley le permite”, subraya el entrevistado.

Al consultar al representante del Procurador y al diputado Castellanos acerca de su función en las visitas realizadas a las empresas, ambos coinciden que solo acompañan al Ministerio de Trabajo. Dan la impresión que tienen bien claras sus funciones, pero entonces ¿qué hacían intentando ingresar en una empresa el 17 de junio?

Lo que dice la PDH y el congresista

Luis Daniel Reyes señala que parte de las atribuciones de la Procuraduría consiste en proteger el derecho al trabajo, que es “un derecho humano de carácter social”.

“Varios trabajadores de la iniciativa pública y privada ha presentado denuncias por supuestas faltas de medidas de seguridad e higiene, por lo cual es necesario hacer la división. En entidades públicas tenemos facultades de supervisión directa y entidades privadas coordinamos con la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, para la verificación de los hechos denunciados, velando porque el citado Ministerio ejecute su acción tutelar”, comenta.

“Como institución y Defensoría no supervisamos entidades privadas, lo que hacemos es trasladar las denuncias a la Inspección General de Trabajo y corroborar que ellos realicen su función tutelar”, añade.

“En relación a las violaciones de Derechos Humanos en centros privados, es la Inspección General de Trabajo la que califica las infracciones por medio de sus inspectores y prevenciones”, enfatiza.

“Como nosotros trasladamos la denuncia al Ministerio de Trabajo, le damos seguimiento hasta en la ejecución de la acción de la inspección como parte de supervisión”, concluye Reyes.

Mientras tanto, el diputado Castellanos coincide con la respuesta de Reyes.

“La inspección la realiza la Inspectoría General de Trabajo y el acompañamiento lo realizamos junto con la Defensoría de las Personas Trabajadoras con el propósito de comprobar y contratar el buen cumplimiento de protocolos sanitarios y la seguridad ocupacional así como el respeto a los derechos laborales. El acompañamiento se realizan con base en las facultades constitucionales de fiscalización e intermediación política”, comenta.

Al preguntar si él es el único miembro de la Comisión de Trabajo del Congreso que realiza inspecciones en las empresas, responde de manera afirmativa.

“Efectivamente, la Comisión no realiza visitas”.

Si solo realizan un trabajo de acompañamiento, entonces se le consultó ¿por qué acudieron a esa empresa el 17 de junio sin la presencia del delegado del Ministerio de Trabajo? Esta es su respuesta:

“La visita a esa maquila fue excepción porque yo no me enteré antes que no iba la Inspección (General de Trabajo), pero acompañamos a la PDH a dejar unas recomendaciones que llevaba”.

Al consultar a la presidenta de la Comisión de Trabajo, Adela de Torrebiarte, si esa instancia realiza inspecciones en empresas, responde que no.

Señala que el congresista actúa por cuenta propia. Esa Comisión tiene 11 integrantes, incluyendo a la presidenta.